Trasladan a la cárcel de Acapulco a Aurora Molina; temen que la lleven fuera de Guerrero

El gobernador acordó que no habría más detenciones de integrantes de movimientos sociales, recuerda la Policía Comunitaria de Tixtla. No hay un señalamiento preciso que la incrimine en delitos, “tal parece que es una cacería en contra de la familia”, dice su abogado

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La integrante de la Policía Comunitaria de Tixtla, Aurora Molina Gonzalez fue trasladada de Chilpancingo al penal de Acapulco sin consultar al juez Cuarto de Primera Instancia del ramo penal, Abimael Palacios Pérez, quien lleva el caso, y sin avisar a su defensa denunció su abogado Hegel Mariano Ramírez.
Informó que luego de hacer su declaración preparatoria el miércoles, la policía comunitaria fue llevada al puerto de Acapulco y se teme que sea trasladada fuera de Guerrero sin ningún fundamento, como hicieron con su hermano, el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Gonzalo Molina Gonzalez, la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá Nestora Salgado García y Arturo Campos Herrera, recluidos en penales federales de Oaxaca, Olinalá y el Estado de México, respectivamente.
Hegel Mariano informó que Aurora se declaró inocente de todas las acusaciones en su contra: robo, lesiones, terrorismo y privación ilegal de la libertad por la toma del Ayuntamiento de Tixtla el 26 de agosto del año pasado, cuando los policías comunitarios exigieron la libertad de Nestora Salgado García.
El abogado precisó que la intervención de Aurora en la organización comunitaria, era básicamente en apoyo a su hermano Gonzalo, no en las operaciones de los policías comunitarios.
Hegel Mariano denunció que se preveía que sería trasladada a Acapulco porque cuando pidió verla en el penal, un custodio le dijo que ya no estaba ahí, más tarde lo llamaron del juzgado para decirle que iba a hacer su declaración preparatoria, sin embargo, cuando terminó el procedimiento de ley, el juez y la secretaria de Acuerdos le informaron que no iban a pedir su cambio de penal.
Su defendida le dijo que antes de ser llevada a los juzgados la estaban sacando del penal con rumbo a Acapulco, pero la regresaron para hacer la declaración preparatoria.
Por otro lado, integrantes de la Policía Comunitaria de Tixtla aseguraron que durante el sitio al barrio de El Fortín, este miércoles, cuando policías estatales, federales y soldados del Ejército allanaron casas y detuvieron a Aurora Molina en la localidad de El Zapote, no hubo observadores de derechos humanos como dijo el procurador Iñaky Blanco Cabrera en una conferencia de prensa respecto a la incursión de la fuerza pública.
Los policías comunitarios pidieron reservar sus nombres “para no estar en la mira de las autoridades”, y recordaron que en la incursión de los agentes armados pidieron ver las órdenes de cateo y de aprehensión que iban a ejecutar y les respondieron que las llevaba el agente del Ministerio Público que los acompañaba, pero nunca vieron al supuesto agente, todos iban vestidos con el uniforme azul oscuro reglamentario y nadie presentó los documentos que solicitaron.
Expresaron su preocupación de que Blanco Cabrera dijera que faltan 30 órdenes de aprehensión por ejecutar contra integrantes de esa organización. Recordaron que el gobernador Ángel Aguirre Rivero prometió suspender las detenciones a los movimientos sociales en una reunión con el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), el 2 de diciembre de 2013.
Negaron los señalamientos contra Aurora, una señora de alrededor de 40 años que acompañó algunas acciones como policía comunitaria, pero nunca agredió física ni verbalmente a nadie en la protesta en el Ayuntamiento.
Mariano Ramírez informó que solicitó un amparo federal para evitar su traslado, pero cuando la actuaria del Juzgado federal la buscó en la cárcel de Chilpancingo para que ratificara la demanda, ella ya estaba en el penal Acapulco, así que vía fax esperan que lo ratifique para continuar el procedimiento.
En cuanto a la causa penal -la misma por la que detuvieron a Gonzalo Molina- el abogado indicó que no hay un señalamiento precisó que la incrimine, “tal parece que es una cacería en contra de la familia de Gonzalo”.
Finalmente informó que su situación jurídica se va a definir el próximo martes 25 de marzo, y preparan las pruebas para demostrar sus inocencia.