Sí incumplió Aguirre con no activar detenciones mientras se discute la amnistía, dice Olivares

*El MPG no romperá el diálogo con el gobierno, subraya el secretario de la Red Guerrerense de Derechos Humanos

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El secretario Técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, dijo que el gobernador Ángel Aguirre Rivero sí faltó al acuerdo con el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), de que no habría más detenidos mientras se daba la discusión de una ley de amnistía y la creación de una fiscalía especial para los homicidios de luchadores y defensores de derechos humanos, pero aclaró que las organizaciones no van a renunciar al diálogo.
Lo anterior, por la detención de Aurora Molina González, hermana del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla y preso en Oaxaca desde noviembre, Gonzalo Molina.
Explicó que esa acción no los va a llevar al rompimiento, porque las organizaciones incorporadas al MPG precisamente están solicitando que los beneficiados de la Ley de Amnistía sean los que están integrados en averiguaciones previas, tengan órdenes de aprehensión, sigan en proceso penal o estén sentenciados, además de que sean o hayan sido parte de un movimiento que reivindique demandas sociales o políticas.
En otro tema, también cuestionó los resultados de la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre el homicidio del dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, Luis Olivares Enríquez, por la celeridad en responsabilizar a militantes de otra organización social.
Pero aclaró que aún tienen que hablar con sus familiares para conocer sus impresiones antes de hacer un posicionamiento. Aunque de entrada consideró que no es confiable la explicación de la PGJE.
Sobre los detenidos políticos y la demanda de justicia por los homicidios de activistas sociales, aclaró que se está discutiendo en una línea de trabajo diferente a la mesa de trabajo de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), que marchó el viernes pasado y se reunió con el gobernador para discutir su pliego petitorio, donde también incluyó estas demandas.
Recordó que en la reunión del 17 de febrero con el gobernador en la Casa Guerrero, entregaron la propuesta de las organizaciones sobre la Ley de Amnistía y plantearon el regreso a Guerrero de tres detenidos de la Policía Comunitaria en penales federales de Nayarit, Oaxaca y estado de México, la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado García, el promotor Gonzalo Molina y el asesor Arturo Campos.
Señaló que ya hubo dos reuniones de trabajo con el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, y la próxima se programó para el 9 de abril, y estimó que entonces se va a incluir el caso de Aurora Molina en la negociación, “o antes si se reúnen con el gobernador”.
Pero reconoció que siguen atorados en cuestiones “legaloides”, porque los funcionarios estatales siguen considerándolos prisioneros del orden federal, aunque muchos de los delitos  son del orden común, además de que el delito de terrorismo se persigue de oficio.
En cuanto a la versión del procurador Iñaky Blanco Cabrera, de que Olivares Enríquez mandó a matar al líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, Raymundo Velázquez, y en respuesta fue asesinado, expresó sus dudas de que la PGJE actuara con tanta diligencia, celeridad y limpieza para cerrar este caso.
Señaló que se desconoce el medio que utilizaron para conocer nombres, apellidos, reconstrucción de hechos, como para decir a la opinión pública y a los organismos internacionales que están atentos a toda esta serie de crímenes políticos.
Sin embargo, señaló que siguen sin resolver el homicidio de la líder de los desplazados por la violencia en la Sierra de Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica, a pesar de que el mismo procurador ha dicho en varias ocasiones que existen órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar; mientras en el caso de Luis Olivares tienen ocho detenidos confesos y el motivo de fondo es el dinero.
“Nos parece muy raro, muy sospechosa la forma en que se ha tratado de dar una salida a la demanda de justicia”, dijo Manuel Olivares.
Del mismo caso de los desplazados, indicó que nada se sabe del homicidio del esposo de Juventina, Rubén Santana Alonso, ocurrido hace tres años; tampoco hay castigo ni aclaración por el homicidio del hijo de ambos, Joel Santana Villa, que murió envenenado en el penal de Iguala.
Señaló que al joven le sembraron armas y droga cuando iba a la localidad de Vallecitos, en la Sierra.
Aclaró que los organismos de derechos humanos no comparten las afirmaciones del procurador, al contrario, desconfían de ellas, pero deben platicar con los familiares de las víctimas sobre las hipótesis oficiales, para fijar una posición.