Ahora sí “vamos a tomar medidas muy drásticas y definitivas” en la AGE, dice otra vez Farías

*Según el legislador perredista el Congreso investiga las acusaciones del auditor Cuauhtémoc Tavárez contra Arturo Latabán

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Comisión Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado, el diputado Germán Farías Silvestre, informó que se investigan las acusaciones que realizó el auditor especial del sector Ayuntamientos, Cuauhtémoc Tavárez Juárez, contra el titular del órgano fiscalizador, Arturo Latabán López, a quien acusó de querer desestabilizar al estado desde su puesto.
El diputado perredista amagó nuevamente con que el Poder Legislativo sancionará “severamente” a los servidores públicos de la AGE que no han cumplido su trabajo.
Comentó que están investigando los actos de corrupción que denunció el auditor especial de Ayuntamientos y que le pedirán que presente las pruebas que tiene para afirmar que Latabán López pretende “desestabilizar al estado”.
“El Congreso no seguirá esperando a que actúen de manera responsable porque ni siquiera quieren hacerlo”, advirtió Farías Silvestre, después de que en noviembre pasado los diputados de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la AGE llamaron a comparecer a los tres auditores especiales y al auditor general para conocer los motivos de las diferencias al interior de la AGE, que impedían el trabajo del órgano fiscalizador.
En esas reuniones se habló de las facultades de cada uno, así como de la subordinación de los auditores especiales a Latabán López, y se enteró a los diputados de la negativa de Tavárez Juárez para auditar a los municipios, argumentando vacíos legales, e incluso negó información a la Comisión de Vigilancia y Evaluación.
El auditor del Sector Ayuntamientos argumentaba también que el ejercicio fiscal 2012 fue seccionado en dos, porque la primera mitad lo ejerció el gobierno saliente y la segunda los actuales alcaldes, por eso apenas en marzo iniciaron las entregas de los informes de resultados de la fiscalización que debieron entregar desde la segunda quincena de septiembre.
Los diputados recordaron a cada auditor (especiales y general) cueles eran sus funciones y responsabilidades como servidores públicos, pero después de que se dieron a conocer los informes de resultados de municipios como Acapulco, con observaciones por más de 700 millones de pesos,  y Chilpancingo por más de 100, el auditor del sector Ayuntamientos afirmó que no realizó las auditorías y que Latabán López utiliza la información del órgano fiscalizador para desestabilizar al estado por la proximidad del proceso electoral.
El diputado perredista afirmó que esta vez “vamos a tomar medidas muy drásticas y definitivas”, porque los problemas al interior de la AGE están afectando el trabajo del órgano fiscalizador, “no hay nada de institucionalidad ni coordinación”, además de que están exhibiendo y paralizando el trabajo del Poder Legislativo.
“Las pláticas y las llamadas de atención no dieron resultados, definitivamente esta comisión tiene que actuar y llevar al pleno nuestra decisión”, amagó nuevamente.
Las sanciones que podría aplicar el Congreso son amonestaciones, apercibimientos públicos o privados, suspensiones temporales, multas o la destitución.
El diputado perredista confirmó que el motivo es que Tavárez Juárez no se pudo coordinar con los tres directores que a propuesta de Latabán López fueron designados por la Comisión de Vigilancia y Evaluación.
Pero ya hay otros tres cambios de direcciones, ahora en la auditoría especial de Organismos Públicos Descentralizados que está revisando la comisión también a propuesta del auditor general.
Dijo que no es posible una intención política para desestabilizar al estado por parte del auditor especial.
Farías Silvestre reconoció que hay molestia de los ex alcaldes porque la AGE no respetó los tiempos que marca la ley 1028 de fiscalización superior del estado, que establece un plazo para que los entes fiscalizables observados puedan justificar en qué utilizaron el dinero.
El artículo 27 de dicha ley establece que “las observaciones que se generen durante el proceso de fiscalización, se darán a conocer a las entidades fiscalizables a través del pliego preventivo, para que sean atendidas durante el mismo proceso y hasta antes de concluir el informe anual de resultados”.
Y continúa: “en cualquier caso, se procurará agotar las acciones de fiscalización que sean necesarias para que se atiendan o corrijan las irregularidades detectadas o los defectos de la información sobre el uso de los recursos públicos”, esto antes de enviar al Congreso local los informes de resultados de la fiscalización.
En ese sentido el diputado perredista dijo que los afectados “están en su derecho de buscar cauces legales, en caso de que no se les respetaron los términos”, pero deslindó de esa responsabilidad de la comisión de diputados.
Porque aclaró que en el oficio que la AGE les envió en diciembre, en el que les anunciaron que a finales de febrero les entregarían los primeros informes de resultados, contemplaba ya los 15 días que los entes observados tienen para corregir supuestas irregularidades.