Respuesta a la petición de seguridad para Nicolás Chávez, exigen al gobierno estatal

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El gobierno del estado no ha dado respuesta a la petición que le hizo el 27 de febrero al gobernador Ángel Aguirre Rivero la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCI), para que se brinden medidas de seguridad al dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame.
Vía telefónica, la integrante de la Red, Erika Zamora Pardo, informó que este viernes una comisión vendrá al estado para pedir una respuesta al documento que entregaron al gobierno.
La petición fue como consecuencia de que Chávez Adame denunció amenazas y acciones de intimidación después de que encabezó la urrumpción de damnificados en un almacén del DIF Guerrero, donde se guardaban despensas y ayuda humanitaria anviad aa los afectados de la tormenta tropical Manuel.
En el documento que se entregó a través de la Oficialía de Partes, el 27 de febrero, se aclara que Chávez y otros damnificados acudieron a la bodega sólo para cerciorarse “de la gran cantidad de alimentos que había almacenados en esta zona” y que en el sitio revisaron la fecha de caducidad de los productos y leyendas escritas en muchos de ellos como “prohibida su venta”, “para mis hermanitos”, pero que no extrajeron nada.
El oficio fue firmado por el presidente del organismo y obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, y en él expresó su preocupación por la seguridad de quienes forman parte de la APPG, principalmente de su dirigente Nicolás Chávez Adame por haber ya recibido algunas amenazas telefónicas y una presunta agresión física mediante daños a su vehículo en esta capital.
En el documento, Raúl Vera expresa: “la organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad ha recibido de diferentes activistas sociales del estado de Guerrero, la preocupación por la seguridad física y psicológica del dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, Nicolás Chávez”.
Y agrega: “ante el contexto de criminalización a las y los activistas sociales, las y los defensores de derechos humanos, en el estado de Guerrero y a nivel nacional, responsabilizamos al gobierno del estado de Guerrero, de la seguridad del activista social Nicolás Chávez”.
Zamora Pardo informó ayer que el documento fue entregado en la Oficialía de Partes del Palacio de Gobierno el 27 de febrero pasado, pero que a seis días, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad no ha recibido ninguna respuesta de parte de las autoridades estatales, por eso agregó que este viernes acudirá una comisión del organismo a solicitar la respuesta al documento.
En una conferencia de prensa ofrecida la semana pasada, Chávez Adame, informó que el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, le ofreció medidas cautelares por parte del gobierno estatal, pero dijo que las rechazó porque la seguridad se la ofrecían del gobierno estatal y que sospecha que las amenazas en su contra provienen precisamente del gobierno estatal.