Exige el Tadeco al gobierno del estado la aplicación de la Ley General de Víctimas por un desaparecido

*No se sabe de Jorge Gabriel Cerón Silva desde hace siete años

A siete años de la desaparición de Jorge Gabriel Cerón Silva, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero reprocharon al gobierno del estado que no se sepa en dónde está.
También reclamaron la falta de solidaridad de los organismos de derechos humanos y la falta de aplicación, en este caso, de la Ley General de Víctimas.
Los dos organismos expresaron su preocupación ayer mediante un comunicado, “porque hoy se cumplen siete años desde que el compañero fue desaparecido en la ciudad de Chilpancingo y no hay una investigación seria que nos permita ubicar su paradero y conocer la verdad de este delito de lesa humanidad”.
Cerón Silva fue levantado por hombres armados a las 9 de la noche del 13 de marzo del 2007 en la calle Abasolo, cerca de lo que antes era el hospital Raymundo Abarca Alarcón, cuando caminaba acompañado del ex agente de la Policía Ministerial, Francisco Cortés Pastenes, quien en ese entonces era testigo protegido de la ya desaparecida Subprocuraduría de Investigación Especializada en  Delincuencia Organizada (SIEDO).
El Tadeco y el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, han aclarado que Cerón Silva solamente tenía una relación laboral con Cortés Pastenes, pues estaba fraccionando un predio para vivienda de interés social y el arquitecto Cerón Silva le elaboraba los planos arquitectónicos.
En su comunicado de ayer, las dos organizaciones expresaron que por eso, “seguimos sosteniendo que es una desaparición forzada porque la aquiescencia del Estado es probada con la presencia de personal de la entonces denominada SIEDO que brindaba protección a un testigo protegido, a quien nuestro compañero estaba entregando un proyecto arquitectónico cuando ambos fueron detenidos-desaparecidos”, dicen en un comunicado.
Agregan que a pesar de que el gobierno guerrerense se niegue a aceptar esta aquiescencia y complicidad, los protocolos, tratados internacionales, la Ley Estatal de Desaparición Forzada en Guerrero y ahora la Ley de Víctimas, “nos da el respaldo jurídico y la certeza de nuestro dicho”.
Reprochan “la falta de solidaridad y compromiso con nuestra lucha por parte de organismos de derechos humanos en Guerrero”.
Manifiestan que la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas, “nos hace pensar que su eje rector no es precisamente la justicia y la verdad sino la aparente reparación del daño”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).