Decomisa la Policía Comunitaria de Tixtla 4 camionetas oficiales en protesta por los presos; las usará en patrullajes

Decomisa la CRAC de Tixtla 4 camionetas oficiales en protesta por los presos; las usará en patrullajes

*Pide que las autoridades liberen a Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Bernardino García y Arturo Campos. Los vehículos son del DIF, la Cdi, la Sedeco y del programa Oportunidades, informa Rosario Cano. Se utilizaban con fines particulares, acusa

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Por acuerdo de asamblea, la Policía Comunitaria de Tixtla decomisó cuatro camionetas de diferentes dependencias a manera de protesta ante el encarcelamiento de sus compañeros en  prisiones dentro y fuera de Guerrero; serán utilizadas en sus recorridos por la cabecera municipal y en los pueblos aledaños.
La representante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Rosario Cano Ibarra confirmó que esta acción es parte de una campaña por la libertad de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, el promotor Gonzalo Molina Gonzalez, el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco y el asesor Arturo Campos Herrera, entre otros.
Aseguró que los vehículos institucionales se usaban con fines particulares y fueron puestos bajo el resguardo de la institución comunitaria que los utilizará para dar servicio a las comunidades.
Informó que el domingo decomisaron una camioneta Pick up del DIF en el entronque  de la carretera de cuota Tixtla-Tierras Prietas, y el lunes muy temprano, otra de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), otra de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y una más del programa Oportunidades.
A dos días de la toma de los vehículos no había ninguna intervención policiaca para recuperarlos, agregó.
Subrayó que a cada persona que se le decomisaron los vehículos se les entregó un acta firmada por los consejeros para que ellos la entreguen a sus superiores, porque observaron que eran usadas con fines personales y no en los objetivos de los programas para los que están destinada, “esperamos que de alguna forma entiendan que fue una acción de protesta y destinada a brindar seguridad a las comunidades”.
Reiteró que la Policía Comunitaria en Tixtla, a pesar de la agresión que sufieron de policías municipales que les dispararon el mes pasado, continúan con sus acciones de seguridad, hacen recorridos y retenes informativos.
Informó que la institución comunitaria se sostiene de las cooperaciones de los vecinos y boteos en carreteras, así compran alimentos y gasolina, pero ese dinero es insuficiente para comprar una camioneta.
Agregó que siguen sus detenciones, particularmente de jóvenes que luego de unas horas entregan a los padres de familia con el compromiso de que envíen a sus hijos integrarse al proceso de reeducación.
Por otro lado informó que se mantiene el acoso militar en los alrededores del barrio de El Fortín la  semana pasada y este lunes y policías federales estuvieron preguntando por sus compañeros también la semana pasada, cuando lo denunció la esposa de Molina Gonzalez.

Desconoce una comisión de la CRAC a Eliseo Villar y a otros dos coordinadores de San Luis Acatlán

*Sólo se considera como autoridad regional” a Abad García García y a los comandantes regionales Vicente González y Pedro Valdez, dicen en un boletín. Insisten en su acusación de que tienen vínculos con la delincuencia, que les da protección y retuvo a la autodefensa cuando intentó tomar las instalaciones

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Eliseo Villar Castillo, Adelaida Hernández Nava y Tiburcio Lorenzo Regino fueron desconocidos como autoridades de la agrupación indígena por otro grupo de autoridades de esa institución, acusados de desvíos de recursos y de vínculos con la delincuencia organizada.
Desde el lunes pasado los miembros de la comisión especial que investigó a los tres coordinadores informa a comisarios municipales, autoridades agrarias de los pueblos, representantes de organizaciones sociales y a las dependencias gubernamentales, “que ya no deben ser considerados como autoridades de la CRAC”, informaron ayer mediante un comunicado.
Los integrantes de la comisión, Gelasio Navarro Quintero, Ignacio Navarro Mosso, Luis Valdez Mosso, Felícitos Clemente Quintero, Ramiro Navarrete Cortés, Román Cruz Quintero, Valentín Hernández Chapa y Francisco Félix García informaron que en los próximos días las autoridades de la CRAC convocarán a una nueva asamblea regional “en la que se tomarán las medidas correspondientes”.
Por lo pronto, “sólo se considera como autoridad regional” de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán al coordinador Abad García García y a los comandantes regionales Vicente González Lauro y Pedro Valdez Mosso. Abad García, junto con Eliseo Villar, Adelaida Hernández y Tiburcio Lorenzo son los cuatro coordinadores que conforman esa Casa de Justicia.
En el comunicado, los integrantes de dicha comisión denuncian que en la asamblea regional del domingo pasado en Horcasitas, municipio de San Luis Acatlán, la gente de Eliseo Villar “manipuló y no se logró hacer efectivo el proceso de su revocación de mandato”.
Sin embargo, aseguran que “hay consenso entre consejeros y comisarios para desconocer su carácter de autoridades, por lo que se está informando a los comisarios municipales, autoridades agrarias de los pueblos, a los representantes de organizaciones sociales y a las mismas dependencias gubernamentales que esos compañeros ya no deben ser considerados como autoridades”.
El proceso de desconocimiento de esos tres de cuatro coordinadores comenzó luego de que los miembros de esta comisión los encontraron culpables del presunto desvío de recursos de la CRAC por 740 mil pesos en la compra de armamento, vehículos, cartuchos, uniformes y fornituras para la Policía Comunitaria, así como de vínculos con la delincuencia, pues resultó que con quienes hacían el trato para la compra del equipo son presuntos delincuentes que no entregaron lo acordado a Villar Castillo, Adelaida Hernández y Tiburcio Lorenzo.
Pero además, los integrantes de dicha comisión informaron que en una reunión el 29 de enero pasado en la escuela de agricultura de San Luis Acatlán, en la que se trató por primera vez el caso del fraude en la compra de armas y vehículos, “afloraron problemas graves en materia de seguridad”.
Aseguran que frente a los cuatro coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, comandantes regionales, consejeros y miembros de las comisiones de salud, comunicación y desarrollo denunciaron “la mala relación de trabajo entre los coordinadores y comandantes regionales, así como una difícil coordinación entre ellos”.
Los comandantes regionales acusaron por su parte que existe “usurpación de sus tareas por parte del coordinador Eliseo Villar Castillo y de algunos miembros del grupo de guardia permanente”.
En esa reunión los miembros de la CRAC también denunciaron que existe discriminación de los mestizos del grupo de guardia permanente en contra de los comandantes regionales y miembros de la guardia permanente que son indígenas.
“En esta reunión se planteó por primera vez la inconformidad de los comandantes regionales Vicente González Lauro y Pedro Valdez Mosso, así como del coordinador regional Abad García García, por el trato hecho por el coordinador Eliseo Villar Castillo con la anuencia de los coordinadores Adelaida Hernández Nava y Tiburcio Lorenzo Regino, para entregarle dinero de la CRAC a un tal wady  (Eduardo Lemus Justo), y a un supuesto cuñado de éste (Iván Soriano Leal), que según era teniente del Ejército, con la promesa de que iba a entregar armas AR-15, cartuchos, chalecos y vehículos”, dice el escrito.
Los miembros de la comisión también aseguran que la relación que se entabló entre “este delincuente, Iván Soriano Leal” con Eliseo Villar  y Adelaida Hernández, “fue más allá del compromiso de la compra de armas, ya que de sus propias declaraciones de estos compañeros, aceptan haber recibido protección de Iván Soriano, ante supuestas amenazas que les estaban haciendo, e incluso, haber recibido ayuda para retener a gente de la autodefensa cuando venían a apoyar la toma de la Casa de Justicia en el mes de septiembre”.
También revelan que Eliseo Villar recibió apoyo de este grupo delincuencial encabezado por Iván Soriano cuando fue detenido en Iguala por policías municipales el 9 de agosto del 2013.
Ademán aclaran que las amenazas hechas en contra del ex coordinador  Raúl de Jesús Cabrera que lo obligaron a renunciar a su cargo “son derivadas de este mismo trato ilícito y fueron hechas por el propio Iván Soriano Leal y Eliseo Villar, Adelaida Hernández y Tiburcio Lorenzo sabían de las mismas y no intervinieron ante ninguna instancia de la CRAC para denunciarlas”.