Hostiga el Ejército a miembros de la Policía Ciudadana de Temalacatzingo y Cualac; los investiga el MP militar

*Presionan a un comisario para que entregue a dos miembros de la organización, denuncian

La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) denunció ayer, mediante un comunicado, el hostigamiento policiaco y militar que siguen sufriendo sus integrantes, entre ellos el comisario municipal de Nuevo Paraíso, municipio de Cualac, a quien le exigen que entregue a Sitlali Pérez y a Conrado Pérez, integrantes de esa agrupación. La agrupación demandó la intervención de las comisiones estatal y nacional de derechos humanos y de los organismos no gubernamentales.
La agrupación, que tiene su sede en Temalacatzingo, municipio de Olinalá, denunció que el hostigamiento que vienen sufriendo sus integrantes es a raíz del viaje a la ciudad de México que realizó la Brigada Totlajtol Nejnemi, del 16 al 24 de junio del 2013, para exponer en el centro del país “nuestra propuesta política, pensamiento filosófico y nuestra palabra ancestral de la forma y modo de amar la vida”.
La coordinadora recuerda mediante su comunicado que desde entonces la brigada “sufrió el más cruel y humillante hostigamiento y represión policiaco-militar, desde su salida de Nuevo Paraíso municipio de Cualac, hasta el Zócalo de la capital del país”.
Manifestó que los miembros de la brigada sufrieron el “exceso de la fuerza bruta” de la policía estatal del Estado de México, “quienes además de robar pertenencias personales de los brigadistas, les dijeron indios pendejos, mugrosos ya lárguense para su tierra, aquí no valen nada”.
La coordinadora recordó que  entonces sufrieron la xenofobia contra lo indígena y la violación a la libertad de expresión, además de que los derechos a la libre manifestación y tránsito fueron violentados por quienes se dicen representantes del orden y la seguridad.
Recordó que ante esta situación, la CRSJ-PCP, por medio de una comisión que integró a los voceros de la PCP, Sitlali Pérez y Conrado de Jesús, interpusieron una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), en contra del Ejército, la policía estatal de Puebla, estado de México y quienes resulten responsables, “pues una vez más a los indígenas nahuas organizados en la CRSJ-PCP les fueron violentados sus derechos constitucionales”.
Sin embargo, señaló que en un oficio del 31 octubre de 2013 la Codehum concluyó que no hay nada para proseguir la investigación, “dejando entrever una posición de claro apoyo a la política de represión y hostigamiento contra los movimientos sociales y concretamente contra la CRSJ-PCP”.
“Nnuestros compañeros Sitlali Pérez y Conrado de Jesús, están siendo hostigados por unidades del Ejército, enviados por la Fiscalía Militar y la Procuraduría General de Justicia Militar, de la 35/a Zona Militar, en el que supuestamente radica un expediente 35ZM/51/2013”.
Denunció que este hostigamiento ha alcanzado al comisario municipal de Nuevo Paraíso, municipio de Cualac, “a quien le preguntan reiteradamente y le dejan oficios, algunos sin sello, en el que le dicen que entregue a Sitlali Pérez y Conrado de Jesús”, denuncia la agrupación. Recordó que tratándose de un asunto legal, la Casa de Atención Ciudadana es domicilio conocido en Temalacatzingo, Olinalá.
La CRSJ-PCP denunció que este es un acto más de intimidación, hostigamiento y represión, y las asambleas de las comunidades que participan en la CRSJ-PCP, han determinado, “dar indicación a nuestros compañeros Sitlali Pérez y Conrado de Jesús que no se presenten a la agencia del Ministerio Público Militar, porque no somos militares para ser requeridos en esas instancias”, especifica.
Además porque “no estamos en Guerra con nadie” y porque “tal proceder está viciado de origen, no se puede ser juez y parte”.
Cuestionó que la denuncia ante la Codehum, es contra el Ejército y la policía “y ahora ellos nos citan para hacernos justicia”.
La Coordinadora también denunció que con estos requerimientos se violenta el Estado de derecho al intentar colocar la justicia castrense por encima de la justicia civil, las garantías individuales de los ciudadanos, las leyes constitucionales y tratados internacionales suscritos por México.
Responsabilizaron al Ejército y Marina, Policía Ministerial y Estatal, “en caso de que nuestros compañeros o cualquier otro compañero sufra alguna agresión”.
Exigió el cese del hostigamiento a miembros de la CRSJ-PCP y al comisario de Nuevo Paraíso; la salida del Ejército del territorio indígena, y denunció “la cerrazón sin precedentes del gobernador Ángel Aguirre Rivero, (a quien) en reiteradas ocasiones le solicitamos apertura al diálogo y entendimiento, incluso a través del presidente municipal de Olinalá y Cualac, sin que a la fecha, haya mostrado interés para el diálogo”.  (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).