La Policía Comunitaria acepta el ingreso de 48 comunidades de Acapulco

*Votan a favor 119 y 72 lo hacen en contra en la asamblea de la CRAC en San Luis Acatlán

*Discuten el problema de que la mayoría de los comisarios de Cacahuatepec no participan en la propuesta

*Estarán en capacitación tres meses hasta que se dé su integración al organismo indígena, acuerdan

*Deberán sujetarse a los exámenes de confianza los policías rurales, mandata el reglamento del gobierno estatal

*No intervendrán las comunidades en la elección del inspector general ni de los comandantes regionales. que será competencia del gobernador en turno y de la SSP

Aprueba la CRAC la adhesión de las 48 comunidades de Cacahuatepec, Acapulco, que pertenecen al Cecop

*Votan a favor 119 y 72 en contra; discuten el problema de que la mayoría de los comisarios no participan en la propuesta. Estarán en capacitación tres meses hasta que se dé su integración a la Policía Comunitaria, acuerdan. Se quejan opositores a La Parota del hostigamiento del alcalde Luis Walton

Con 119 votos a favor y 72 en contra, la asamblea regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), celebrada en la comunidad de Horcasitas, San Luis Acatlán, aprobó la adhesión de las comunidades de Acapulco que pertenecen al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop).
Ayer, una comisión de 20 integrantes del Cecop estuvo presente en la reunión de la CRAC, donde solicitaron la integración de las 48 comunidades.
Los comisionados hablaron en todo momento “en nombre de Marco Antonio Suástegui”. Uno de ellos dijo antes de la votación que ya están cansados del hostigamiento del alcalde de Acapulco, Luis Walton, y aseguraron que sabían que hay comisarios comprados por el gobierno “y por eso están en contra de nosotros”.
Los representantes solicitaron a la CRAC que permitieran que los 48 pueblos fueran parte de la CRAC “porque somos indígenas también, ya le comprobamos al gobierno que somos comunidad indígena de Cacahuatepec”.
“Conocemos su historia, fuimos a su aniversario, hemos asistido a cuatro microreuniones regionales, sólo pedimos el apoyo para que ustedes nos capaciten y podamos ser parte de la CRAC y trabajar juntos, para defender nuestros derechos indígenas, pues nosotros también podemos organizarnos y basarnos en la ley 701 por usos y costumbres”, detalló uno de los comisionados.
Raúl Hernández, presidente de la mesa de debate dijo que en dos ocasiones se envió una comisión de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán para reunirse con representantes de los bienes comunales de Cacahuatepec y conocer los motivos por los que querían integrarse a la CRAC.
Dijo que existen sólo siete comunidades con comisarios y el resto carece de esta autoridad, ya que en 41 localidades los comisarios reciben 2 mil pesos mensuales del gobierno de Acapulco “para que estén de su lado”, por lo que los pueblos se encuentran divididos.
“Sólo así se compran conciencias, cuando les dan 2 mil pesos mensuales a los comisarios de Cacahuatepec”, agregó uno de los comisionados, quien igual que sus compañeros no quiso proporcionar su nombre cuando tuvo el micrófono.
Un asistente advirtió que el reglamento interno señala que los pueblos pueden ser parte de la CRAC cuando la mayoría es indígena, pero en el caso de los bienes comunales de Cacahuatepec, dijo, la mayoría es mestiza.
Sin embargo, los comisionados de Cacahuatepec insistieron en que ellos hablan náhuatl y que también pueden regirse por la ley 701, a pesar de que la lengua sea escasa en esos pueblos y que la gran mayoría hable español.
Después de las discusiones, el Cecop recibió 119 votos a favor y 72 en contra, con lo que se aprobó el ingreso de las comunidades a la CRAC; luego se eligieron un coordinador, dos comandantes y tres consejeros de cada Casa de Justicia de las cinco que son parte de la CRAC, para que a partir de hoy comiencen la capacitación de los pobladores de los bienes comunales de Cacahuatepec.
Los capacitadores estarán durante una semana en los pueblos aledaños al puerto de Acapulco y los fines de semana los comisionados regresarán a sus respectivas casas de justicia y rotarán al personal para continuar capacitando a los pueblos y así durante tres meses hasta que se reconozca como parte de la CRAC a los 48 pueblos de Cacahuatepec.
Advirtieron que los pueblos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec que pertenecen al Cecop y que tengan comisario, serán los primeros en capacitarse, mientras revisan el reglamento para que el resto pueda obtener los mismos beneficios y en caso de que no se logre buscarán la manera de nombrar a un delegado por comunidad para que tenga una autoridad que los represente. (Alberto Rodríguez Guzmán  / Horcasitas, San Luis Acatlán).

Deberán sujetarse a los exámenes de confianza de la SSP los policías rurales, mandata el reglamento

*No intervendrán las comunidades en la elección del inspector general ni de los comandantes regionales. Será competencia del gobernador en turno y de la dependencia estatal, dice el ordenamiento jurídico

Fernando Hernández

Chilpancingo

El Reglamento de la Policía Rural indica que los efectivos de la nueva corporación que operará en los pueblos serranos de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Eduardo Neri (Zumpango) tendrán que aprobar los exámenes de control de confianza de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Para ser parte de la esta policía los aspirantes tendrán que “aprobar los procesos de control de confianza (exámenes médicos, toxicológicos, polígrafo, psicológico-psicométrico y de entorno socioeconómico)” además de contar con la cartilla militar liberada.
De acuerdo con el reglamento, del que se tiene una copia, entre los requisitos para formar parte de la Policía Rural se indica que los integrantes del cuerpo de seguridad tendrán que ser elegidos por el 75 por ciento de los habitantes de la comunidad en la que habrán de prestar sus servicios y medir por lo menos un metro con 60 centímetros en el caso de los hombres, y 1.50 metros en el caso de las mujeres.
En el artículo primero del reglamento se define a la Policía Rural como un órgano operativo auxiliar de la seguridad pública estatal, “el cual tendrá como objeto mantener la seguridad, tranquilidad y el orden público de los habitantes de las comunidades de los municipios en que funcione y opere de manera subordinada a las autoridades y a las instituciones de la materia, en el ámbito de su competencia”.
Y “tendrá como función fundamental la salvaguarda de la vida, la integridad corporal, la dignidad, propiedad, el orden, la seguridad y los derechos de las personas, así como de sus bienes, en términos de las leyes aplicables y sus usos y costumbres”, se agrega en el artículo cuarto.
La Policía Rural, “desarrollará sus funciones específicamente dentro de la circunscripción territorial de la localidad o municipio para el que hubiese sido constituida previa selección de sus integrantes; pudiendo actuar fuera de ésta sólo en auxilio y con autorización expresa de la Secretaría (de Seguridad Pública) en apoyo de las fuerzas de seguridad pública municipal, estatal o federal”, se lee en el quinto artículo.
En el ordenamiento jurídico se precisa que será facultad del gobernador en turno nombrar y remover al inspector general de la Coordinación General del Cuerpo de Policía Rural quien de acuerdo con el artículo 11 tendrá las atribuciones de “dirigir y coordinar los agrupamientos del Cuerpo de Policía Rural de conformidad con las disposiciones legales aplicables y los lineamientos de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero”, se establece en el Numeral I del artículo, así como “resguardar, preservar, custodiar y entregar los armamentos, equipos y demás implementos que le sean asignados a la Policía Rural para el cumplimiento de sus objetivos”.
En el Numeral VIII se observa que el inspector general de la Policía Rural además tendrá la facultad de “las altas, bajas o cualquier otra incidencia de movimiento del personal; deberá inscribirse en el registro de identificación policial que se mantenga vigente tanto en el órgano de control interno”, de la nueva corporación.
En el reglamento de hace énfasis que la designación de los comandantes regionales así como municipales será una facultad exclusiva de la Secretaría de Seguridad Pública y no de las comunidades.
El documento, que de acuerdo con su primer párrafo, fue firmado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero el pasado 6 de febrero se observa que el espíritu de la Policía Rural será el de la prevención del delito y de sujeción a otras corporaciones de carácter municipal, estatal y federal.
En el reglamento que ha sido ocultado a los medios informativos se observa que las comunidades tendrán una participación mínima o casi nula en la operación de la Policía Rural a excepción de la elección de los integrantes del cuerpo de seguridad que deberá ser electo por el 75 por ciento del pueblo en la celebración de una asamblea.