Arrancó en el Congreso local el proceso para aprobar la nueva Constitución

*Se prevé que mañana jueves será sometida a votación en el pleno de diputados. Incluye reelección de alcaldes y diputados locales, las candidaturas independientes y el cambio de la Procuraduría a Fiscalía. Contiene un capítulo para los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En la segunda de las dos sesiones realizadas ayer por el Congreso del estado se dio la primera lectura al dictamen de reforma integral a la Constitución, que presentó la Comisión de Estudios Constitucionales.
Mañana jueves se realizará la segunda lectura del dictamen, para someterlo a discusión y aprobación del pleno.
Las secretarias de la Mesa Directiva, Laura Arizmendi Campos y Karen Castrejón Trujillo, se fueron turnando la lectura de los 200 artículos con sus fracciones del dictamen con proyecto de decreto.
La lectura duró unas seis horas, en las que se justificó el motivo de la reforma, las propuestas de cada uno de los diputados, las modificaciones y el dictamen final.
En la nueva Constitución sólo se “reconoce y garantizan las acciones de seguridad pública y prevención de delitos de las comunidades indígenas”, pero no se hace mención de la aplicación de justicia que realizan las comunidades, como el proceso de reeducación que realiza la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Se establece una sección para los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, donde se les reconoce como sujetos de derecho, y se señala que el Estado estará obligado a garantizar el primer empleo a los estudiantes indígenas egresados del sistema estatal de educación.
En ese apartado se indica que la nueva Constitución “reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención de delitos de las comunidades indígenas”, pero no se menciona como tal el Sistema de Seguridad y Justicia como el de la CRAC, en la que juzgan en asamblea a quienes cometen irregularidades y los llevan a reeducación.
En el dictamen de proyecto de Constitución se enumeran las nuevas figuras y se “reconoce” el desplazamiento interno de los pueblos y se “garantiza” el derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado.
Por la armonización de la ley local con la reforma político-electoral, se incorporaron figuras como la reelección de presidentes municipales y diputados locales, las candidaturas independientes, la fiscalización a los partidos políticos, la facultad del Instituto Nacional de Elecciones (INE) para organizar las elecciones de las dirigencias de partidos políticos, y la paridad de género para puestos de elección popular.
También delimita los tiempos de precampaña y campañas políticas y establece que los procesos internos de los partidos políticos no pueden durar más de dos tercios de lo que duran las campañas electorales.
También se incluye la propuesta del diputado priista Héctor Astudillo Flores, para que en ningún caso la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso sea ocupada por un diputado del mismo partido político que presida la Junta de Coordinación Política, que será el nuevo nombre de la actual Comisión de Gobierno.
Se establecen límites al gobierno del estado y ayuntamientos para recurrir a préstamos como fuente de recursos, se elimina el término “Jefe de Estado” que se utiliza para llamar al gobernador, y también se faculta al Poder Ejecutivo para establecer protocolos de actuación para el uso de la fuerza pública.
Se implementa el servicio judicial de carrera y se instruye a la Sala Constitucional en el Tribunal Superior de Justicia del Estado; también se establecen las funciones y atribuciones al Consejo de la Judicatura como órgano de control interno del Poder Judicial.
Los órganos o dependencias de los poderes que tendrán autonomía técnica serán la Auditoría General (donde el titular durará 7 años sin posibilidad de ratificación y los auditores especiales 4 años con una sola posibilidad de ratificación), el Consejo de Políticas Públicas, el Consejo de la Judicatura y el Instituto de la Defensa Pública.
También se implementa el Servicio Civil de Carrera en los órganos autónomos como la Procuraduría General del Estado (PGJE), que cambia su denominación a Fiscalía General del Estado (FGE) como órgano autónomo.
Se elimina la figura de regidor por el principio de mayoría relativa y se establecen causas graves de responsabilidad de los servidores públicos por actos u omisiones.
También se fija un plazo máximo de 60 días a los cabildos para votar iniciativas de reformas constitucionales.
En la nueva Constitución sigue penalizado el aborto, porque según los integrantes de la comisión dictaminadora, la modificación se realiza únicamente en la ley de salud y el Código Penal.
Tampoco se reducen los diputados plurinominales ni se establece la figura de revocación de mandato, porque se argumenta que a nivel federal tendría que realizarse una reforma en la que el derecho al voto sea también una obligación para que en un proceso de revocación participen todos los que votaron a un representante popular.
En el dictamen se establece que en las leyes secundarias se delimitará el fuero de los diputados y se establecerá para qué delitos aplica.
Hasta las 11 de la noche la lectura del dictamen estaba en el artículo 175 de los 200 en los que quedó el dictamen, de un original de 205 que tenía el proyecto que envió el gobernador Angel Aguirre Rivero.