Acusan cooperativistas que Profepa elevó las multas para no otorgar concesiones

Karla Galarce Sosa

El presidente de la Unión de Sociedades Cooperativas de Deportes Acuáticos, Arturo Pantoja Guatemala, denunció que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) elevó las multas contra los ocupantes de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) con montos que alcanzan los 26 mil pesos, por lo que acudirán a un tribunal para que dichas multas se suspendan.
En conferencia de prensa, el líder de los prestadores de servicios turísticos acusó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) entregó a la Profepa una “lista negra” de ocupantes de la franja de arena que carecen de títulos de concesión y señaló que las multas se han duplicado en un lapso de un año.
Abundó que en la agrupación que encabeza, la Profepa multó a siete cooperativas, lo que consideró un hostigamiento para que los cooperativistas desistan de adquirir la titularidad de las concesiones que han buscado desde hace más de 30 años en la Semarnat.
Pantoja Guatemala expuso que los proyectos que anunció el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, incluido el Maribús, no toman en cuenta a los pequeños prestadores de servicios, cooperativistas y no se les informa en qué consistirá dicho proyecto.
“El gobernador dijo que el Maribús iba a comenzar a operar en marzo, pero a nosotros, no nos han informado cómo va a operar, quiénes lo operarán ni quiénes están detrás de ese proyecto, si se trata de una participación de la iniciativa privada o del gobierno, lo que ha ocasionado que unamos criterios y defendamos nuestros intereses”, expresó el líder.
Indicó que la Profepa en el último semestre ha aplicado multas de hasta 26 mil pesos, cantidad que consideró excesiva, puesto que a las grandes empresas u hoteles les cobran esas cantidades.
“Vamos a ver qué acciones vamos a tomar como grupo para defender nuestros intereses, porque el gobierno del estado le está abonando para tener la incertidumbre, lo que nosotros pedimos es que lo proyectos sean incluyentes”, pidió Arturo Pantoja.
Hizo un exhorto al gobierno estatal para que los incluyan en las nuevas propuestas.
Las multas que impuso la Profepa fueron por carecer de título de concesión; sin embargo aclaró que son ocupantes de diversos tramos de la franja de arena en la bahía de Santa Lucía desde hace más de 30 años.
“Los argumentos que nos da la Semarnat cuando solicitamos los títulos de concesión, cuando los solicitamos, es que ponemos en riesgo el proceso de desove de la tortuga golfina, eso es una respuesta que da risa”, se quejó.
Mencionó la prontitud con que las autoridades federales responden a la solicitud de concesiones a empresas trasnacionales, como fue el caso de Jar Estate, empresa que cuenta con una concesión en playa Icacos, donde se pretende construir un muelle que será operado por Performance Boats.
“No hay igualdad en la respuesta a las solicitudes, pero aquí se les da prioridad a los grandes monopolios, eso nos queda claro”, señaló.
Destacó que existe un vacío de las autoridades en los tres niveles de gobierno porque nadie se atreve a ordenar el comercio y las actividades en la franja de arena.
Consideró que el comercio informal no se va a erradicar nunca porque hay generaciones de familias que se han dedicado a las actividades comerciales en la playa.
“Lo que pedimos es que se ordenen las actividades para que se controlen, que no sea un área sin ley, lamentablemente este gobierno no ha querido entrarle”, lamentó.
Agregó que “Semarnat envía una lista de quienes no tenemos concesión a Profepa para que esa dependencia haga su trabajo, y si la Profepa no aplica la ley, habrían sanciones para ellos; el problema es la Semarnat porque nos niegan las concesiones y nosotros creemos que es por falta de voluntad de los gobiernos”.
Las cooperativas sancionadas son Playuela, Papagayo, Perla del Mar, Piedra Redonda, El Morro, Condesa del Mar y Guerreros de la Bahía con multas de 3 mil 100 pesos, 13 mil 580 pesos, 9 mil, 3 mil, 23 mil, y tres mil pesos respectivamente.
Al final dijo que las multas que se aplicaron el año pasado no rebasaron los 3 mil pesos.