Pide Tlachinollan al Parlamento Europeo que no financie proyectos mineros que violan derechos

Denuncia en su informe ante la ONU la violencia castrense en Guerrero

En estados como Guerrero la violencia institucional castrense se traduce en la sistemática violación a los derechos humanos, agravada por la violencia generalizada que vive el país y por la ausencia de controles civiles sobre las fuerzas armadas, además de que este estado se mantiene en los primeros lugares de pobreza y violencia nacional, denunció ayer el Centro de Derechos Humanos de La Montaña en el marco del informe del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal de México (EPU), ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mientras tanto, ante la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Tlachinollan solicitó a la Unión Europea en el contexto de la reunión, Situación de los Derechos Humanos en México, realizada el 19 de marzo en Bruselas, Bélgica, suspender el financiamiento a proyectos violatorios de derechos humanos como la minería a cielo abierto.
El organismo guerrerense recordó que acompaña una demanda de amparo interpuesta por la comunidad indígena de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, con la cual se busca la cancelación de los títulos de concesión minera otorgados por la Secretaría de Economía en favor de la empresa de capital inglés Minera Hochschild Mexico S.A. que no ha sido resuelto.
En el marco del informe del Grupo de Trabajo del EPU, Tlachinollan expuso: “en estados como Guerrero, donde Tlachinollan trabaja, hay una realidad histórica de pobreza, discriminación y lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llamado violencia institucional castrense, se traduce en la sistemática violación de derechos, agravada por la violencia generalizada que vive el país y por la ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, aún no revertida dada la posposición de las reformas a la jurisdicción militar”.
Denunció que Guerrero se mantiene en los primeros lugares de pobreza y violencia a nivel nacional.
Cita que de acuerdo con datos oficiales, de los 3 millones 380 mil guerrerenses, más del 65 por ciento siguen condenados a vivir en la pobreza y el 89.5 por ciento de la población indígena del estado se encuentra en situación de pobreza multidimensional.
“En cuanto a la violencia, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solamente en los últimos tres años, Guerrero registró 57 homicidios por cada 100 mil personas, superando en ocho veces el promedio mundial”.
Asienta por otra parte en su informe entregado al EPU que “mientras el Estado mexicano habla sobre la reducción de la violencia y sobre la seguridad de las y los defensores de derechos humanos, mis compañeros y compañeras de Tlachinollan beneficiarias de medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos siguen siendo objeto de amenazas de muerte”.
Concluye el informe que “en este país, persisten las prácticas discriminatorias y la falta de armonización del marco jurídico en materia de derechos indígenas, lo que el mismo Estado mexicano reconoció en su informe al segundo ciclo de evaluación.
Por otra parte, en el marco de la reunión Situación de los Derechos Humanos en México,  realizada el 19 de marzo en Bruselas, Bélgica, Tlachinollan demandó a la Unión Europea suspender el financiamiento a proyectos violatorios de derechos humanos como la minería a cielo abierto en entidades como Guerrero.
“La Unión Europea debe suspender el financiamiento a proyectos de inversión o mega proyectos donde se haya denunciado violaciones de derechos humanos”, demandó el organismo ante la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, en el marco del Cuarto Diálogo Político de Alto Nivel en Materia de Derechos Humanos entre la Unión Europea y México realizado en Bruselas.
A través de su coordinadora del Área Internacional, María Luisa Aguilar Rodríguez, Tlachinollan recordó que ese organismo acompaña la demanda de amparo interpuesta por la comunidad indígena de San Miguel del Progreso ubicada en la Montaña guerrerense, con la cual se busca la cancelación de los títulos de concesión minera otorgados por la Secretaría de Economía en favor de la empresa de capital inglés Minera Hochschild México S.A. de C.V., “los cuales son violatorios de los derechos de los pueblos indígenas como el derecho a la consulta y el derecho al territorio”.
Plateó en el tema de empresas y derechos humanos la suspensión del financiamiento de la Unión Europea a proyectos de inversión o megaproyectos donde se haya denunciado violaciones de derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia en la jurisdicción de los estados miembros de la UE para juzgar violaciones a derechos humanos cometidas en México por empresas con sede en Europa y la debida reparación a las víctimas.
En el Segundo Seminario sobre Derechos Humanos de la Sociedad Civil en el marco del Cuarto Diálogo de Alto Nivel, participaron 32 organizaciones no gubernamentales de México.
Eexpuso que “durante los últimos años hemos constatado cómo las empresas transnacionales y mexicanas, con el respaldo de autoridades, han violentado de manera sistemática el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado; a la información pública; a la propiedad colectiva; a un medio ambiente sano; a la autonomía; y a la participación libre de los pueblos en todos los niveles de toma de decisiones referentes a sus recursos; generando despojos, desplazamientos forzados, contaminación y sobre explotación de recursos naturales en México”.
De la violencia contra la mujer, dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), reconoció en las sentencias emitidas a favor de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, violadas por elementos del Ejército, que en Guerrero las mujeres viven en un contexto de pobreza, discriminación y violencia institucional castrense. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).