Tiene la PGJE desde hace un mes los domicilios de ex funcionarios que busca

Los entregó el 21 de febrero, dice la secretaria general del Ayuntamiento

* Ocho implicados en el caso de las licencias de construcción en zonas inundables se defienden y dicen que no han sido citados

* No politizar la investigación, demanda el alcalde de Chilpancingo Mario Moreno

* El partido de Walton exige que haya resultados antes de las elecciones de 2015 y que también se cite a servidores federales y estatales

Entregó el ayuntamiento a la PGJE toda la información que le pidió: Magdalena Camacho

El 21 de febrero se informó a esa dependencia de los domicilios de ex funcionarios a los que busca interrogar, dice la secretaria general de la alcaldía. Sobre su inclusión en la lista de los vinculados con los permisos de construcción, afirma que si la citan acudirá a declarar

Aurora Harrison

La secretaria general del Ayuntamiento de Acapulco, Magdalena Camacho Díaz, informó que el Ministerio Público de Costa Azul, de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), no la ha citado a declarar respecto a los permisos que la actual administración ha entregado en zonas inundables, y que en cuanto la llamen acudirá.
Consultada por reporteros, declaró que la información que pidió la PGJE de los domicilios de los ex funcionarios se entregó el 21 de febrero, ocho días después que le llegó el oficio, de  los “que tenemos en el Ayuntamiento y los que no, lo informamos” y será el ministerio público quien determine contra quién ejercitará acción penal.
Abundó que la información que solicitó el Ministerio Público se entregó “oportunamente y obviamente de las personas estoy yo”.
Aclaró que no la han citado a comparecer, pero que en su caso firmó una licencia para la remodelación al interior de la tienda Costco, de 18.90 metros cuadrados, a un lado de los baños, y se entregaron copias de todas las licencias que requirieron.
Cuándo se le preguntó cuántas licencias de construcción fueron las que se enviaron, declaró que “no recuerdo el número, pero todas se enviaron”, todas las licencias que fueron requeridas por la autoridad judicial, que será la que determine contra qué funcionario ejercitará acción penal o no.
“No sé si van a citarme o no”, dijo la secretaría general, pues no le han enviado un oficio, pero que en cuanto la autoridad lo solicite “ahí estaré”.
Aseguró que la administración del alcalde Luis Walton no ha entregado “ningún cambio de uso de suelo” en esa zona desde septiembre, y que la condición para poder otorgarla es que tengan un dictamen de protección civil.
Un reportero le dijo que entre los nombres que da a conocer el Ministerio Público está el del actual secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Manuel Malváez Rosillo, y dijo que él estuvo en otra administración y como se entregaron todas las licencias que les fueron solicitadas, “en esta administración no hemos autorizado cambio de suelo”.
Cuándo se le preguntó qué sucederá con el titular de la Sduop si la autoridad determina que tiene responsabilidad, declaró que “es una decisión del alcalde, no la tengo yo, finalmente el Ministerio Público decidirá contra qué funcionario ejercita acción penal o no, estimando que tengan responsabilidad o probable responsabilidad, y en la situación administrativa al alcalde le corresponderá decidir”.
Sobre la licencia del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), declaró que “no recuerdo si haya firmado algo del CRIT, lo que remití fue lo que solicitaron y fue lo de Costco”.
Dijo que el municipio sí está entregando licencias, pero en la zona donde fue la inundación  “es esa la condición para poderles extender, estamos pidiendo dictamen de protección civil”.
Aclaró que en esta administración desde que la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid inundaron el área de Llano Largo y la Unidad Habitacional Luis Donaldo Colosio, “no se firman las licencias si no viene el dictamen de Protección Civil”, e insistió en que en esa zona no se ha otorgado ningún cambio de uso de suelo.
Del caso de los vecinos de Misión del Mar, que señalan que se siguen entregando licencias, dijo que “cuando ellos vinieron en la protesta dijeron que (Casas Ara) estaba construyendo en áreas verdes, nosotros mandamos a verificar y no hay construcción”.
Al preguntarle qué acciones está tomando el municipio a unos meses de que inicie el nuevo periodo de lluvias, señaló que la Dirección de Protección Civil y Bomberos ya esta revisando los refugios temporales, y también de la limpieza de los canales, para después iniciar las medidas preventivas ante los fenómenos naturales.

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Pidió con “urgencia” sus domicilios, pero la PGJE no ha citado a los ex funcionarios

Ocho implicados en el caso de los permisos de construcción en zonas inundables de Acapulco se defienden y dicen que no han sido notificados para que se presenten a declarar

Los ex funcionarios municipales de Acapulco, María de la Luz Núñez Ramos, Francisco Larequi Radilla, Orlando Soberanis Vargas, Domitilo Soto, Arquelao de la Cruz y Miguel Ángel Moreno Lanche no han sido requeridos por las autoridades ministeriales para declarar por las obras que se hicieron en la zona Diamante, a un mes de que el Ayuntamiento proporcionó información de los domicilios que solicitó la Procuraduría de Justicia del Estado.
El actual secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Acapulco, Manuel Malváez Rosillo, quien desempeñó el mismo cargo en la administración de Félix Salgado y quien figura en la lista solicitada, tampoco ha sido requerido.
El actual regidor y ex secretario general del ayuntamiento, Vicente Trujillo Sandoval, tampoco ha recibido algún citatorio de la Procuraduría para declarar sobre la investigación que se sigue acerca de las inundaciones causadas por las lluvias de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, ocurridas en septiembre del año pasado.
En una solicitud oficial, de fecha 13 de febrero, la Procuraduría de Justicia del Estado pidió de manera urgente a la Secretaría General del Ayuntamiento su ayuda para localizar los domicilios de 27 ex funcionarios municipales del ayuntamiento de Acapulco, de los gobiernos de Alberto López Rosas, Félix Salgado Macedonio, Manuel Añorve Baños y del actual de Luis Walton Aburto.
En declaraciones ayer, la secretaria general del Ayuntamiento, Magdalena Camacho, informó que entregó el 21 de febrero a la Procuraduría lo “que tenemos en el Ayuntamiento y lo que no, lo informamos”.
Ayer se buscó a los ex funcionarios municipales y actuales funcionarios de quienes la Procuraduría de Justicia del Estado solicitó informes al ayuntamiento de Acapulco para ubicarlos y citarlos a comparecer, pero de los ocho consultados, todos dijeron que la autoridad ministerial no los ha requerido.
Los tres ex secretarios generales consultados, dos que estuvieron en la administración de Alberto López Rosas, María de la Luz Núñez Ramos y Francisco Javier Larequi Radilla, y Vicente Trujillo Sandoval que estuvo en el gobierno de Manuel Añorve Baños (2009-2012), coincidieron en que su función no fue aprobar permisos de construcción o cambios de uso de suelo sino dar fe de los documentos que emitía el ayuntamiento.
Dos de los ex funcionarios consultados, Larequi Radilla y Domitilo Soto, coincidieron en que la investigación de la Procuraduría debería alcanzar a los directores responsables de obra (DRO), porque ellos son los responsables de vigilar que se cumpla con la normatividad en los desarrollos inmobiliarios y no haya riesgos para las construcciones.

Ya se dio toda la información

El secretario de Desarrollo Urbano del gobierno de Luis Walton, y que también desempeñó ese cargo en el gobierno de Félix Salgado Macedonio (2005-2008), Manuel Malvaez Rosillo, dijo que él no ha sido citado por la Procuraduría de Justicia del estado y se enteró de que será llamado a comparecer por la nota publicada ayer.
Confió en que el requerimiento que le hacen como responsable de la Secretaría de Desarrollo Urbano del actual gobierno municipal, la secretaria general Magdalena Camacho que también fue requerida, habrá de informárselo.
Manuel Malváez dijo que el ayuntamiento ha entregado toda la información al gobierno del estado, al ministerio público y al Congreso local para integrar la investigación.
Dijo que en su periodo como secretario de Desarrollo Urbano en el gobierno de Félix Salgado Macedonio no hubo cambios de uso de suelo en la zona Diamante, porque “se respetó el Plan Director Urbano” que definió esa zona como habitacional.
Uno de los dos ex secretarios de Desarrollo Urbano en el periodo de Félix Salgado Macedonio, Arquelao de la Cruz, se reservó a opinar sobre el tema y dijo que no lo conocía y que después emitiría su postura, pero sí dijo que no ha sido citado a comparecer por la Procuraduría.
El ex director de Licencias del ayuntamiento en el gobierno de Luis Walton, Miguel Ángel Lanche Moreno, dijo que no ha sido requerido por la Procuraduría y que no daría más información.
El ex secretario general del ayuntamiento y actual regidor por el PRI, Vicente Trujillo, dijo que no ha sido requerido por la Procuraduría y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades ministeriales, “cada uno de los que consideren que pudiera haber estado en responsabilidad administrativa pues debe aportar lo que a su alcance tenga de la información que se requiera”.
Dijo que los secretarios generales tienen la función de fedatarios públicos.
Explicó que los cambios de uso de suelo pasan por un proceso que empieza en el Consejo de Urbanismo integrado por colegios de profesionistas, quienes dan su opinión técnica y después se turna a la comisión de Obras Públicas del Cabildo y después al pleno del Cabildo y el secretario general sólo da fe de los hechos.
En el caso de las licencias de construcción, dijo que esas son aprobadas por el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y el secretario general con su firma sólo da fe de que cumplieron con los requisitos.

En el trienio 2002-2005

La ex secretaria general del Ayuntamiento en el periodo del perredista Alberto López Rosas, María de la Luz Núñez Ramos, dijo que no ha sido citada a comparecer por la Procuraduría de Justicia del estado y que le da gusto que se investigue el caso de las afectaciones causadas por las lluvias.
Criticó que se den a conocer los nombres de quienes están sujetos a investigación porque dijo que eso sólo siembra sospecha y duda.
Vía telefónica, Núñez Ramos explicó que la función de secretario general del ayuntamiento que desempeñó durante año y medio en el gobierno del Alberto López Rosas (2002-2005) no es para dar permisos ni para aprobar cambios de uso suelo sino para dar validez legal, “no decide”.
“En mi caso no veo ningún problema en que pueda involucrarme en cosas indebidas porque cuando yo empecé a ver cosas con las que yo no estaba de acuerdo, fue cuando presenté mi renuncia (al cargo de Secretaría General del ayuntamiento)”, dijo.
Agregó que ella dejó el gobierno municipal porque empezó a ver cambios de uso de suelo y aprobación de licencias de construcción en esa zona y otras cosas que no recuerda con precisión, como las presiones que ejercía el entonces secretario de Finanzas municipal, Fernando Aragón Gómez para firmar documentos.
La también ex alcaldesa de Atoyac dijo que ella no tiene nada que ocultar ni de qué avergonzarse y esperará a ser requerida por la Procuraduría.
Agregó que ella es una figura pública que actualmente radica en Michoacán, donde está en la terna para buscar la candidatura a gobernadora de Michoacán por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El también ex secretario general del ayuntamiento, Francisco Javier Larequi Radilla, dijo que no ha sido citado a comparecer.
Dijo que su función como secretario general del ayuntamiento es “dar fe” de que los documentos son firmados por el secretario de Desarrollo Urbano pero no es su responsabilidad autorizar los permisos. “Los secretarios generales no tenemos nada que ver, creo, nosotros somos fedatarios únicamente”, señaló.
Larequi Radilla dijo que no recordaba si durante su periodo se habían autorizado muchos permisos o autorizado cambios de uso de suelo, porque tenía a una persona que le ayudaba a revisar esos documentos.
Agregó que tendría que ver los permisos para ver si es su firma, porque “muchas veces me involucraron en otros asuntos y no era mi firma”.
Dijo que no podría asegurar si en esos permisos le falsificaron su firma, pero tendría que revisarlos.
Señaló que también se debe llamar a comparecer a los Directores Responsables de Obras (DRO) porque son los responsables de que se cumplan con la normatividad y se respeten las restricciones.
Uno de los ex secretarios de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el periodo de López Rosas, Orlando Soberanis Vargas, dijo que la Procuraduría no lo ha requerido y que no tendría nada que opinar porque no sabe de qué se trata.
“A mí no me consta que se hayan dado ese tipo de situaciones, no podría opinar de algo que no tengo conocimiento”, porque él no entregó licencias para construir en la zona que fue afectada por las lluvias.
Un ex subdirector de administración y operación urbana en el periodo de López Rosas, Domitilo Soto, dijo que no ha sido requerido por las autoridades ministeriales y dijo que está en la disposición de acudir cuando lo citen.
Señaló que las licencias de construcción que se otorgaron en la zona Diamante del puerto fueron en base al Plan Director Urbano aprobado en la administración de Zeferino Torreblaca Galindo (1999-2002).
“Fueron muchos los permisos que se otorgaron para las desarrolladoras como  Geo, Homex, Ara, pero estas fueron de acuerdo a lo que marca el Plan Director Urbano” que establecía la construcción de viviendas de dos niveles y con 40 por ciento de área libre.
Responsabilizó del cambio de uso de suelo en la zona de Llano Largo de zona agrícola forestal a habitacional a la empresa Ceura (Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura), que fue la que colaboró en el Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco.
Dijo que en el Plan director Urbano anterior al de 2001 la zona Diamante está considerada de riesgo e inundable, pero la empresa Ceura que trabajó en la actualización del plan redujo el canal meándrico y recomendó el uso habitacional.
Alertó que esa misma empresa es la que trabaja en la revisión y actualización de los planes parciales de desarrollo urbano que sesionan cada viernes.
Domitilo Soto dijo que la Procuraduría también debería llamar a comparecer a los Directores Responsables de Obra (DRO) porque ellos son los peritos responsables de analizar por metro cuadrado todo el proyecto para evitar riesgos y que se cumpla con la normatividad.  (Dhaniel Velázquez).

No politizar la investigación de los permisos en Acapulco, reclama Mario Moreno

Anarsis Pacheco Polito

Chilpancingo

El coordinador de los alcaldes priistas, Mario Moreno Arcos, señaló que la investigación contra ex funcionarios del ayuntamiento de Acapulco por haber autorizado licencias de construcción en zona de desastre, y el caso de las cuentas públicas del 2012, tienden a politizarse frente al proceso electoral de 2015.
Se le preguntó al alcalde capitalino por el caso que se está siguiendo a los ex funcionarios que otorgaron permisos en humedales, y planteó que el proceso que se está viviendo de cara al 2015 no se lleve al terreno de la politización.
Los ex funcionarios de los que la Procuraduría del estado pide información son de las administraciones de los perredistas Alberto López Rosas (2002-2005) y Félix Salgado Macedonio (2005-2008), el priista Manuel Añorve Baños (2008-2012) y el actual gobierno de Luis Walton Aburto.
Al respecto Mario Moreno dijo que se tiene que dar toda la transparencia y no solo en este hecho, sino en muchos más, entre los que mencionó el caso de la Auditoría General del Estado (AGE), la cual notificó al Congreso local las cuentas públicas del 2012, donde se detectaron faltantes de los principales municipios, entre ellos Acapulco y Chilpancingo.
Moreno Arcos dijo que se debe tener mucho cuidado de politizar, ya que no es bueno para Guerrero.
Sostuvo que si hay algún acto indebido de alguna autoridad se debe atender y castigar, mas no politizar.
Al preguntarle si considera que el caso de las cuentas públicas fue politizado, el alcalde respondió “lamentablemente sí”.
Entrevistado al término del anuncio de la feria internacional del libro Politécnica Guerrero, también se le preguntó  por los hechos de violencia que se presentaron el miércoles pasado, y Moreno Arcos confirmó que se estaba extorsionando a una persona y alguien se percató de ello? y lo denunció, permitiendo con ello la detención de los “maleantes que estaban extorsionando”.
Reconoció que el operativo que se ha implementado en Chilpancingo ha sido bueno ?y va en serio.
Agregó que la presencia de las fuerzas federales y estatales han permitido tener resultados positivos, y afirmó que hay un número impórtate de detenidos, que de una u otra forma han estado involucrados con actos delictivos en la capital del estado.
Por lo que advirtió que se continuará en la misma ruta y no se bajará la guardia, para poder revertir el índice delincuencial de Chilpancingo.
Asimismo, anunció que en los siguientes días se pondrá en marcha “la policía de proximidad”, la cual contempla a 170 elementos municipales que están cubriendo el examen de comienza y son aptos para regresar a las calles de Chilpancingo pero desarmados.
Informó que la próxima semana se darán a conocer los resultados que ha logrado la Policía Federal en la capital y detallar las detenciones logradas en los 15 días.
En una segunda entrevista realizada en la audiencia pública capitalina, Mario Moreno reiteró que analiza el problema del fertilizante para evitar que se dé un problema de hambruna o algún tipo de revuelta por parte de los campesinos.

Resultados antes del proceso electoral de 2015, demanda MC a la federación

También exige que se den los nombres de funcionarios del gobierno federal y estatal que están siendo investigados por el caso de las inundaciones

Redacción

El coordinador estatal Adrián Wences y el municipal de Movimiento Ciudadano en Acapulco, Arturo López Sugía, llamaron a las autoridades federales para que las conclusiones de la investigación de los permisos en humedales se conozcan antes del proceso electoral de 2015.
Wences Carrasco solicitó que también se den a conocer los nombres de los funcionarios federales y estatales que están sujetos a investigación.
López Sugía urgió asimismo a construir las obras que eviten nuevas inundaciones en la zona del Acapulco Diamante antes de que empiecen las lluvias.
“Es importante que las investigaciones estén concluidas antes de que inicie el proceso electoral, para que no se piense que se procede con ánimo de afectar a algún aspirante a ser candidato, y que los nombres de quienes resulten sin responsabilidad en el tema queden fuera de toda sospecha”, se lee en un boletín de prensa.
En el texto, el coordinador municipal de MC expresó su preocupación por la proximidad de la temporada de lluvias, porque “hay obras que deben realizarse como parte de la reconstrucción para evitar futuras inundaciones, y no se han iniciado aún pese a que ya está cerca la temporada de lluvias”.
Llamó a las autoridades responsables de la reconstrucción “a que agilicen este proceso, ya que sí es importante el deslinde de responsabilidades, pero más que se corrija la situación”.
López Sugía destacó que “la federación está ya en el proceso de analizar las responsabilidades, que el gobierno estatal también hace su parte y que el gobierno municipal del alcalde Luis Walton proporcionó en tiempo y forma toda la documentación necesaria para que las autoridades investigadoras puedan realizar su labor”.
El coordinador estatal de MC dijo que las investigaciones deberían concluirse antes del inicio de las campañas, “incluso a los candidatos les convendría entrar a la contienda con las manos limpias”.
Criticó que “las investigaciones han comenzado ya muy tarde y la prioridad en este momento son los recursos que prometió el gobierno federal y de los cuales no se ha visto nada”.
Wences señaló que hay obras pendientes que son urgentes y que están incluidas en el plan de reconstrucción de Guerrero a las que deben darles celeridad para evitar nuevos daños.
Opinó que es “una cortina de humo revelar sólo nombres de ex funcionarios municipales bajo investigación por presuntas ?irregularidades”, y exigió al gobierno federal “los nombres y las denuncias penales también para todos y cada uno” de los funcionarios de ese ámbito.
Y?señaló que la de la Sedatu es una investigación que lleva seis meses “y lo poco que han dicho son únicamente mentiras”.

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CARTAS: Hace público su domicilio María de la Luz Núñez

Muy estimado Juan:
Te ruego publicar mi carta sobre la nota aparecida en la edición del 20 de marzo
Como siempre te reitero mi amistad y mi afecto.
Tuxpan, Michoacán a 20 de marzo de 2014
A los medios de comunicación de Guerrero
A la opinión pública
Leí la información publicada en la edición de El Sur del día de hoy, sobre los requerimientos que hace la PGJE al Ayunta-miento de Acapulco para que le informen del domicilio de varios funcionarios.
Soy una ciudadana localizable sin mayor dificultad. Escribo mi domicilio actual. Soy una servidora pública que tiene las manos limpias. Fungí como secretaria general del H. Ayuntamiento de Acapulco desde diciembre de 2002 a mar-zo de 2004, renuncié públicamente por las razones que expuse en su oportunidad.
Me concederé el tiempo para acudir ante los medios de comunicación y de cara a la sociedad de Guerrero y también me presentaré ante el procurador general de Justicia y si se me ocurre al mismo gobernador del estado.
El procurador debe saber y la sociedad conocer que la función del secretario general de Gobierno del Ayuntamiento, de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre vigente, es dar fe, validar y firmar los acuerdos de Cabildo. Ningún secretario tiene facultades para otorgar licencias de construcción. En todos los casos esa es facultad legal exclusiva del Cabildo.
El Ministerio Público está  obligado a citar por escrito, de manera individual y de existir imputaciones comunicarlas. Es un desatino, para ser respetuosa, que pidan se le informe de “manera urgente”. Yo ni soy delincuente, ni fugitiva ni me siento aludida de manera alguna por los señalamientos que causan daño moral y parecen encaminados a desacreditar y a cobrar venganza política.
Me extraña sobremanera que precisamente en el momento cuando he sido nominada como integrante de la terna de Morena a figurar como candidata a gobernadora en Michoacán lancen esta cortina de humo.
Yo como a todos consta ten-go las manos limpias, un modo honorable de vida y soy portadora de mi dignidad personal. ¡Yo no me sé rajar!

María de la Luz Núñez Ramos
Domicilio: Calle Principal s/n
Localidad El Salitre,
Tuxpan, Michoacán, México cp 61425
Teléfono 786 104 71 70

Como alcalde de Acapulco actuó conforme a la ley, dice López Rosas

Karla Galarce Sosa

El ex alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, dijo que cada servidor público es responsable de sus actos, luego de que la Procuraduría de Justicia busca a ex funcionarios para notificarles que deben de presentarse en el Ministerio Público para ser interrogados sobre la autorización de licencias de construcción en la zona donde hubo afectaciones por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
“Cuando uno asume un cargo protesta el cumplimiento de la ley y de la norma, cada servidor público es responsabilidad de sus actos y no quiero adelantarme, pero cada quien sabrá responder. Creo que mi administración se caracterizó por ajustarse a los términos de legalidad, pero también se caracterizó por una guerra sucia que fue muy orquestada y que al paso del tiempo fue sólo eso, una guerra sucia”, dijo.
Confío en que será una investigación neutral porque eso da seriedad a la investigación y a los resultados.
López Rosas fue consultado ayer después del acto inaugural de la sesión de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos, sobre la búsqueda de ex funcionarios municipales de Acapulco para que declaren en el Ministerio Público por el otorgamiento de licencias de construcción.
Consideró “un trámite ordinario la solicitud” que hizo el MP.
“No tengo ninguna inquietud ni ningún reproche (…) espero que sean investigaciones, que arrojen resultados objetivos, porque no toda investigación concluye en culpabilidad”, comentó el actual secretario del Trabajo en el estado, y negó que el MP lo haya citado a declarar.