Clama Almonte inocencia y pide al Congreso desechar el juicio político por Ayotzinapa

El ex secretario de Seguridad Pública del estado, Ramón Almonte Borja, señalado como una de las autoridades responsables del desalojo de alumnos de la normal de Ayotzinapa donde murieron dos estudiantes normalistas el 12 de diciembre de 2011, solicitó a los diputados integrantes de la Comisión Instructora del Congreso local que declaren que no procede la acusación en su contra.
En un escrito entregado a la Comisión Instructora del Congreso local, insistió también en que se declare caducado el procedimiento de juicio político y el sobreseimiento del mismo.
El 12 de diciembre de 2011 fueron asesinados por fuerzas policiales los estudiantes normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús mientras realizaban una protesta en la Autopista del Sol. En la operación policial para reprimir a los estudiantes participaron la Policía Federal y la policía estatal.
Como consecuencia del asesinato la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una investigación por violaciones graves a los derechos humanos y en su conclusión recomendó abrir un juicio político contra el ex procurador Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte.
El argumento que expone el ex secretario de Seguridad Pública es que “no existe denuncia penal o querella en mi contra, en atención a que no soy responsable ni por acción ni por omisión en los lamentables hechos ocurridos el día 12 de diciembre del 2011 y días posteriores”.
En el escrito de cuatro páginas con copia en poder de El Sur, se lee: “sebe de advertirse que dentro del cuerpo del Oficio: CNDH/DGAJ/2654/2012, de fecha 18 de septiembre de 2012, signado por los apoderados legales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no existe ninguna acusación directa en contra del suscrito en la que se me impute una acción o una omisión en la que se objetive alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 7, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, ni mucho menos se acompaña prueba alguna en la que se acredite la existencia de alguna acción o alguna omisión en la que se objetive alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 7, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Guerrero”.
El documento fue entregado el pasado martes a la Comisión Instructora como parte de los alegatos que en su defensa ha presentado Almonte Borja. (Daniel Velázquez).