Acuerda una asamblea de la CRAC suspender a tres coordinadores implicados en el fraude

*Declara Eliseo Villar que en una reunión paralela se pactó que se investigará, y de ser necesario se detendrá, a cuatro de los ocho integrantes de la comisión especial que informó de la estafa de la que pretenden inculparlo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Autoridades de 19 pueblos de un total de 36, que pertenecen a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC), ratificaron ayer en una asamblea microrregional en San Luis Acatlán, el acuerdo de suspender de sus funciones y actuaciones a los coordinadores de esa Casa de Justicia, Eliseo Villar Castillo, Adelaida Hernández Nava  y Tiburcio Lorenzo Regino, acusados por el fraude de 740 mil pesos en la compra de armamento, vehículos, cartuchos, uniformes y fornituras.
Mientras tanto, por separado, otro grupo de miembros de la CRAC, éste encabezado por los tres coordinadores acusados, sesionaron en otra reunión microrregional en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, en donde, según Eliseo Villar, 34 de un total de 44 autoridades acordaron investigar, y de ser necesario detener, a cuatro de los ocho integrantes de la comisión especial que investigó el fraude de los 740 mil pesos por el que han venido responsabilizando a Villar Castillo.
La primera reunión se realizó en las instalaciones de la organización la Luz de La Montaña y fue convocada por la comisión especial que investigó el fraude por 740 mil pesos del que responsabilizan a Villar Castillo y que está integrada por Francisco Félix García, Valentín Hernández Chapa, Román Cruz Quintero, Ramiro Navarrete Cortés, Felícitos Clemente Quintero, Luis Valdez Mosso, Ignacio Navarro Mosso y Gelacio Navarro Quintero.
Aquí, los asistentes aprobaron un pronunciamiento en el que informan que “por consenso de comisarios municipales, autoridades agrarias, consejeros regionales y locales de 19 comunidades, de un total de 36 que integran esta Casa de Justicia (de San Luis Acatlán), acordaron la suspensión de las funciones y actuaciones de Villar Castillo, Hernández Nava y Lorenzo Regino”.
También acordaron la suspensión de sus funciones del comandante regional Agustín Suástegui Domínguez, de los elementos de guardia permanente, así como la destitución de la secretaria Adriana Domínguez Rivera.
En el mismo documento se establece que en una próxima asamblea microrregional que ha sido convocada para el sábado 22 de marzo, se determinará la revocación del mandato y la reeducación de los tres coordinadores y de los comandantes microrregionales, “en el entendido de que es la segunda convocatoria y se procederá a tomar determinaciones definitivas en torno al fraude cometido a la CRAC-PC para la reestructuración de coordinadores y comandantes regionales”.
También determinaron desconocer el acuerdo que tomó Villar Castillo con el gobierno del estado para que la Procuraduría de Justicia del Gobierno del Estado y la Sedena, intervengan en la investigación del fraude, y demandaron al gobierno estatal que no se inmiscuya en el proceso interno del sistema comunitario.
El documento dice que “en el entendido de que se está suspendiendo de sus funciones y atribuciones a Eliseo Villar y Adelaida Hernández, ningún acuerdo o trato de ellos a nombre de nuestro sistema comunitario es válido”.
En otro de los puntos convocan a los coordinadores y comandantes regionales de las otras casas de justicia de Espino Blanco, Zitlaltepec, El Paraíso y Cochoapa, a evitar que grupos de policías comunitarios intervengan en el conflicto interno que vive la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, “facilitando con ello el proceso de desestructuración”.
Mientras tanto, Villar Castillo informó vía telefónica anoche que en la reunión encabezada por él y que se realizó en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, acordaron que serán los coordinadores de las otras 4 casas de justicia; Zitlaltepec, Espino Blanco, El Paraíso y Cochoapa, los que se encargarán de la investigación del caso del fraude.
También informó que acordaron que cuatro de los ocho consejeros que realizaron la investigación y que lo están acusando de ser el responsable del fraude serán sujetos a investigación y de ser necesario serán detenidos, “porque todo lo que han estado declarando es totalmente mentira”.
Estos cuatro consejeros, dijo, son Pablo Guzmán Hernández, Valentín Hernández Chapa, Ignacio Navarro Mosso y Armando Zavala Felipe.
Informó que la investigación comenzará “a la voz de ya, mañana mismo”, porque declaró que tienen evidencias que estos cuatro  consejeros se han reunido con los familiares de los delincuentes que defraudaron a la CRAC, con la intención de incriminarlo a él en el fraude.
Los cuatro presuntos delincuentes implicados en el fraude a la CRAC son Eduardo Lemus Justo, El Wadi; su hermana, Esperanza Lemus Justo; Uriel Álvarez Pacheco y Pedro Piza Vázquez, quienes recibieron los 740 mil pesos para la compra de las armas, vehículos, cartuchos, fornituras y uniformes para la Policía Comunitaria, en representación de Ivan Soriano Leal, quien se hacía pasar como teniente del Ejército mexicano retirado y guardaespaldas del presidente Enrique Peña Nieto para cometer fraudes y extorsiones, motivo por el cual está preso en el penal de San Luis Acatlán.
Villar Castillo dijo que con los familiares de los primeros cuatro detenidos han estado haciendo reuniones los cuatro consejeros con el fin de incriminarlo en el fraude, “incluso hasta han ido a visitarlos a sus pueblos”, aseguró.
Villar Castrillo informó que a esta reunión asistieron 34 comisarios de un total de 44 comunidades que pertenecen a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.