Acusan de cuatro delitos, entre ellos terrorismo, a activista de la Policía Comunitaria de Tixtla

A Aurora Molina, hermana del promotor Gonzalo Molina, preso en Oaxaca, también la señalan por “lesiones, robo y privación de la libertad”.

En conferencia de prensa, el procurador Iñaki Blanco volvió a calificar a la Policía Comunitaria de ese municipio como “grupo armado”. Advierte que hay “más de 30” órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar

Daniel Velázquez

El procurador Iñaky Blanco Cabrera confirmó la detención de Aurora Molina González, hermana del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, preso en una cárcel de Oaxaca desde el 6 de noviembre del año pasado.
En conferencia de prensa en las oficinas de la Promotora Turística (Protur) de Acapulco, Blanco Cabrera informó que los delitos por los que se acusa a Aurora Molina son “lesiones, robo, terrorismo y privación de la libertad”, producto de su participación en la toma del ayuntamiento de Tixtla ocurrida el 26 de agosto del año pasado.
El procurador informó que hay “más de 30” órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar contra los integrantes de la Policía Comunitaria de Tixtla que participaron en la toma del ayuntamiento de ese municipio el 26 de agosto pasado, algunas por los delitos ya mencionados y otras por otros delitos que no especificó.
A pregunta expresa el procurador dijo que no sabe si la hermana de Gonzalo Molina será trasladada a una cárcel fuera del estado como ha ocurrido con otros integrantes de la Policía Comunitaria, y que le corresponderá al secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, o al subsecretario de Reinserción Social, Miguel Ángel Orihuela Hernández, decidir si es trasladada a una cárcel de máxima seguridad.
Dijo que en la detención de Aurora Molina no hubo allanamiento ilegal de vivienda porque la Procuraduría cuenta con órdenes de cateo y de aprehensión contra los acusados.
Indicó que hubo resistencia a la detención de parte de algunos pobladores, por lo que las fuerzas policiacas usaron gas lacrimógeno.
Informó que hay tres o cinco policías que participaron en la operación que resultaron heridos por piedras que les lanzaron quieres se oponían a la ejecución de la orden de aprehensión e intentaron rescatar a la detenida.
Sin especificar dónde se encuentra detenida, Iñaky Blanco dijo que a la hora que él daba la conferencia Aurora se encontraba rindiendo su declaración preparatoria “ante el juez de la causa” .
Abundó que junto con la detenida las fuerzas policiacas decomisaron un rifle calibre 22, una pistola calibre 9 milímetros, seis cartuchos de ese calibre y cinco aparatos de radiocomunicación.
De la posesión de las armas se le dará aviso a la Procuraduría General de la República (PGR) para que proceda contra la detenida en los delitos que le competan, dijo.
Confirmó, sin especificar el número, que en la operación participaron policías ministeriales, soldados del Ejército, policías federales, policías estatales y enviados de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
En la conferencia el procurador explicó que la detención de Aurora Molina fue resultado de la denuncia que presentó el representante legal del ayuntamiento de Tixtla por los delitos cometidos en agravio de la población la mañana del 26 de agosto, cuando policías comunitarios tomaron el Palacio Municipal.
Como cuando informó de la detención de Gonzalo Molina, el procurador volvió a decir que los policías comunitarios de Tixtla que tomaron el ayuntamiento como una acción de protesta por la detención de la promotora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, causaron “alarma, pánico y terror” en la población, privaron de su libertad a quienes estaban dentro del ayuntamiento, sometieron y lesionaron a los policías municipales y robaron cinco armas largas y dos aparatos de  radio comunicación portátiles propiedad del ayuntamiento.
Durante la conferencia el procurador se refirió a la Policía Comunitaria de Tixtla como “grupo armado”, y antes había dicho que actuaba com un “grupo guerrillero”.
Aseguró que la Procuraduría respeta los derechos humanos tanto de las víctimas como de los procesados.
Recordó que en la averiguación previa GSC/02/171/2013 se acusa a los policías comunitarios de llevar armas de grueso calibre, machetes y palos, con los que sometieron a los policías municipales del ayuntamiento de Tixtla y los despojaron de las armas de cargo como rifles y escopetas.
Abundó que el delito de lesiones esta soportado con las declaraciones de las víctimas y los certificados médicos correspondientes, la privación de la libertad con las declaraciones de las víctimas y la inspección ministerial en el ayuntamiento donde encontraron un candado y una cadena “soldados a la puerta del inmueble donde se materializó el delito”.
El delito de robo quedó acreditado con las declaraciones de las víctimas y los actos violentos que hizo la Policía Comunitaria “encuadran en la descripción del tipo penal de terrorismo”.
Recordó que la PGR tiene procesos contra Gonzalo Molina por los delitos de “delincuencia organizada, secuestro y terrorismo”.
Las otras órdenes de aprehensión no se han cumplido porque la Policía Ministerial no han localizado a los acusados, dijo.

Descalifica recuento de ejecuciones

De los datos dados a conocer por el semanario Zeta, que Guerrero ocupa el primer lugar en cuanto a homicidios ocurridos en el país durante los primeros 14 meses del presidente Enrique Peña Nieto, el procurador dijo que la cifra oficial es la que se entregó al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo con el semanario Zeta, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de enero de 2014 el estado de Guerrero registró 2 mil 457 ejecuciones, lo que lo ubica en primer lugar en el país entre las entidades con más homicidios.
Blanco Cabrera dijo que “la cifra oficial es lo que se reporta al Sistema Nacional de Seguridad Pública, todo lo demás no hace sino generar suspicacia, descalificación, sospecha, que muchas de las veces no tiene sustento”.
El procurador no puedo precisar el número de asesinatos que reportó la Procuraduría de justicia del estado al Sistema Nacional de Seguridad Pública porque no tenía presente el dato, pero aceptó que “ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional” en cuanto a la cantidad de ejecuciones registradas en el último año.
Agregó que las estadísticas siempre generan polémica y aceptó que existe una cifra negra sobre secuestros y homicidios que no se denuncian ante la autoridad.
Indicó que en el caso de secuestro las cifras se disparan porque en algunas ocasiones ese delito se resuelve mediante negociación y no se presenta denuncia, y en otros casos las negociaciones no son efectivas y por eso aumenta el número de secuestros denunciados.

Los casos pendientes

Durante la conferencia a Blanco Cabrera se le preguntó sobre los casos pendientes, pero el procurador no quiso abundar en información con el argumento de que hoy dará otra conferencia de prensa para informar de los mismos.
Dijo que el caso por el asesinato del dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, Luis Olivares Enríquez, ya está resuelto y que no solamente hay dos detenidos sino que son más, pero se reservó la información para hoy.
Confirmó que en Chilpancingo detuvieron a tres secuestradores en flagrancia y se liberó a la víctima, pero será hoy cuando dé a conocer la información completa de lo sucedido.
Al procurador se le preguntó por la situación en San Luis Acatlan, por la confrontación interna que hay en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y su Policía Comunitaria, pero Blanco Cabrera sólo dijo que el Ejército está en el municipio y de parte de la Procuraduría está un Ministerio Público y peritos para integrar la averiguación previa.
“No tenemos todavía clara la versión de los hechos, se está investigando”, señaló.
La CRAC vive una crisis interna surgida por los señalamientos de fraude contra tres coordinadores de la organización, Eliseo Villar Castillo, Adelaida Hernández Nava y Tiburcio Lorenzo Regino, quienes acusan a sus detractores de negociar con los presuntos culpables del fraude para incriminarlos y ha provocado que dos grupos se confronten.
El pasado domingo balearon a Eliseo Villar, quien fue desconocido como coordinador de la CRAC y quien en asamblea ordenó la detención de cuatro de los ocho integrantes que investigaron el fraude cometido contra el patrimonio de la CRAC, Pablo Guzmán, Valentín Hernández, Ignacio Navarro y Armando Zavala.
“Tal como lo hemos hecho en este y otros asuntos en su oportunidad y una vez que contemos con más elementos les daremos a conocer la conclusión de ese expediente”, dijo el procurador.