Abelardo Martín M.

La impunidad nuestra, de cada día….

Si uno se queda solamente en la superficie podría creerse que el único problema grave de México, por supuesto de Guerrero también, es la violencia, la criminalidad y la inseguridad. No es así.
Los problemas más agudos son educación, salud y gobernabilidad, aunque los funcionarios no los vean o no los reconozcan. Como una consecuencia surge la impunidad y la falta de gobernanza, la autoridad perdida.
En el triunfo del gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, la influencia y participación del ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, fue definitiva y definitoria. Apoyo moral y hasta recursos económicos pudieron ser determinantes para el triunfo electoral del hoy mandatario guerrerense.
Ebrard enfrentó la última semana una andanada que lo derribó definitivamente del pedestal que él mismo se construyó a base de recursos en imagen. Hasta ahora, la impunidad priva en el fraude de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, llamada “Dorada” quizá porque forró de ese metal a quienes participaron del megafraude perpetrado en contra de millones de personas que fuimos engañados con una obra mal construida y, por lo que más de uno debieran ya estar en la cárcel.
Pero la impunidad todo lo puede en el país.
Los ejemplos públicos y privados sobran. Casi dos años después de un sismo de 7.4 grados que afectó al estado de Guerrero, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) dio a conocer una lista de 26 empresas que recibieron anticipos y no cumplieron con la reconstrucción de viviendas que resultaron con daños en la entidad.
Dichas empresas recibieron en su momento anticipos por 35 millones 875 mil 200 pesos para que hicieran las obras, apuntó la delegación de la Sedesol en Guerrero, al acatar una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y hacer públicos los datos.
Las empresas son Ing. Alejandrino Castro Bello, CP Beronica Aguario Campusano, Akkun Construcciones, Ing. Mario Padilla Segura, C. Inocencio Barragán Adame, Proyectos Construcciones Consultoría Vira, Ing. Abel Zurita Mayo, Garmed Maroc, Arqdiav, Grupo Yica, Constructora Cutsa, Ing. Guadalupe Nava Serrano, CC Tecnología y Servicios.
Además: Ing. Bruno Guerrero Parra, Instalaciones y Construcciones de Guerrero, Caci Arrendadora, Construcciones y Transportes Olvar, Covimex, Consorcio inmobiliario de Guerrero, ZZO Construcciones, Ing. José Carlos M. Sánchez Sánchez, GE Promotores de Vivienda, Constructora Cuarto Señorío, Asociada Ferro, Proyectos y Construcciones Ibague y Guadalupe Nava Serrano.
El 20 de marzo de 2012 un sismo de 7.4 grados –que tuvo más de 120 réplicas y también se sintió en Puebla, Oaxaca y el Distrito Federal– provocó la muerte de al menos dos personas en Guerrero, además de daños en cientos de viviendas, escuelas y otros edificios.
En un inicio, detalló el IFAI en un comunicado, la Sedesol se había “declarado incompetente” para dar la información sobre las empresas que incumplieron con las obras, e indicó que tendrían que solicitarse los datos la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado de Guerrero.
Después indicó que la información se encontraba reservada.
“Sin embargo, al realizar la investigación y análisis correspondiente, el Instituto localizó información pública de la que se desprende que la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, en una visita que hizo a la entidad en octubre de 2013, anunció que de las 46 empresas contratadas, 21 no cumplieron con la reparación y reconstrucción de las viviendas dañadas”, apuntó el IFAI.
A esas declaraciones de Robles se sumó el hecho de que en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Sedesol se ubicaron 31 contratos celebrados “por adjudicación directa” para la construcción y reparación de viviendas dañadas por el sismo.
De ahí que el IFAI determinara que la Sedesol, por medio de su delegación estatal en Guerrero, se encargó de contratar a las empresas constructoras, con recursos públicos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Con esos argumentos, el IFAI le indicó a la Sedesol que tenía que hacer pública la información sobre las empresas que incumplieron, y así favorecer el principio de rendición de cuentas.
El 25 de octubre de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto indicó que la Sedesol había detectado un desfalco de 50 millones de pesos en un programa de reconstrucción de viviendas dañadas por sismos de 2011 y 2012 en Ometepec, Guerrero.
Pero no solo están estos casos debidamente registrados, sino que son muchos más, antiguos y recientes y, la autoridad, como el anuncio del whisky, “tan campante”.
Es debilidad o contubernio, se pregunta el ciudadano. Las inundaciones en Acapulco el año pasado son, hasta ahora, otra prueba más de la impunidad reinante. A nivel nacional también sobran los ejemplos, la Línea 12 del Metro o la quiebra de Mexicana de Aviación refulgen sin que ocurra nada.
Para que la autoridad recupere el respeto debe cumplir su papel, no quedar bien con los delincuentes de la línea, género o cuello que usen, porque da la impresión que contra los de cuello blanco, nada.
La delincuencia no está solo en el crimen organizado y el narcotráfico, impera en toda la sociedad, pero la impunidad campea y ha adquirido carta de reconocimiento para mal de México. Es hora de poner las cosas más claras y que las autoridades vean y oigan.