Vidulfo Rosales Sierra

La CRAC: el principio del ocaso

Tan condenable es el holocausto de la ultraderecha como los Gulags de los comunistas soviéticos. Ambas, son posturas totalitarias que derivaron en crímenes de lesa humanidad que no se deben repetir. Más allá de nuestra militancia política debemos condenar acciones de esta naturaleza. Es tirano el derechista que asesina y encarcela a los que luchan por un régimen democrático y justo, pero también lo es el que con la bandera de la izquierda persigue y silencia a quienes cuestionan sus formas autoritarias y verticales de ejercer el poder llamándolos traidores, contrarrevolucionarios, revisionistas y demás adjetivos.
Lo anterior parece estar ocurriendo en la CRAC. Los Coordinadores de San Luis Acatlán hoy en día cuentan con el dinero del gobierno que reparten a manos llenas, en la opacidad y discrecionalmente en las comunidades. Eso les ha permitido tener el control de la mayoría de los comandantes, policías y coordinadores. En consecuencia todo aquel que señale la existencia de irregularidades e inconsistencias en la CRAC  y proponga sanciones comunitarias a los autores son encarcelados y condenados de manera sumaria. Los coordinadores creen que por tratarse de la justicia comunitaria no están obligados a cumplir con las reglas del debido proceso a favor de los detenidos (un coordinador de Cochoapa expresa cínicamente que no puede decir el lugar donde se encuentra Valentín y los demás consejeros detenidos y mucho menos le puede permitir a su familia verlos, pero que están bien (El Sur 22-03-2014). La falta de información y visita de los familiares de los detenidos se llama incomunicación y es una violación grave al debido proceso de los detenidos, por ello es una práctica que está proscrita  de todo sistema de justicia.
En los años sesenta la izquierda negaba a toda costa la existencia del Gulag y toda la represión política stalinista, pero condenaba con frenesí el Holocausto. Hoy en día peligrosamente pretendemos repetir estos esquemas, denunciamos con furia al gobierno tirano por el encarcelamiento y traslado injusto de las autoridades comunitarias de la CRAC y enfatizamos las múltiples violaciones al debido proceso de que fueron objeto, pero callamos las atrocidades cometidas al detener a los tres consejeros de la CRAC solo por cuestionar la falta de transparencia en el manejo de los recursos de los coordinadores. Estos creen que la justicia comunitaria es un cheque en blanco para violar los derechos humanos universalmente reconocidos. Es decir, como se trata de la justicia comunitaria, es válido que no se informe ni se permita a los familiares ver a los detenidos,  por lo mismo estamos obligados a creerles que los detenidos están bien solo porque ellos lo dicen.
Pero veamos dónde fue que los dirigentes de la CRAC perdieron el rumbo del proyecto original. Este sistema de justicia nació en el seno de las asambleas comunitarias que rescataron sus sistemas normativos ancestrales para revertir un problema de inseguridad que los aparatos de justicia corroídos fueron incapaces de resolver.
Las asambleas de los pueblos elegían a sus mejores hombres y mujeres para los cargos comunitarios, por ello en varias comunidades muchos profesores indígenas fungieron como policías. Este sistema de justicia construido por los pueblos resultó ser accesible, gratuito, expedito, público, oral como es la tradición de los pueblos indígenas y sobre todo eficaz, en pocos años revirtió en un noventa por ciento la inseguridad en la región. El sistema de justicia indígena resultó inédito atrayendo la mirada de propios y extraños. Decenas de investigadores, lo mismo juristas que antropólogos acudieron para estudiarlo, varias publicaciones y tesis se escribieron.
Presa del prestigio logrado, varios de los fundadores de la CRAC seducidos por académicos y políticos se paseaban de foro en foro explicando el exitoso sistema de justicia. En no pocas ocasiones la CRAC sirvió para catapultar a políticos a puestos de elección popular, otras veces los propios dirigentes se vieron tentados a hacerlo. Ser coordinador a menudo implicó tener buenas relaciones con gobiernos y políticos y por lo mismo una oportunidad para participar en elecciones a cargos gubernamentales. Lo que antes fue un servicio comunitario, se convirtió en espacio de poder fetichizado (el poder fetichizado o corrompido es aquel que se ejerce considerando que emana del cargo mismo y no de la asamblea de la comunidad que es la que se lo delega para que lo represente, Enrique Dussel, 2006). De esta forma los coordinadores poco a poco fueron abandonando el trabajo comunitario, omitieron fortalecer el sistema de cargos comunitarios, los sistemas normativos y el trabajo de los principales y consejeros, lo anterior se agravó con la creación de otras casas de justicia que desconocían el proceso de la CRAC, su reglamento y la esencia del proyecto comunitario. Cada casa de justicia interpretó y aplicó la justicia según su saber y entender, muchas se apartaron del reglamento interno de la CRAC, otras como la recién creada en Cochoapa sus comunidades ni siquiera saben que existe una normativa, su actuación obedece a los dictados de los coordinadores y otras más se enfrascaron en una confrontación abierta e innecesaria con el Estado lo que habría motivado una represión violenta.
De pronto la CRAC se encontraba compuesta por una multiplicidad de liderazgos y visiones, muchas alejadas del proyecto original de seguridad y justicia. Algunos creyeron que la CRAC podría ser una plataforma para trabajar otros temas como el derecho a la alimentación, vivienda, salud, otros pensaron que sería un ente que se encargaría de defender el territorio del saqueo y despojo que pretenden hacer las mineras, algunos más vieron la oportunidad para hacer carrera política y por este medio obtener cargos de elección popular. Con objetivos tan encontrados la CRAC fue incapaz de zanjar estas diferencias, las asambleas de análisis y discusiones exhaustivas como antes tenían lugar (tres días de reunión) dejaron de llevarse a cabo.
Esta situación fue advertida por el gobierno desde hace algunos años, por ello el actual mandatario atizó la confrontación dando dinero y proyectos algunos grupos y encarcelando. Hoy en día unos luchan desesperados por la liberación de sus presos y otros extienden la palma de la mano para recibir el dinero del gobierno, lejos de regresar a la Asamblea como máxima autoridad y pedir que las autoridades, los principales y los sabios de la comunidad digan su palabra y den las pautas que permitan resolver los problemas. Los actuales coordinadores carentes de principios y de la visión de los pueblos indígenas corren con el gobierno que está reprimiéndolos a pedirle que les arregle la casa. Lejos de trabajar para fortalecer el sistema de cargo y los sistemas normativos, se erigen en agencia de desarrollo y recorren las comunidades repartiendo dinero, obras y proyecto cual viles políticos decrépitos que naufragan sin una orientación política e ideológica.
En todo este entramado y laberinto de la CRAC, resalta la lucidez de Valentín Hernández, Ignacio Navarro y otros compañeros que siempre han enfatizado la necesidad de una CRAC independiente del gobierno, partidos políticos y otros intereses, una CRAC que se rija por los principios del mandar obedeciendo, proponer no imponer y sobre todo fortalecer los sistemas normativos y sistemas de cargos comunitarios, por eso urge ponerlos en libertad y en una asamblea genuina de autoridades dar la discusión, prescindiendo de la fuerza y las armas que no es esa la forma de actuar de los pueblos originarios.
Hoy en día estamos plenamente convencidos que la CRAC es necesaria para los pueblos indígenas, un sistema de seguridad y justicia que los pueblos crearon y que ha sido eficaz para revertir los niveles de inseguridad debe seguir existiendo. Los pueblos indígenas del territorio comunitario debemos tener en cuenta que el sistema va más allá de los coordinadores, que estos fueron nombrados por la Asamblea y si no responden a las necesidades de aquellos deben dejar el cargo para que sean otros hombres y mujeres quienes lo ocupen. Pero más que eso esta crisis representa una oportunidad para que las autoridades y principales discutan, reflexionen, analicen y propongan  un mecanismo que permita reestructurar y rescatar todo el sistema de justicia de la CRAC, si esto no se aprovecha, este es el principio del ocaso de la CRAC, aunque nos duela.