Reconoce Villar que pagó por armas que no le entregaron; el culpable está detenido

El informe es resultado de la división en la CRAC, señala. En la asamblea del domingo se aprobó que la organización se coordine con la CNPA para impedir una reforma a la Ley 701

El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), aceptó ayer que hacía tratos con Eduardo Lemus Justo, El Guadi, para la compra de armamento, vehículos, cartuchos, uniformes y fornituras para los elementos de la Policía Comunitaria, sin embargo consideró que en ello no hay nada irregular y que no conoce a su presunto cómplice, Iván Soriano Leal.
Entrevistado vía telefónica denunció que las acusaciones en su contra son consecuencia de la división que existe en la CRAC y que el grupo que lo acusa, incluso exigió la revocación de su mandato en la asamblea regional del domingo pasado en la comunidad de Horcasitas, municipio de San Luís Acatlán.
El coordinador informó que esa asamblea aprobó por unanimidad, asimismo, que la CRAC actúe en coordinación con la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) para exigir la solución de conflictos agrarios que dividen a los pueblos, así como para rechazar juntas, una posible reforma a la Ley 701.
Con respecto a la acusación en su contra por fraude cometido en la compra de armamento, vehículos, cartuchos, uniformes y fornituras, dijo que consecuencia de la división que existe en la CRAC, “esos consejeros (los que lo acusan) son parte del grupo que está en mi contra y este detalle lo están aprovechando para que se dé la revocación de mi mandato”, dijo.
Agregó que en la asamblea del domingo no lo lograron, “a pesar de que hicieron un gran escándalo y querían hacer todo un relajo, pero las autoridades no lo permitieron”.
Aseguró que quienes lo acusan “no buscan dónde estuvo el delito y cómo se va a resolver, buscan la revocación de mi mandato equivocadamente”. Dijo que, incluso, los cuatro detenidos por el asunto fueron por policías comunitarios de su mismo grupo, “y hasta ahorita ellos no han detenido a nadie, sólo se están encargando de grillar”.
–¿Pidieron en la asamblea del domingo la revocación de su mandato?
–Exigieron la revocación de mi mandato, pero las autoridades no lo aprobaron.
–¿Usted reconoce haber entregado el dinero que ellos dicen a estas personas?
–No, yo lo entregue a un tal Eduardo Lemus Justo, él es el responsable de recibir el dinero y de entregarnos las armas. Pero ellos dicen que yo tuve tratos con un delincuente que está detenido en el Cereso de San Luis Acatlán (Iván Soriano Leal) pero yo no lo conozco, el compromiso lo hice directamente con el ex comisario de la Barra de Tecoanapa, Eduardo Lemus Justo.
–¿Y qué pasó, por qué no le entregaron las armas y los vehículos?
–Porque fue todo un fraude, ellos sabían que era una extorsión solamente, al no cumplir yo tuve que girar órdenes de detención y están detenidos.
–¿Usted sabía que estos vehículos y armas venían de la delincuencia?
–No, de hecho todo el tiempo me estuvo haciendo creer que su cuñado era un teniente y que era guarua del presidente Enrique Peña Nieto. Pero en ningún momento nos dijo que venía de la delincuencia, claro, que eran armas decomisadas pero por el propio gobierno federal.
–¿El dinero que les dio, es del que les entrega el gobierno del estado mensualmente?.
–Así es, es parte de ese dinero.
–¿Ellos dicen que es el que le correspondía a la Casa de Justicia de El Paraíso, es verdad?.
–Si, pero no se les entregó a ellos porque en esos meses que nosotros entregamos ese dinero (para las armas) la Casa de Justicia de El Paraíso estaba desconocida, entonces no se le dio ese apoyo y en ese inter fue que nos hicieron ese ofrecimiento y por eso fue que se dio ese recurso.
–¿Qué va a pasar ahora con ese dinero que entregaron sin recibir a cambio las armas y los vehículos?.
–Ya se tiene a los responsables encarcelados, lo que corresponde es que ellos devuelvan el dinero.
En cuanto al acuerdo aprobado en la asamblea del domingo para coordinar acciones entre la CRAC y la CNPA, no se trata de que una organización se incorpore a la otra o viceversa, sino coordinarse para exigir la solución de conflictos agrarios.
“Hay muchas comunidades que tienen muchísimo tiempo con conflictos agrarios y el gobierno federal no les da solución a pesar de que ha habido enfrentamientos armados, entonces con esta organización que es nacional y a eso se encarga de buscarle solución a los conflictos agrarios, nos vamos a coordinar con ella para que nos resuelvan los problemas”, explicó.
También agregó que se coordinarán para impedir que haya una reforma a la Ley 701 de reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, “sabemos que hay intención del Congreso local de revocar nuestra Ley y no lo vamos a permitir, tenemos que hacer una fuerte movilización para que respeten nuestra ley”, advirtió y agregó con en estas acciones también se coordinarán con la CNPA.
Explicó que formalmente no les han notificado que se promoverán estas reformas “pero extraoficialmente sabemos que existe esa intención y por eso nos estamos preparando para impedirlo”, advirtió. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).