Busca la ley de amnistía del MPG liberar a 50 presos por participar en movimientos sociales

Jacob Morales Antonio

Chilpancingo

El Movimiento Popular Guerrerense (MPG) dio a conocer el proyecto de ley de la amnistía que entregó al gobierno estatal el mes pasado, para buscar la libertad de líderes sociales y defensores de derechos humanos que por motivo de su participación en movimientos sociales y protestas fueron encarcelados.
En conferencia de prensa en las instalaciones de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), el coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Bertoldo Martínez Cruz, señaló que se necesita de voluntad política del estado y la federación para sacar adelante la ley.
“Justamente estamos trabajando en esa parte, ya que si en el estado es complicado lograr una ley de amnistía,? en la federación es casi imposible, pero por ello se está buscando que haya disponibilidad política en los dos órdenes de gobierno”, expresó.
También dijo que deben generarse condiciones para que esta amnistía beneficie a luchadores sociales y no se convierta en una herramienta que utilice el gobierno para liberar a delincuentes.
Reiteró que la ley pretende liberar a alrededor de 50 presos políticos, 16 de ellos que pertenecen a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), acusados por delitos graves, tres de ellos presos en cárceles federales fuera del estado, que exigen sean regresados al estado.
Los tres son Nestora Salgado García, detenida el 21 de agosto del 2013, acusada de delincuencia organizada y secuestro, recluida en el penal de Tepic, Nayarit; Gonzalo Molina González, detenido el 6 de noviembre, acusado por delitos de terrorismo, privación ilegal de la libertad y lesiones, preso en el estado de Oaxaca; y Arturo Campos Hernández, recluido en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, detenido en Chilpancingo el 1 de diciembre.
El secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, señaló que también se está avanzando en la creación de la fiscalía especial para la investigación de los asesinatos de los líderes sociales, que en este gobierno suman 15.
Olivares Hernández mostró su preocupación de la propuesta que haga el gobierno del estado o las modificaciones al planteamiento que presentaron, porque se les informó que se están estudiando las leyes que han existido en el país, entre ellas las del estado de Chiapas y Veracruz.
Afirmó que el caso de Guerrero es único, por la criminalización de la protesta social y el hostigamiento contra los defensores de los derechos humanos.
“Una ley de amnistía que sea aprobada en el estado debe de tomar en cuenta las caracterizaciones que el movimiento social ha hecho, respecto a quiénes consideramos presos políticos”, dijo.
Afirmó que no reconocerán que se impongan criterios de otros estados.
El documento entregado al gobierno del estado el pasado 18 de febrero a través de la Secretaría General de Gobierno contempla 8 artículos, en los que se establece que la ley no podrá ser aplicada a quienes estén acusados de delitos cometidos bajo el cobijo de organismos oficiales, militares o policiacos.
Se aplicará a quienes fueron consignados ante los tribunales estatales por delitos del fuero común, terrorismo, sedición, motín, rebelión, conspiración, ataques a las vías de comunicación y los medios de transporte, secuestros y homicidios, siempre y cuando se culpe a líderes sociales y defensores de los derechos humanos con motivo de su participación en movilizaciones sociales, protestas y actos para cumplir sus derechos a la salud, educación, vivienda y alimentación.
Además de la reparación del daño a los agraviados.
También establece la integración de una comisión, conformada por seis personas, tres de ellas del gobierno y tres de la sociedad civil, propuestos por organismos públicos y no gubernamentales de derechos humanos.
La comisión deberá ser integrada 15 días siguientes de la publicación de la ley.