Que no intervenga el gobierno en el caso del fraude en la compra de armas contra la CRAC, piden consejeros

Si quiere, que esclarezca la relación de Eliseo Villar con el presunto delincuente Iván Leal, plantea Aburto Espinobarros. La intervención gubernamental podría ser para deslindarlo de su responsabilidad en este delito y de su relación con la delincuencia organizada, dicen. Que respete la autonomía del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitario, exige Pablo Guzmán

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los consejeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán Hernández y Sabás Aburto Espinobarros pidieron al gobierno estatal que no intervenga en el caso del fraude cometido en contra de la institución mediante la compra de armas y vehículos, porque informaron que ya existe una comisión que realizará las investigaciones y lo resolverá de manera interna.
Sin embargo Aburto Espinobarros declaró que si el gobierno estatal quiere investigar que sea solamente la relación que existe entre el coordinador Eliseo Villar Castillo y el presunto delincuente Iván Leal Soriano, con quien convino la compra de armamento, vehículos, uniformes y equipo para la Policía Comunitaria, porque este no pertenece a la CRAC y está detenido en la cárcel de San Luis Acatlán, por lo que escapa al área de acción del Sistema de Justicia Comunitario.
El jueves, el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo informó al salir de una reunión con el comandante de la Novena Región Militar, Javier Cordero Luqueño y el procurador del estado, Iñaky Blanco Cabrera, que acordaron investigar la compra de armas para la Policía Comunitaria a un supuesto escolta del presidente Enrique Peña Nieto y teniente del Ejército.
Mientras tanto el gobierno del estado, mediante un boletín que envió ese día informó que que la? Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) realizará las investigaciones correspondientes para acreditar dicho tipo penal, y poner a disposición ante la autoridad jurisdiccional, conforme a derecho, a quienes resulten responsables, asimismo, los agraviados aportarán todos los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos y se deslinden responsabilidades.
Consultado ayer al respecto, el ex coordinador y consejero de la CRAC, Pablo Guzmán dijo que ese es un proceso interno de la CRAC, y que ya se está llevando a cabo una investigación.
“Una comisión especial que se conformó el domingo 23 de febrero, ya se encarga de la investigación que está en curso, ya dio los primeros resultados, y si el gobierno del estado quiere contribuir en este proceso de investigación sería quitándole una serie de privilegios al que está detenido en el penal de San Luis Acatlán, Iván Soriano Leal”, dijo.
También demandó que le tomen su declaración y que se pueda continuar con la investigación, pero insistió que el proceso de investigación en el caso de Eliseo Villar Castillo se realiza internamente.
En ese sentido el ex coordinador demandó que el gobierno estatal respete la autonomía del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitario de la CRAC, e informó que este sábado consejeros y comisarios municipales darán una conferencia de prensa en esta capital para abundar más en cuanto a la postura de la institución.
Por su parte el consejero Aburto Espinobarros, igualmente demandó al gobierno del estado que deje que el asunto se resuelva internamente en la CRAC, puesto que se trata de una institución comunitaria autónoma y que trabaja bajo sus propio reglamento.
Reconoció que la situación que vive la CRAC es compleja y que con la intervención del gobierno se hará mucho más.
En todo caso dijo que si el gobierno del estado quiere investigar que sea sólo la relación que existe entre Eliseo Villar y el presunto delincuente Iván Soriano  a quien no puede interrogar la CRAC porque se encuentra preso.
Agregó que pudiera ser que por la relación que existe entre Villar Castillo y el gobierno del estado, la intervención gubernamental sea para deslindarlo de su responsabilidad en este delito y de su relación con la delincuencia organizada.
El consejero alertó que si se trata de un plan premeditado pudiera afectar más a esta organización, por lo que insistió en que el gobierno deje que el asunto se investigue y se resuelva internamente.
El conflicto inicio cuando se descubrió que el coordinador Villar Castillo trató con Eduardo Lemus Justo, El Wadi (no Guadi como se informó en un principio) la compra de armamento, vehículos, uniformes, cartuchos y equipo para la Policía Comunitaria a quien le entregó 740 mil pesos.
Sin embargo las armas los vehículos y el equipo nunca fue entregado y El Wadi, reveló que el dinero se lo entregó a quien dijo que era su cuñado, Iván Soriano Leal, quien a su vez dijo que era teniente retirado del Ejército y agente de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo Villar Castillo ha asegurado que no lo conoce y que él hizo trato con Eduardo Lemus Leal.