Pidió con “urgencia” sus domicilios, pero la PGJE no ha citado a los ex funcionarios

Ocho implicados en el caso de los permisos de construcción en zonas inundables de Acapulco se defienden y dicen que no han sido notificados para que se presenten a declarar

Los ex funcionarios municipales de Acapulco, María de la Luz Núñez Ramos, Francisco Larequi Radilla, Orlando Soberanis Vargas, Domitilo Soto, Arquelao de la Cruz y Miguel Ángel Moreno Lanche no han sido requeridos por las autoridades ministeriales para declarar por las obras que se hicieron en la zona Diamante, a un mes de que el Ayuntamiento proporcionó información de los domicilios que solicitó la Procuraduría de Justicia del Estado.
El actual secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Acapulco, Manuel Malváez Rosillo, quien desempeñó el mismo cargo en la administración de Félix Salgado y quien figura en la lista solicitada, tampoco ha sido requerido.
El actual regidor y ex secretario general del ayuntamiento, Vicente Trujillo Sandoval, tampoco ha recibido algún citatorio de la Procuraduría para declarar sobre la investigación que se sigue acerca de las inundaciones causadas por las lluvias de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, ocurridas en septiembre del año pasado.
En una solicitud oficial, de fecha 13 de febrero, la Procuraduría de Justicia del Estado pidió de manera urgente a la Secretaría General del Ayuntamiento su ayuda para localizar los domicilios de 27 ex funcionarios municipales del ayuntamiento de Acapulco, de los gobiernos de Alberto López Rosas, Félix Salgado Macedonio, Manuel Añorve Baños y del actual de Luis Walton Aburto.
En declaraciones ayer, la secretaria general del Ayuntamiento, Magdalena Camacho, informó que entregó el 21 de febrero a la Procuraduría lo “que tenemos en el Ayuntamiento y lo que no, lo informamos”.
Ayer se buscó a los ex funcionarios municipales y actuales funcionarios de quienes la Procuraduría de Justicia del Estado solicitó informes al ayuntamiento de Acapulco para ubicarlos y citarlos a comparecer, pero de los ocho consultados, todos dijeron que la autoridad ministerial no los ha requerido.
Los tres ex secretarios generales consultados, dos que estuvieron en la administración de Alberto López Rosas, María de la Luz Núñez Ramos y Francisco Javier Larequi Radilla, y Vicente Trujillo Sandoval que estuvo en el gobierno de Manuel Añorve Baños (2009-2012), coincidieron en que su función no fue aprobar permisos de construcción o cambios de uso de suelo sino dar fe de los documentos que emitía el ayuntamiento.
Dos de los ex funcionarios consultados, Larequi Radilla y Domitilo Soto, coincidieron en que la investigación de la Procuraduría debería alcanzar a los directores responsables de obra (DRO), porque ellos son los responsables de vigilar que se cumpla con la normatividad en los desarrollos inmobiliarios y no haya riesgos para las construcciones.

Ya se dio toda la información

El secretario de Desarrollo Urbano del gobierno de Luis Walton, y que también desempeñó ese cargo en el gobierno de Félix Salgado Macedonio (2005-2008), Manuel Malvaez Rosillo, dijo que él no ha sido citado por la Procuraduría de Justicia del estado y se enteró de que será llamado a comparecer por la nota publicada ayer.
Confió en que el requerimiento que le hacen como responsable de la Secretaría de Desarrollo Urbano del actual gobierno municipal, la secretaria general Magdalena Camacho que también fue requerida, habrá de informárselo.
Manuel Malváez dijo que el ayuntamiento ha entregado toda la información al gobierno del estado, al ministerio público y al Congreso local para integrar la investigación.
Dijo que en su periodo como secretario de Desarrollo Urbano en el gobierno de Félix Salgado Macedonio no hubo cambios de uso de suelo en la zona Diamante, porque “se respetó el Plan Director Urbano” que definió esa zona como habitacional.
Uno de los dos ex secretarios de Desarrollo Urbano en el periodo de Félix Salgado Macedonio, Arquelao de la Cruz, se reservó a opinar sobre el tema y dijo que no lo conocía y que después emitiría su postura, pero sí dijo que no ha sido citado a comparecer por la Procuraduría.
El ex director de Licencias del ayuntamiento en el gobierno de Luis Walton, Miguel Ángel Lanche Moreno, dijo que no ha sido requerido por la Procuraduría y que no daría más información.
El ex secretario general del ayuntamiento y actual regidor por el PRI, Vicente Trujillo, dijo que no ha sido requerido por la Procuraduría y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades ministeriales, “cada uno de los que consideren que pudiera haber estado en responsabilidad administrativa pues debe aportar lo que a su alcance tenga de la información que se requiera”.
Dijo que los secretarios generales tienen la función de fedatarios públicos.
Explicó que los cambios de uso de suelo pasan por un proceso que empieza en el Consejo de Urbanismo integrado por colegios de profesionistas, quienes dan su opinión técnica y después se turna a la comisión de Obras Públicas del Cabildo y después al pleno del Cabildo y el secretario general sólo da fe de los hechos.
En el caso de las licencias de construcción, dijo que esas son aprobadas por el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y el secretario general con su firma sólo da fe de que cumplieron con los requisitos.

En el trienio 2002-2005

La ex secretaria general del Ayuntamiento en el periodo del perredista Alberto López Rosas, María de la Luz Núñez Ramos, dijo que no ha sido citada a comparecer por la Procuraduría de Justicia del estado y que le da gusto que se investigue el caso de las afectaciones causadas por las lluvias.
Criticó que se den a conocer los nombres de quienes están sujetos a investigación porque dijo que eso sólo siembra sospecha y duda.
Vía telefónica, Núñez Ramos explicó que la función de secretario general del ayuntamiento que desempeñó durante año y medio en el gobierno del Alberto López Rosas (2002-2005) no es para dar permisos ni para aprobar cambios de uso suelo sino para dar validez legal, “no decide”.
“En mi caso no veo ningún problema en que pueda involucrarme en cosas indebidas porque cuando yo empecé a ver cosas con las que yo no estaba de acuerdo, fue cuando presenté mi renuncia (al cargo de Secretaría General del ayuntamiento)”, dijo.
Agregó que ella dejó el gobierno municipal porque empezó a ver cambios de uso de suelo y aprobación de licencias de construcción en esa zona y otras cosas que no recuerda con precisión, como las presiones que ejercía el entonces secretario de Finanzas municipal, Fernando Aragón Gómez para firmar documentos.
La también ex alcaldesa de Atoyac dijo que ella no tiene nada que ocultar ni de qué avergonzarse y esperará a ser requerida por la Procuraduría.
Agregó que ella es una figura pública que actualmente radica en Michoacán, donde está en la terna para buscar la candidatura a gobernadora de Michoacán por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El también ex secretario general del ayuntamiento, Francisco Javier Larequi Radilla, dijo que no ha sido citado a comparecer.
Dijo que su función como secretario general del ayuntamiento es “dar fe” de que los documentos son firmados por el secretario de Desarrollo Urbano pero no es su responsabilidad autorizar los permisos. “Los secretarios generales no tenemos nada que ver, creo, nosotros somos fedatarios únicamente”, señaló.
Larequi Radilla dijo que no recordaba si durante su periodo se habían autorizado muchos permisos o autorizado cambios de uso de suelo, porque tenía a una persona que le ayudaba a revisar esos documentos.
Agregó que tendría que ver los permisos para ver si es su firma, porque “muchas veces me involucraron en otros asuntos y no era mi firma”.
Dijo que no podría asegurar si en esos permisos le falsificaron su firma, pero tendría que revisarlos.
Señaló que también se debe llamar a comparecer a los Directores Responsables de Obras (DRO) porque son los responsables de que se cumplan con la normatividad y se respeten las restricciones.
Uno de los ex secretarios de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el periodo de López Rosas, Orlando Soberanis Vargas, dijo que la Procuraduría no lo ha requerido y que no tendría nada que opinar porque no sabe de qué se trata.
“A mí no me consta que se hayan dado ese tipo de situaciones, no podría opinar de algo que no tengo conocimiento”, porque él no entregó licencias para construir en la zona que fue afectada por las lluvias.
Un ex subdirector de administración y operación urbana en el periodo de López Rosas, Domitilo Soto, dijo que no ha sido requerido por las autoridades ministeriales y dijo que está en la disposición de acudir cuando lo citen.
Señaló que las licencias de construcción que se otorgaron en la zona Diamante del puerto fueron en base al Plan Director Urbano aprobado en la administración de Zeferino Torreblaca Galindo (1999-2002).
“Fueron muchos los permisos que se otorgaron para las desarrolladoras como  Geo, Homex, Ara, pero estas fueron de acuerdo a lo que marca el Plan Director Urbano” que establecía la construcción de viviendas de dos niveles y con 40 por ciento de área libre.
Responsabilizó del cambio de uso de suelo en la zona de Llano Largo de zona agrícola forestal a habitacional a la empresa Ceura (Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura), que fue la que colaboró en el Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco.
Dijo que en el Plan director Urbano anterior al de 2001 la zona Diamante está considerada de riesgo e inundable, pero la empresa Ceura que trabajó en la actualización del plan redujo el canal meándrico y recomendó el uso habitacional.
Alertó que esa misma empresa es la que trabaja en la revisión y actualización de los planes parciales de desarrollo urbano que sesionan cada viernes.
Domitilo Soto dijo que la Procuraduría también debería llamar a comparecer a los Directores Responsables de Obra (DRO) porque ellos son los peritos responsables de analizar por metro cuadrado todo el proyecto para evitar riesgos y que se cumpla con la normatividad.  (Dhaniel Velázquez).