A un mes, la investigación del doble asesinato sigue entrampada

Lourdes Chávez

Chilpancingo

A un mes del desalojo violento donde murieron dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y un empleado de la gasolinería, no existen elementos contundentes para determinar quiénes son los responsables directos de las violaciones graves cometidas a los derechos humanos de los manifestantes.
Las primeras investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sólo evidenciaron la falta de información y la manipulación de los hechos por parte de las corporaciones policiacas involucradas en el desalojo violento del 12 de diciembre de 2011.
De acuerdo con el informe preliminar de la CNDH, las corporaciones policiales contaminaron la escena del crimen, a pesar de que, momentos después de la represión policiaca, el presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández, se hizo presente en la escena con peritos del organismo.
Las mismas corporaciones fueron las responsables de obstaculizar el desarrollo de las investigaciones.
Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública federal respondió de manera parcial y tardía a las solicitudes de información de la CNDH, lo que impidió al organismo la realización de diligencias.
Asimismo, aunque estableció que los policías federales, estatales y ministeriales, así como los responsables de su coordinación, “generaron la muerte de dos manifestantes y la herida de cuatro más”, en las medidas cautelares pide la relación de funcionarios públicos y policías que participaron en el desalojo.
La CNDH también perfiló que, por la orientación de los impactos, la Policía Ministerial puede ser la responsable de la muerte de los dos normalistas, pero en las observaciones dice que “por el momento no es factible precisar el resultado que cada uno de los elementos policiales produjo durante el evento; sin embargo, ante los casos de autoría indeterminada, cada uno de los cuales debe intervenir en la medida de su responsabilidad y ser investigados por el Ministerio Público”.
Sin embargo, la actuación de las instituciones de justicia no ha sido por el esclarecimiento de los hechos.
A partir de los videos, la CNDH registró que en el lugar de los hechos personal de la PGJE, por acción y omisión, alteró y descuidó los indicios del caso, incluso los cuerpos de las personas fallecidas fueron movidos lo mismo que otros medios de prueba.
Asimismo, dijo que ninguna autoridad –federal o estatal– realizó maniobras de preservación para evitar la pérdida de los indicios.
En el informe de la CNDH también se apunta la fabricación de culpables, con la confirmación de la tortura física y psicológica del normalista Gerardo Torres Pérez, a quien la Procuraduría General de Justicia del Estado buscó incriminar de portación y uso un arma de fuego en la manifestación estudiantil.
Otro de los obstáculos en la investigación fueron las versiones contradictorias de autoridades policiacas, en su intención de deslindarse de los sucesos de violencia.
Ello se evidenció los días posteriores al desalojo, cuando la Policía Federal y la PGJE presentaron, por separado, videos editados para culparse mutuamente.
En el informe se destaca que mintieron el director general de la Policía Ministerial de Guerrero, que afirmó que sus policías acudieron desarmados, y el vocero de la PFP, que aseguró que los federales no llegaron en primera instancia ni establecieron diálogo con los manifestantes, lo que no concuerda con la realidad.
Otra de las observaciones que realiza la CNDH y que evidencia que se trató de desvirtuar la realidad, es el caso del conductor del tráiler amarillo Kenworth, que se encontraba frente a la gasolinera del lado sur a norte, quien declaró ante el Ministerio Público local que “le aventaron piedras y una de tantas fue que rompió el vidrio de la puerta lateral izquierda, del tráiler –es decir donde me encontraba sentado al volante–, misma que me golpeó en mi ceja del lado izquierdo, ocasionándome una”.
Sin embargo, la CNDH señala que el dictamen en materia de criminalística, elaborado por su Coordinación de Servicios Pericia-les señala que los daños en el cristal de la ventanilla izquierda “de forma circular y bordes al parecer irregulares” tiene “características similares a las ocasionadas al paso de proyectil único disparado por arma de fuego, considerándose una dirección de poniente a oriente”; es decir, que el disparo vino del lado de donde se encontraban los policías ministeriales y estatales.
El informe de la CNDH también señaló que, como parte del barrido de pruebas que se hizo, alguien destrozó el cristal del tráiler para destruir la evidencia del orificio de proyectil de arma de fuego.