Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Ángel Aguirre y Willy Reyes: manipulación de la justicia

Hace un mes y medio preguntamos aquí hasta dónde estaba dispuesto a llegar el gobernador Ángel Aguirre Rivero para impedir la detención de Willy Reyes Ramos, el ex alcalde de Tlapa acusado de ordenar el asesinato del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz, y contra quien para esas fechas pesaba ya una orden de aprehensión.
La respuesta fue dada por los hechos: Reyes Ramos no ha sido aprehendido y, según todas las evidencias, contó con el apoyo del gobierno y de la Procuraduría que supuestamente lo busca, para huir de la justicia.
Sabemos que así sucedió por la actitud valiente de la viuda de Moisés Villanueva, Lucía Leyva Rojas, quien el 12 de marzo informó que el subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales de la PGJE, Víctor Jorge León Maldonado, le aseguró que “ya están buscando” al presunto autor intelectual del asesinato de su esposo.
Pero Lucía Leyva puso en duda que la Policía Ministerial realmente esté buscando a Willy Reyes, pues en Tlapa –donde hasta días atrás vivía– no se sabe de ninguna búsqueda. Willy Reyes pudo haber sido aprehendido en Tlapa desde octubre de 2012, al terminar su gestión como presidente municipal, y sin ninguna duda también a partir del 7 noviembre del año pasado, fecha en la que fue emitida la orden de aprehensión. Sin embargo, no fue así ni en la primera fecha ni en la segunda, y durante año y medio el ex alcalde fue intocable, tan intocable que se dio el lujo de realizar como si nada sus actividades políticas, e incluso aspirar a ser nuevamente candidato del PRI a la presidencia municipal.
A lo largo de unos dos meses después de liberada en noviembre la orden de aprehensión en su contra, Willy Reyes permaneció en Tlapa, a la vista de todos. Pero entrado el 2014, en algún momento una voz autorizada –una voz gubernamental– le debe haber notificado que huyera. Y huyó. Los acontecimientos sugieren, pues, que es mentira lo que el subprocurador dijo a la señora Lucía Leyva, y que la verdad es que Willy Reyes nunca fue buscado.
Importa volver sobre este asesinato cuantas veces sea necesario porque es un caso evidentísimo de impunidad y manipulación de la justicia para favorecer al presunto homicida. Y porque de una manera que le resultaría difícil de explicar y justificar, en esas maniobras es el gobernador mismo quien se halla involucrado.
Por otra parte, es imposible dejar pasar las semejanzas que muestran los casos de Willy Reyes y Mario Moreno Arcos, el alcalde de Chilpancingo acusado por el líder empresarial Pioquinto Damián Huato de haber ordenado el atentado que sufrió el 28 de enero, en el cual murió su nuera Laura Rosas Brito. La singularidad es que ambos, Willy Reyes y Mario Moreno, son amigos de Ángel Aguirre Rivero. Muy amigos.
En su declaración ministerial, Damián Huato acusó formalmente al presidente municipal de Chilpancingo de haber ordenado su muerte, señalamiento que debía ser considerado por la Procuraduría y realizar con toda seriedad una investigación. Pero no existen indicios de que lo haya hecho, ni siquiera porque existe un abultado expediente público en el que, antes del atentado, Damián Huato acumuló acusaciones de que el alcalde de Chilpancingo tiene nexos con el narcotráfico. Al contrario de lo que sucedería en un contexto en el que el orden jurídico es respetado por las autoridades, Mario Moreno no fue investigado; todo lo contrario: fue exonerado por la Procuraduría de cualquier vínculo con el atentado (nada dijo de las otras acusaciones). Con ello las autoridades dejaron a la víctima en un absoluto estado de indefensión. En consecuencia, Pioquinto Damián no tuvo más remedio que abandonar Chilpancingo para exiliarse en el extranjero con su familia.
Esos no son los únicos casos en los que la mano del gobernador interfiere con la ley y la justicia. En otros la manipulación ocurre al revés, como en el de los integrantes de la Policía Comunitaria. Nestora Salgado, Arturo Campos y Gonzalo Molina, los tres más conocidos de la docena de comunitarios encarcelados por el gobierno de Aguirre, fueron aprehendidos con acusaciones fabricadas, falsas, débiles y notoriamente amañadas, que sin embargo surtieron efecto a la velocidad del rayo. Con tal efectividad que los tres están en penales de alta seguridad situados en otros estados. Claro, ninguno de ellos es amigo de Aguirre.
Pero si eso es posible, la manipulación gubernamental es más escandalosa en el caso de Willy Reyes. El gobernador hizo que el Congreso del estado fingiera durante un año –de noviembre de 2011 a septiembre de 2012– que estaba sometido a un juicio de desafuero, condición necesaria para capturarlo mientras ocupara la Presidencia Municipal. No fue desaforado, y cuando terminó su periodo y la Procuraduría podía capturarlo sin restricción alguna, no lo hizo. Ya describimos aquí cómo la Procuraduría ni siquiera consideró necesario dar una explicación pública de su inexplicable proceder contra un acusado de homicidio.
En busca de una explicación a la protección que Willy Reyes recibe del gobierno del estado, la señora Lucía Leyva aventuró en febrero la hipótesis de un pacto político. La secundamos y sostuvimos aquí que, en efecto, ese pacto existe, pues de no ser así no existirían tampoco los frutos que produce, consistentes en el hecho de que pese a ser hallado culpable por la Procuraduría y por un juez, Willy Reyes sin embargo no sea encarcelado. También escribimos que, como es obvio, el único capaz de disponer semejante manoseo de la justicia es el gobernador.
Hoy se ignora la naturaleza y la urdimbre de ese pacto entre Aguirre y Willy Reyes, pero tarde o temprano saldrá a la luz. Hace unas semanas creíamos que todo se reducía al apoyo que el entonces alcalde de Tlapa brindó durante las elecciones de 2011 al candidato del PRD, pero ahora eso no parece ser lo único que vincula al gobernador con un posible criminal. Debe haber algo más para que sin prudencia ni sensatez alguna, Aguirre proteja y haya facilitado la fuga de Willy Reyes. ¿Qué es?

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