Asume la Red Década la defensa de los seis comunitarios de Ayutla presos en Acapulco

El presidente de la organización, obispo Raúl Vera López, también solicita la devolución de las armas que el Ejército le decomisó a la CRAC en agosto del año pasado en Cruz Grande

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El presidente de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Raúl Vera López anunció al gobernador Ángel Aguirre Rivero, que ese organismo asumió la defensa de seis policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, que se encuentran presos en el penal de las Cruces, Acapulco, por lo que le solicitó una audiencia para hablar del tema de su liberación.
Además, le pidió una mesa de trabajo con las coordinaciones de la Organización del Pueblo Indígena Meph’aa (OPIM), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), el Comité de los Sobrevivientes, Viudas y Familiares de la Masacre del Charco (que pertenecen al pueblo na’savi), con la activista Sofía Lorena Mendoza Martínez, viuda de Arturo Hernández Cardona, asesinado en Iguala, con el representante de los pueblos Nahuas de Chilapa y, por supuesto, con la Red Solidaria Década contra la Impunidad, para que atienda sus respectivas demandas.
El obispo de Saltillo, Coahuila, y presidente de esa Red, le mandó una carta al gobernador en la que le pide la audiencia para solicitarle su intervención para la liberación del coordinador de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, de los consejeros Abad Ambrosio Francisco y Eleuterio García Carmen, así como de los policías comunitarios Ángel García García, Florentino García Castro y Benito Morales Justo.
El obispo también está interviniendo para la devolución de las armas que les decomisó el Ejército mexicano en agosto del año pasado en Cruz Grande, municipio de Florencio Villarreal, cuando se trasladaban en una manifestación para solicitar la liberación de la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García y del coordinador de la Casa de Justicia de El Paríso, Bernardino García.
En la misiva el obispo informa al gobernador que a partir de este momento, la Red Solidaria Década contra la Impunidad, asume la defensa legal de los seis policías comunitarios de Ayutla presos, “por lo que estará presente siempre y en todas las mesas de negociación de justicia a los pueblos indígenas”, advirtió.
Y agrega que en las mesas de negociación tendrían como un primer objetivo obtener la liberación de los seis policías comunitarios que se encuentran recluidos en el Cereso de Las Cruces.
El obispo recordó que en febrero, durante la misión de observación organizada por la Red Solidaria Década contra la Impunidad, en la que visitó los municipios de Iguala, Chilpancingo, Ayutla de los Libres y Acapulco, específicamente en el municipio de Ayutla, la Casa de Justicia El Paraíso, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC- PC), le solicitó su mediación ante el gobernador para buscar la instalación de mesas de negociación de justicia a los pueblos indígenas, en la que se encuentra la liberación de los comunitarios.
“Un segundo objetivo de las mesas que buscamos tener sería lograr la devolución de las trescientas veinte armas decomisadas por el Ejército mexicano y la Armada de México, a la Casa de Justicia de El Paraíso, pues la CRAC-PC considera que la posesión de dichas armas por parte del sistema de justicia comunitaria,está fundamentado de manera legal en la legislación del estado de Guerrero”, dice en su escrito.
Agrega: “dichas armas no son de uso exclusivo del Ejército y por ende, tampoco están prohibidas para ciudadanos civiles mexicanos, y sin embargo sí son necesarias para el servicio que los compañeros ofrecen en busca de la seguridad comunitaria”, dice la Red Solidaria Década Contra la Impunidad con status consultivo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El segundo planteamiento del organismo es en torno a otra petición que le hicieron durante esa misma misión de observación, que es la convocatoria por parte del gobierno del estado a una primera mesa de trabajo que buscaría que las y los miembros de las organizaciones, tengan acceso a diversos proyectos productivos “que impliquen su acceso a la alimentación, el trabajo, la salud y otros, que puedan tener como efecto la sustentabilidad de las comunidades de Guerrero, inmersas en tan altos grados de pobreza”, dice el escrito de Vera López.
Agrega que el propósito de ello es que “pueda lograrse una solución pertinente y justa, que redunde en beneficio, sobre todo, del querido pueblo de Guerrero, de cuyo derrotero político lo ha hecho responsable ese mismo pueblo, mediante el proceso de elección popular, que culminó llevándolo a la posición que ahora ocupa”.