Exigen a la PGJE más personal para que atienda las demandas de los defraudados por financieras

*Demandan que en el caso de Coofia se emitan las órdenes de aprehensión contra los directivos, luego de cuatro años en la integración del expediente. Señala Jaime Alvarado López como responsables a quienes fueron alcaldes en 2007 porque otorgaron licencias de funcionamiento a las empresas

El Movimiento Nacional por la Esperanza demandó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que ponga más personal para ratificar las 11 mil 400 demandas de personas defraudadas por Corporativo Teos o Productos Amor, y que en el caso de los defraudados por la Financiera Coofia, emitan las órdenes de aprehensión contra los directivos, luego de cuatro años en la integración del expediente.
En conferencia de prensa, el representante Jaime Alvarado López, explicó que el movimiento está llevando dos grandes fraudes en Guerrero ocurridos de 2007 a 2012; el de Coofía, capital variable, que defraudó a 4 mil 553 familias de la zona Norte y La Montaña; y de Productos Amor, del cual están en proceso de ratificación 2 mil 300 demandas en la PGJE, de un total 11 mil 400, pero se estima que en total se defraudó a unas 40 mil familias.
En este sentido, demandó que el juzgado segundo de lo penal concluya, dicte sentencia y gire las órdenes de aprehensión contra el comité directivo de Cofia, que preside Valente Medina Seoane, residente de Puebla, y se tomen medidas cautelares para un embargo.
Indicó que el fraude contra familias de la zona Centro, sucedió en 2009, y en diciembre pasado la PGJR terminó de integrar los expedientes de los defraudados. Lamentó que se hayan esperado hasta el último caso para proceder contra los responsables pero, añadió que los señalados están localizables y nueve directivos, de 15 implicados, ya fueron detenidos por casos similares en Puebla, Veracruz y Zacatecas.
Del Corporativo Teos o Productos Amor, añadió que sigue en proceso de ratificación las demandas de familias defraudadas por mil 400 millones de pesos, al total de los afectados, por los directivos que encabezaba, Teodulo Espinoza Aguilar, del estado de Veracruz.
Exigió a la PGJE más personal para hacer mas rápido el proceso de integración, porque si continúan ratificando 20 personas van a concluir en diciembre, y eso retrasa mucho la consignación ante un juez y la expedición de la orden de aprehensión.
Indicó que esta empresa defraudó mediante un sistema de multinivel, permitido por ayuntamientos que en 2007 expidieron las licencias de funcionamiento para que abrieran sus sucursales y facilitándole el acceso a miles de familias que buscaban rendimientos de sus ahorros.
Señaló como responsables a los entonces presidentes municipales Mario Moreno Arcos de Chilpancingo en 2007, Sofío Ramírez en Tlalixtlaquilla en 2007, Lázaro Mazón en Iguala y los alcaldes de los municipios de Acapulco, Mochitlan, Quechultenango, Juan R. Escudero, Iguala, Apaxtla, Ayutla, Chilapa, Tlapa, Malinaltepec, Xalpatláhuac, Huamuxtitlán y otros en esos mismos años. “Ahora pedimos que quienes en su momento fueron omisos, apoyen este movimiento para resarcir el daño a los afectados”.
Afirmó que con esas licencias, Coofia operó en 2007; y Productos Amor, de 2006 a 2012, seguía captando dinero, aunque desde 2007 las autoridades sabían que estaban incumpliendo, y que estaban afectando principalmente en las zonas más pobres del estado, donde no hay servicios bancarios.
Informó que en este caso tendrían que entrar las autoridades estatales, porque con la Ley federal de Cooperativas de Ahorro de Inversión, que se aprobó en 2003, se autorizó un fondo para los que fueran sorprendidos por esta financieras. El gobierno estatal tiene que aportar 30 por ciento de una posibilidad de rescate, y 70 por ciento la federación.
Indicó que en septiembre del año pasado consiguieron 80 millones para los defraudados de Coofia, pero el gobierno del estado no quiso aportar los 23 millones que le correspondían.
Explicó que en esa fecha, Coofia se declaró en quiebra y se fue a concurso mercantil; ahí pidieron que se reconocieran a los defraudados de Guerrero. Confió en que puedan entrar a otra etapa de rescate.
También informó que en un mes, el 26 abril, van a realizar un foro en Chilpancingo con los defraudados para analizar las alternativas de solución, y en caso de que el gobierno no los atienda, van a tener que radicalizar su movimiento.
Recordó que desde que gobierno federal abrió las posibilidades al negocio de captación de ahorro y préstamo en el año 2000, han ocurrido una serie de fraudes financieros en todos los estados de la república, y este movimiento agrupa a guerrerenses víctimas de financieras que impunemente y ante los ojos del gobierno federal y estatal, con licencias de funcionamiento autorizadas por gobiernos municipales, facilitaron se que captaran ilegalmente el ahorro e inversión de grupos y poblaciones donde se carece de servicios financieros. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).