Acusan a coordinadores de la CRAC de fraude en compra de armas y nexos con la delincuencia

En la asamblea del domingo una comisión de la misma organización indígena presentó un informe que revela que los dirigentes de San Luis Acatlán desviaron 740 mil pesos. Piden la revocación de mandato de Eliseo Villar, Adelaida Hernández y Tiburcio Lorenzo y la destitución de la secretaria Adriana Domínguez, pero la mesa de debates no sometió el punto a votación

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Una comisión de autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), investigó y comprobó un fraude por más de 700 mil pesos cometido por los coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, Adelaida Hernández Nava y Tiburcio Lorenzo Regino, así como la secretaria, Beatriz Adriana Domínguez Rivera, en la compra de 374 armas, 12 camionetas y un Jetta, cartuchos, uniformes y fornituras.
En las pesquisas encontraron datos que llevan también a presumir que existe una red de complicidades de estos coordinadores con la delincuencia, pues las armas y vehículos que serían adquiridos para la CRAC supuestamente son de los decomisados por el Ejército, pero, según el informe de la comisión, provendrían de la delincuencia pero nunca fueron entregados.
El informe de la Comisión integrada por Gelacio Barrera Quintero, Ignacio Navarro Moso, Valentín Hernández Chapa, Ramiro Navarrete Cortés, Felícitos Clemente Quintero, Román Cruz Quintero y Francisco Félix García, revela que los coordinadores y la secretaria de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán entregaron el dinero al presunto delincuente Eduardo Lemus Justo, El Guadi, quien ya fue detenido por la Policía Comunitaria. Éste, a su vez dijo que entregó el dinero a Iván Soriano Leal, un presunto extorsionador que se decía teniente del Ejército mexicano y guardaespaldas del presidente Enrique Peña Nieto.
Iván  Soriano también fue detenido pero éste por la Policía Ministerial y está preso en el Centro de Reinserción Social de San Luis Acatlán.
Fuentes de la CRAC revelaron que el dinero desviado es parte de la partida mensual de un millón de pesos que envía el gobierno del estado y que debió ser entregado a la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, a donde nunca llegó.
Este informe fue presentado en la asamblea regional de la CRAC que se realizó el domingo pasado en la comunidad de Horcasitas, municipio de San Luis Acatlán, en donde un grupo de autoridades exigió la revocación de mandato de Villar Castillo, Adelaida Hernández Nava y Tiburcio Lorenzo Regino y la destitución de la secretaria, Adriana Domínguez Rivera, sin embargo los integrantes de la mesa de debates que en su mayoría eran afines a Villar Castillo no sometieron a votación la petición.
El informe menciona que en mayo del año pasado los coordinadores Eliseo, Adelaida, Tiburcio y Raúl Hernández Cabrera  (quien renunció por presiones de la delincuencia en junio del año pasado), “iniciaron un negocio” en la compra de 374 armas, algunas de ellas AR-15 y M-1, a pesar de que no están permitidas por la ley,  así como12 camionetas y un Jetta.
Según el documento, el trato lo inició Villar Castillo con Eduardo Lemus Justo, quien fue comisario municipal de la Barra de Tecoanapa, municipio de Marquelia, en el mismo periodo que Villar Castillo fue de Capulín Chocolate del mismo municipio.
Se menciona que Villar Castillo convenció al resto de coordinadores de la CRAC para la compra de armas y vehículos diciéndoles que aprovecharía su amistad con Eduardo Lemus, El Guadi, quien a su vez era amigo Iván Soriano Leal, teniente del Ejército y guardaespaldas del presidente Peña Nieto.
Pero de acuerdo con las investigaciones de la comisión, Villar Castillo, Adelaida Hernández, Tiburcio Lorenzo y la secretaria Adriana Domínguez sabían que las armas y los vehículos serían robados porque el mismo Eduardo Lemus les confesó que los 740 mil pesos (Eliseo dijo que 460)  que recibió y que entregó a Iván Soriano, sólo eran para borrar las matrículas de las armas, así como para pintar las camionetas y colocarles llantas nuevas.
La transacción irregular que realizaba Eliseo y su equipo, fue descubierta por el comandante regional Vicente González Lázaro y lo informó al coordinador Abad García García, quien sustituyó a Raúl Hernández Cabrera, cuando éste renunció por presiones de la delincuencia.
El informe agrega que el coordinador Abad García convocó a una primera reunión de consejeros de la CRAC para tratar el tema a principios de febrero, a partir de cuando ha habido otras dos reuniones en las que hubo el acuerdo de mantener el caso y resolverlo en secreto, pero que fue el propio Villar Castillo quien comenzó a hacer declaraciones a los medios de comunicación de la región en las que aceptó que entregó el dinero a Eduardo Lemus Justo, a quien acusó de incumplir con la entrega de armas y vehículos por lo que la Policía Comunitaria lo detuvo, igual que a sus cómplices, su hermana Esperanza Lemus Justo, Uri Velázquez Pacheco y Antonia Cantú Felipe, los días 20, 21 y 22 de febrero.
El informe de la comisión expresa que las declaraciones de los tres coinciden en que le enviaron el dinero a Iván Soriano Leal quien está preso en el Cereso de San Luis Acatlán por el delito de extorsión, y a quien el Guadi lo hizo pasar como su cuñado, teniente del Ejército y guarura de Peña Nieto.
En su análisis final, la citada comisión concluye que los tratos de Villar Castillo y su equipo con los presuntos delincuentes, Eduardo Lemus Justo, El Guadi  e Iván Soriano Leal, comenzaron en mayo del 2013, para la dotación a la CRAC de 374 armas, entre éstas armas largas AR-15, M-1 y 78 pistolas 9 milímetros, que no son permitidas por la ley; 3 mil 275 cajas de cartuchos, 375 uniformes completos con botas, 12 camionetas y un automóvil Jetta, así como 385 fornituras.
El informe reveló que el dinero (740 mil pesos) fue entregado en diferentes cantidades y en depósitos a través del Banco Azteca a Soriano Leal o de manera directa a Esperanza Lemus Justo. El documento dice que a pesar de que en sus declaraciones los coordinadores mencionan que hubo recibos y fichas de depósito o comprobantes de los recursos entregados,  no presentaron ninguno de ellos “y no hay la certeza de cuánto se entregó por concepto de los materiales solicitados”.
En cuanto a los detenidos, Eduardo Lemus asume su responsabilidad de que él puso en contacto a su supuesto cuñado para amarrar el trato y recibir el dinero de la CRAC.
Esperanza Lemus admitió que llevaba el dinero a Iván Soriano o a las personas que su hermano el Guadi le indicara “como a un tal Víctor” en Acapulco.
En cuanto a Uri Álvarez Pacheco, su participación consistió en llevarle dinero a Iván Soriano Leal mismo que le era entregado por Guadi.
Antonia Cantú Felipe reconoció por su parte, que recibió dinero de Guadi, y se lo entregó a Iván Soriano, por órdenes de su esposo García Raymundo, quien está preso y es amigo de Iván Soriano y Eliseo Villar Castillo.
En cuanto a Beatriz Adriana Rivera, la secretaria de la CRAC, fue acusada de cómplice puesto que la comisión encontró que  fue a amenazar al Guadi en su lugar de reclusión para que no declarara la verdad a los integrantes de la comisión que investigaban el caso.
Fuentes de la CRAC informaron que el dinero defraudado es parte de la partida mensual que envía el gobierno del estado para las actividades de la institución y que este recurso es el que no se envió a la Casa de Justicia de El Paraíso por el coordinador Eliseo Villar.
Asimismo, informaron que el ahora ex coordinador Raúl de Jesús Cabrera fue amenazado por este mismo grupo de presuntos delincuentes que hacían tratos con Villar Castillo “para obligarlo a que se hiciera a un lado”, como finalmente ocurrió al renunciar a la coordinación en junio del año pasado.