Tlachinollan

En defensa del proyecto  histórico de la CRAC-PC

 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

El proyecto primigenio del sistema de justicia y seguridad comunitaria se ha vaciado del significado profundo que le imprimieron los pueblos na savi y me’phaa de la Costa Montaña. Surgió hace 19 años, en plena efervescencia del movimiento indígena, cuando el EZLN logró colocar en la agenda pública el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos.
Nació a contrapelo del gobierno, con la amenaza permanente del Ejército de desarmar y detener a los grupos de la policía comunitaria. Se expandió en las comunidades que sufren el flagelo de la delincuencia común, a pesar de las detenciones de sus comisarios, acusados de privación ilegal de la libertad. Se fortaleció con la amplia participación de las comunidades indígenas en las asambleas micro regionales y regionales y de la convergencia de organizaciones de diverso cuño; eclesiales, cafetaleras, magisteriales, organismos no gubernamentales de derechos humanos y del movimiento indígena de Guerrero. Se nutrió de la sabiduría milenaria de los Xi ñá, los sabios y sabias de los pueblos; los consejeros y consejeras que conocen los principios y valores que rigen la vida comunitaria.
El éxito alcanzado en pocos años, no se debió al tipo y número de armas que manejaban ni al dinero que recibían del gobierno, sino al respaldo y apoyo que obtenían de los pueblos, que tenían bajo control y mando a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria(CRAC-PC). Su reglamento interno fue la culminación de un esfuerzo aún inconcluso que plasma ejemplarmente cómo los pueblos tienen la capacidad de auto regular su vida desde sus sistemas normativos. Han demostrado que las investigaciones de los delitos no están supeditadas a lo que hagan, digan o inventen los policías, sino a la información que ha sido procesada por la comunidad; al conocimiento profundo que se tiene de la realidad concreta y al mapa delincuencial que cada población tiene de su entorno.
A diferencia de las policías del estado, la Policía Comunitaria tiene que cumplir con lo que ordene la asamblea microregional o regional y deben estar siempre bajo el mando de las autoridades comunitarias. Nunca por encima de ellas. Hay controles internos muy claros; la comunidad es la primera instancia que nombra y conoce a sus policías; posteriormente es el comité ejecutivo de la Policía Comunitaria que es la segunda instancia de control interno y el poder máximo que los llama a cuentas, es el de las asambleas.
Un aspecto fundamental del sistema de justicia comunitaria es la reeducación de los detenidos. El trabajo comunitario, entendido como el servicio que todo ciudadano o ciudadana tiene que brindar a la comunidad como contraprestación a los bienes y servicios que obtiene de la misma, se transforma en el método más eficaz para garantizar la reeducación de los detenidos. El consejo de los sabios es parte fundamental en este trabajo de integración comunitaria, que ayuda a crear conciencia en los detenidos sobre los daños que causan a la comunidad y las afectaciones que generan a las víctimas y a sus mismas familias.
La celebración de los aniversarios de la Policía Comunitaria fueron momentos densos por los aprendizajes que se compartían y porque de manera contundente se demostraba la fuerza de un movimiento cimentado en las raíces comunitarias. Sobre todo, por ejercer de manera autónoma sus derechos colectivos, cimentados en su cosmovisión y ethos cultural. Fue de gran inspiración para varias comunidades de la región y de otros estados ver cómo la Policía Comunitaria fue ganando legitimidad entre la población y fue conquistando espacios ante la inoperancia de las instituciones de seguridad y justicia del estado.
Las y los consejeros se erigieron no solo en los expertos del derecho comunitario sino en la voz calificada y autorizada para  dirimir los conflictos internos de la CRAC. Eran un contrapeso moral que ayudaba a las y los coordinadores a darle el cauce apropiado a las disputas que se generaban por la diversidad de opiniones que se emitían ante determinados asuntos y casos de relevancia regional.
La interlocución con las autoridades no la determinaba un miembro de la CRAC, ni se veía como un asunto que no incumbía a los consejeros o a las asambleas. Necesariamente la agenda a tratar con el gobierno tenía que pasar por la discusión y autorización de los órganos de control de la CRAC. Esto era así porque la relación siempre fue ríspida, ya que en todo momento las autoridades civiles y militares no han cejado en su empeño de acabar con el sistema de justicia y seguridad comunitaria. Para evitar cualquier sesgo o tentación de ceder o torcer la voluntad de los pueblos, la relación con el gobierno siempre ha sido un tema crítico y espinoso, que debe tratarse en colectivo y con sumo cuidado, porque está de por medio la vigencia de un proyecto histórico que se ha forjado a pulso y con la lucha de mucha gente.
La crisis que se ahonda más, ya no solo por la expulsión de varios fundadores de la CRAC, sino por el atentado que sufrió Eliseo Villar, coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán y la subsecuente detención arbitraria de tres consejeros, Valentín Hernández, Ignacio Navarro y Armando Zavala, obliga a todas las partes que se han enfrascado directa o indirectamente en varios conflictos, a reencauzar las divergencias y disputas dentro del máximo órgano de deliberación y toma de decisiones como las asambleas micro regionales y regionales. Las fracturas internas y los cotos de poder que se han creado dentro de la CRAC han polarizado a las comunidades y a los mismos grupos de la Policía Comunitaria.
Hay la tentación de los coordinadores y la coordinadora de la Casa de Justicia de San Luis de querer imponer su propia visión y hegemonía sobre cómo debe funcionar la CRAC y qué tipo de trato hay que darle a quienes critiquen o cuestionen su estilo de coordinar. Se ha ignorado y subestimado la opinión de las consejeras y consejeros. Varios de ellos se sienten atemorizados y prefieren no hacer pública su postura. Se ha caído en el manejo faccioso de las asambleas, al grado que se da el acarreo y la cooptación de grupos. No hay condiciones para la construcción de una agenda  plural e incluyente que aborde los temas que más preocupan a las partes involucradas en los conflictos. Sale a relucir más el uso de la fuerza, la presencia policiaca, las amenazas, las agresiones físicas y las acusaciones públicas, pidiendo al mismo tiempo la intervención de los cuerpos de seguridad del Estado para que apliquen su cuestionada justicia.
Si los coordinadores no confían en los propios órganos que le dieron vida y consistencia al sistema de justicia y seguridad comunitaria, para dirimir los conflictos internos de la manera más transparente, es sumamente riesgoso contar con una coordinación que desdeña a quienes representa. Es también una señal funesta el no querer obedecer a la asamblea como máxima autoridad, que es la que les otorgó el nombramiento como coordinadores para ostentar el poder que hoy pelean. Es apostarle a la profundización de un conflicto que puede desbordar los márgenes del mismo sistema de justicia y seguridad comunitaria, para ponerlo en bandeja de plata ante las instancias de justicia del Estado.
La vuelta a las fuentes del derecho comunitario es un imperativo que las comunidades hoy demandan y que ante esta crisis se han visto obligadas a presionar a los coordinadores y a plantarse en varias ocasiones en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, para exigirles que atiendan las demandas de justicia de los pueblos y emplazarlos a que actúen apegados a lo que dice el reglamento que los rige. Son las comunidades erigidas en asamblea las que tienen la fuerza y la autoridad moral para rescatar y defender este proyecto histórico de la CRAC.  Las que pueden llamar a cuentas a coordinadores, consejeros y policías para evitar que los intereses de grupo o de líderes se impongan por encima del interés supremo de los pueblos.
La prioridad es atender con sumo cuidado y con los recursos internos que ofrece el reglamento de la CRAC, para contener una confrontación mayor que descarrile el proceso de negociación que con muchas dificultades se sacó a flote el pasado sábado por la noche, con la liberación de Valentín, Armando e Ignacio. Los coordinadores y coordinadoras tienen que abocarse al trabajo para el que fueron nombrados por la asamblea, como el de velar por la seguridad de la población; investigar los delitos; coadyuvar en las tareas de impartición de justicia y reeducación de los detenidos. Su rol como gestores de proyectos y buscadores de recursos económicos los ha llevado a descuidar estas tareas comunitarias. Están más atentos al llamado de las autoridades y son demasiado hoscos para tratar y atender las demandas de justicia y seguridad de las comunidades. Esto mismo es factor de discordia,  nutre la desconfianza sobre su desempeño y sobre el manejo opaco de los recursos obtenidos.
El llamado al diálogo es impostergable. No se puede seguir apostando a salidas de fuerza y a la confrontación permanente. Esta práctica viciada es un flaco favor que se le hace a las autoridades civiles y militares, quienes de por sí tienen en la mira el desmantelamiento de este proyecto histórico. Esto no es una alucinación, es algo real. Lo hemos constatado con las detenciones de Arturo Campos, Gonzalo Molina, Nestora Salgado y recientemente con Aurora Molina, que están siendo acusados de delitos graves solo por defender a su pueblo. Ellos y ellas no encontraron el respaldo de los coordinadores de las cuatro casas de justicia, por el contrario, fueron mal vistos y vilipendiados, azuzando más bien sus detenciones. Esta acción desproporcionada del Estado, de catalogar como delincuentes de alta peligrosidad a compañeros y compañeras que entregaron parte de su vida para garantizar seguridad a las comunidades donde nacieron, es una muestra clara de lo que es capaz de hacer el gobierno, como lo está realizando con líderes de las autodefensas de Michoacán, cuando algún miembro de la Policía Comunitaria le es incómodo o ya no es útil para su estrategia. No esperemos que sea el gobierno quien decida qué hacer con este conflicto de la CRAC.