Arrancó en el Congreso local el proceso para aprobar la nueva Constitución de Guerrero

En mayo se enviará al Congreso la ley de amnistía, adelanta Martínez Garnelo

*Califica de “vanguardista y trascendental” la nueva Constitución, en respuesta a las críticas de Morena

Fernando Hernández

Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, calificó el proyecto de nueva Constitución como “vanguardista y trascendental”, no sólo para Guerrero sino para todo el país.
Se le recordó que el lunes la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) entregó al Congreso del estado un? documento en el que denuncia que el proyecto de Constitución “consiente la corrupción lacerante que existe?en el Poder Judicial.
A lo que manifestó que se ha tenido que “legalizar todo aquello que tenga que legalizarse”.
A Martínez Garnelo se le preguntó sobre el ofrecimiento que supuestamente hará la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, para evitar que se ejecuten órdenes de aprehensión contra líderes de la pasada dirigencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores Educación en Guerrero (CETEG), según lo dicho por el vocero de la organización magisterial, José Ángel Varón Venancio.
Sobre ese punto manifestó que “tengo entendido que la maestra Silvia Romero comentó que se van a analizar, pero obviamente ella no es autoridad, ni judicial ni de procuración, entonces me imagino que se van a evaluar para ser motivo de análisis y de una mesa de trabajo”.

Una ley “sin etiquetas y sin nombres”

Indicó que antes de que concluya mayo eñ Ejecutivo del estado enviarán al Congreso local la iniciativa de ley de amnistía para presos políticos, la cual se elabora en coordinación con los dirigentes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG).
El lunes el gobernador Ángel Aguirre Rivero dijo en declaraciones a los reporteros durante la inauguración de? un parque en la colonia Obrera que “no sólo las organizaciones tienen interés en la ley de amnistía, sino también yo mismo, lo anuncié, que soy el más interesado en que podamos avanzar en esa ruta”. Y a pregunta expresa afirmó que la va a impulsar.
En ese tema el gobierno del estado “hará todo lo que esté a su alcance”, subrayó el gobernador en sus declaraciones del pasado lunes.
A raíz del envío de los principales dirigentes de la Casa de Justicia de El Paraíso, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunita-rias (CRAC), a cárceles de otros estados, los líderes del MPG han acelerado el diálogo con el gobierno del estado para la elaboración de la ley de amnistía con la que buscan una alternativa a la liberación de los comandantes de la Policía Comunitaria, Nestora Salgado, Gonzalo Molina González y Arturo Campos.
“Yo espero que en las próximas semanas ya estemos aterrizando las circunstancias metodológicas de la norma para que sea propuesta al Congreso”, dijo Martínez Garnelo sobre ese tema.
Subrayó que “hay que recordar lo que establecen los tratados internacionales sobre lo que es un preso político y qué es un líder social”.
Sobre la posibilidad y viabilidad de que con la eventual aprobación de una ley de amnistía pudieran ser liberados los presos de la CRAC, abundó que en esos casos “ahí ya sería el órgano jurisdiccional el que determine”.
Puntualizó que “una ley de amnistía tiene un propósito específico y las leyes de amnistía van eminentemente enfocadas a? un objetivo. El crear una ley no lleva etiquetas, no lleva nombres”.
En el marco jurídico del estado existe la Ley de Amnistía para el Estado de Guerrero, ubicada como la número 592,? la cual fue aprobada por la Quincuagésima Legislatura durante la administración del ex gobernador René Juárez Cisneros.
En el artículo primero de la Ley 592 se indica que “se decreta amnistía a favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los Tribunales Estatales hasta la fecha de entrada en vigor de la? presente Ley, por los delitos de fuero común de sedición, motín, rebelión, conspiración, y conductas delictivas consecuentes de los ilícitos citados, siempre y cuando éstos no sean considerados como graves de conformidad con el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, cometidos por parte de grupos impulsados por motivo de índoles político con el propósito de alterar la vida institucional del Estado”.
Se le recordó que una de las demandas principales hacia el gobierno del estado por parte del MPG es la gestión por parte del Ejecutivo estatal del regreso de los comandantes de la CRAC que están presos en penales de otros estados, y en ellos enfrentan procesos penales de carácter federal y del fuero común.
“No es fácil porque acuérdense que están procesados por el fuero común y el fuero federal, hay delitos del orden federal y por lo cual no lo estamos atendiendo”, acotó.
—¿Ustedes consideran que en Guerrero no hay condiciones para que los presos de las CRAC continúen con sus procesos? —se le preguntó.
—Este es un tema jurisdiccional, o de corte judicial, que sería hasta cometer un error hacer algún comentario al respecto –contestó Martínez Garnelo.
El responsable de la política interna de estado fue abordado por los reporteros antes de que diera inicio un acto que encabezó ayer el gobernador Ángel Aguirre Rivero en la Plaza Primer Congreso de Anáhuac.

Avances mínimos y retrocesos importantes, ve Marcial Rodríguez en la nueva Constitución

*Pese a que no existe ninguna limitación legal, no se incluyó la figura de revocación de mandato, señala el constitucionalista. Advierte que el proyecto desconoce la composición pluriétnica del estado y que la fiscalización de la educación universitaria viola la autonomía

Daniel Velázquez

Los avances contenidos en la nueva Constitución son “mínimos” y tiene muchas partes de una visión conservadora que no aterriza en los cambios democráticos que ha vivido el estado, dijo Marcial Rodríguez Saldaña.
“Hay avances como el capítulo de derechos humanos, los órganos autónomos del estado, las figuras de referéndum, plebiscito e iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, pero también hay puntos débiles y algunos retrocesos”, dijo.
Rodríguez Saldaña, quien es miembro desde 2005 del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, dijo que el proyecto de nueva Constitución tiene avances pero también debilidades que pueden corregirse en la discusión en el Congreso local.
En entrevista en sus oficinas de la Unidad de Estudios y Posgrado e Investigación (UEPI) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) , observó que una de las debilidades del proyecto es que establece un plazo de dos años para emitir las leyes secundarias, lo que es mucho tiempo porque “normalmente en reformas constitucionales se da un año para hacer las leyes secundarias”.
Opinó que debería ser un período de seis meses el plazo para la emisión de las principales leyes secundarias, como son la ley electoral y de participación ciudadana, porque si no se emite no podrá haber candidaturas ciudadanas en el 2015; la ley orgánica del poder Legislativo, la del poder Ejecutivo, la del poder Judicial y la de la Fiscalía.
Rodríguez Saldaña dijo que el proyecto de Constitución tiene un retroceso porque eliminó la posibilidad de que se elijan regidores por demarcaciones territoriales, como ya se había avanzado en la reforma electoral de 2008.
Dijo que la posibilidad de elegir regidores por distrito no se aplicó en 2012 y la pospusieron para 2015, pero en el proyecto de Constitución esa posibilidad está anulada.
Destacó que es un avance que el proyecto de nueva Constitución ya esté en el Congreso local y confió que en el Congreso, que tiene mayoría de izquierda, haya posturas de mayor avance que permitan darle al proyecto una visión más moderna y más democrática.
“La sensibilidad de los diputados debe ser más acorde con las propuestas que se hicieron en los foros y creo que en este último tramo es posible que se hagan estos ajustes y se mejore el texto, todos los textos se pueden mejorar”, dijo.
Opinó que los diputados deben darle una “lectura minuciosa” al proyecto antes de votarlo, y en ese proceso de análisis es posible retomar las propuestas de los foros.

La conveniencia de la revocación de mandato

Entre las debilidades que tiene el proyecto están que no se incluye la figura de revocación de mandato y mantiene un concepto restringido de la soberanía de los ciudadanos, explicó el doctor en derecho constitucional.
Recordó que en el proyecto original se propuso el ejercicio de la soberanía mediante el referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana y revocación de mandato, y en las reuniones se propuso la democracia participativa, pero en el dictamen se optó por una visión conservadora y se suprimió la revocación.
Sobre la argumentación del diputado Héctor Astudillo de que esta figura no se incluyó porque no está en la Constitución de la República, Rodríguez Saldaña dijo que esa es una visión equivocada, porque la revocación de mandato se incluye en constituciones estatales como las de Zacatecas y Tlaxcala.
Agregó que las entidades pueden incluir todos los conceptos y figuras que no estén prohibidos en la Constitución General, “ese es un principio del sistema federal”, y la revocación de mandato no es una figura prohibida en la Constitución General, que sería la única limitante para incluirla.
Rodríguez Saldaña dijo que la revocación de mandato es una figura que debe incluirse porque el proyecto de nueva Constitución incluye la reelección de diputados y alcaldes, “entonces si se va a incluir la posibilidad de reelección hasta cuatro períodos para los diputados locales y hasta un periodo más o dos periodos el alcalde, es conveniente que se incluya la revocación de mandato para que los ciudadanos tengan el derecho en cualquier momento para que si un representante popular no cumple con sus promesas, con sus compromisos con los electores, se le pueda revocar, por eso es muy importante que se hubiera incluido”.
Dijo que la figura de revocación de mandato sería un contrapeso a la reelección que se concede en la nueva Constitución.
“Es lo más adecuado para evitar que haya un enquistamiento de una clase en el poder y que los ciudadanos tengan que estar soportando, aguantando a los gobernantes que incumplen con sus obligaciones con los ciudadanos”, dijo.
Indicó que otra de las debilidades del proyecto es que no incluye la acción ciudadana de inconstitucionalidad.

Se invisibiliza a los pueblos originarios

El profesor-investigador de la EUEPI de la UAG indicó que otra de las debilidades del proyecto de es que no reconoce a Guerrero como un estado pluriétnico y eso demuestra la visión que se tiene de la sociedad, y “Guerrero no es una entidad homogénea”.
Explicó que al no reconocerse como una entidad pluriétnica y pluricultural, invisibiliza a los pueblos originarios.
Otra de las debilidades es que no reconoce las lenguas de los pueblos originarios como oficiales, reconoce su existencia y la obligación del Estado a mantenerlas, pero se les debe dar carácter de oficial o de lo contrario en la practica el español seguirá como la única lengua, dijo Marcial Rodríguez.
Además no está incorporada la obligación del Estado para impartir educación en las lenguas maternas y recordó que el artículo tercero de la Constitución federal establece que la educación es obligación de la federación, estados y municipios.

El gobierno no puede intervenir en los asuntos académicos de la UAG

El también ex rector de la UAG alertó que el proyecto de Constitución incurre en una “violación grave” porque pretende imponer la “fiscalización académica”, lo que contraviene el artículo tercero de la Constitución federal, que establece la libertad de cátedra.
Precisó que la fracción octava del artículo tercero establece que las universidades tengan autonomía para su gobierno y libertad de cátedra y diseño de sus planes y programas de estudio, por lo que el concepto de “fiscalización académica” contraviene a la Constitución y a la autonomía universitaria.
Dijo que está a favor de que los maestros sean evaluados y señaló que hay maestros certificados que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores e instituciones académicas nacionales e internacionales, “pero no puede el gobierno, contraviniendo la Constitución federal, evaluar o intervenir en asuntos académicos de la universidad”.
Agregó que este concepto atentaría contra la autonomía universitaria y contraviene una norma constitucional.
Recordó que la UNAM peleó por la autonomía universitaria en 1919 y en Guerrero en 1960, por lo que esa propuesta viola la autonomía universitaria.
Marcial Rodríguez confió que en la discusión del proyecto “se corrija este error”.
Otra de las debilidades del proyecto es que no incluye la obligación constitucional del Estado a la reparación del año en caso de violación a los derechos humanos, ni se incluye como causal de responsabilidad política y que debe ser motivo causa para la destitución de los servidores públicos que cometieron las violaciones.
Entre los avances que mencionó está el capítulo de derechos humanos, que otorga mayor autonomía a los órganos del estado, reconoce figuras de participación ciudadana como plebiscito, referéndum y la iniciativa ciudadana y crea instituciones como el Consejo de Políticas Públicas.
Recordó que la Constitución vigente se fue haciendo en etapas para un régimen autoritario y con la alternancia democrática es un proceso lógico “el cambio de las reglas del juego político, de las instituciones políticas”.
Rodríguez Saldaña también fue coordinador del proyecto de nueva Constitución de abril de 2011 a febrero de 2012, con la asesoría de Porfirio Muñoz Ledo.
Recordó que durante la campaña del actual gobernador Ángel Aguirre Rivero en diciembre de 2010 se habló de la necesidad de una nueva Constitución.

Reconocer a las policías ciudadanas en la nueva Constitución, propone la UPOEG

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, entregó al presidente de la Comisión? de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, propuestas de reformas a la nueva Constitución para elevar a rango constitucional lo que establece la ley 701 de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y dar reconocimiento a las policías ciudadanas.
Ayer antes las sesiones legislativas, el dirigente de la UPOEG se reunió con Ortega Jiménez y el secretario de Asuntos Indígenas, Filemón Navarro Aguilar, a quienes les presentó modificaciones en el capítulo indígena para que se incorporen a la nueva Constitución.
Dentro de los cuatro puntos principales se encuentra la Ley 701, y Bruno Placido ?detalló que dentro de la nueva Constitución se prevén dos proyectos comunitarios, uno que pertenece a la Policía Comunitaria y el otro es un concepto comunitario en el cual se contempla toda la estructura comunitaria, desde la autoridad civil, seguridad y la reconstrucción del tejido social.
La propuesta plantea que el Estado reconozca a los pueblos originarios y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica propia.
Y que tengan el derecho de participar en los poderes públicos en los términos que fijen las leyes y “elegir representantes ante los ayuntamientos y la legislatura local y federal, de mayoría relativa y de representación proporcional”.
Plantean que se agregue en el artículo 14 el reconocimiento a su sistema de justicia y su territorio, porque sólo se reconocen sus acciones de seguridad pública pero no de justicia.
El documento señala que sus acciones deben estar sujetas a su reglamento interno, de acuerdo a sus prácticas tradicionales, y que el seguimiento se dará a través de su policía comunitaria.
Proponen que se agregue la figura de policía ciudadana. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).