Pretenden diputados que reporteros revelen la fuente de la información sobre las cuentas públicas

*Suscriben un documento contra El Sur Oscar Díaz Bello (PRD), Ricardo Taja (PRI), Delfina Oliva Hernández (PAN), Alejandro Carabias (PVEM) y Laura Arizmendi (MC). No cuestionan la información que se publicó aquí, y se lanzan de nuevo contra el titular  de la Auditoría General del Estado

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local  pidió a El Sur que revele el nombre de la fuente de la información que se publicó en estas páginas  sobre las cuentas públicas de 14 municipios en las que la Auditoría General del Estado (AGE) encontró irregularidades.
La postura de los diputados es una respuesta a la denuncia de hechos que presentó el órgano fiscalizador ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra quien resulte responsable de la filtración de los informes de resultados de la cuenta pública 2012 de varios municipios, entre los que están Acapulco y Chilpancingo.
Los informes señalan que en el caso de Acapulco hay una presunción de daño financiero por 726 millones de pesos, mientras que en Chilpancingo observa más de 100 millones de pesos, y en los otros 12 municipios también se observan daños millonarios al presupuesto público que los ayuntamientos ejercieron en 2012.
La información incomodó a ex funcionarios municipales y en la tribuna del Congreso local fue abordada por el priista y ex alcalde de Chilpancingo, Héctor Astudillo Flores, quien argumentó que la AGE no cumplió con la ley 1028 de fiscalización, porque dijo que no se le había notificado a través de un pliego preventivo para que subsanara las observaciones.
El pleno del Congreso local aprobó un punto de acuerdo en el que se ordena a la AGE que publique los términos que marca la ley de fiscalización para la entrega de los informes de resultados al Poder Legislativo, además de que ordenó a la Comisión de Vigilancia y Evaluación investigue si el auditor general Arturo Latabán López tiene responsabilidad en la filtración, y de ser así que se le destituya y sancione.
Después de que el auditor precisó en conferencia de prensa que “lo que se publicó fueron cifras exactas, no hay alteración”, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública integrada por cinco diputados, encabezados por el perredista Oscar Díaz Bello, exigió que El Sur revele su fuente.
Ayer en conferencia de prensa en la biblioteca del Poder Legislativo, Díaz Bello dio lectura a un documento en el que señala que “si se pretende llegar al fondo de las cosas”, entonces esta reportera “tendrá que revelar la fuente de donde obtuvo la información”.
Un reportero preguntó a los diputados si conocen la legislación que permite la reserva de la fuente, pero el diputado perredista insistió en que si el auditor afirma que no filtró la información, “que le pregunte a la reportera”.
En la conferencia precisaron que los informes de resultados llegaron al Congreso el 25 de febrero, a las 12 horas con 35 minutos.
En el documento afirman que el auditor tiene el ánimo de “justificar su incompetencia y falta de manejo prudente de la información pública”.
Pero dijeron que a la comisión les llegó hasta el 5 de marzo, a pesar de que un día antes se notificó al pleno de la llegada de dicha información.
Los diputados integrantes de la comisión afirmaron a través del documento leído que las declaraciones del auditor son derivadas de “los actos de fiscalización” de los ayuntamientos, “al pretender deslindarse de responsabilidades y de manera tendenciosa y por demás dolosa, aseveró en sus declaraciones a los medios que la filtración de la información fue en el Congreso”.
A pesar de que el auditor insistió en que la información que envió al Congreso está sujeta a un pliego preventivo y son datos preliminares, confirmó lo publicado en este medio, porque en los documentos se señala que “se determinaron observaciones presuntivas de daño” por diversas cantidades –todas millonarias– en los diferentes municipios.
También señalan los diputados que el auditor dijo que “ellos no están señalando daño patrimonial imputable a ex funcionarios, situación que es total y completamente falsa”, porque lo que se presentaron son dictámenes que hablan de presunción de daños.
En la conferencia los diputados integrantes de dicha comisión, el priista Ricardo Taja Ramírez, la panista Delfina Oliva Hernández, del PVEM Alejandro Carabias Icaza y de Movimiento Ciudadano Laura Arizmendi Campos, suscribieron el documento en el que responden al auditor afirmando que tiene “un nulo conocimiento de las disposiciones normativas en materia de fiscalización”.
Calificaron sus declaraciones como “poco afortunadas” porque afirmaron que a partir de ellas “entró en una abierta confrontación con el Congreso del estado”, del que depende y le “debe guardar el debido respeto” y debe rendirle cuentas a los 46 diputados y no a una sola comisión.
Afirmaron que tienen derecho de conocer la cuenta pública de la AGE y recordaron que los diputados no pueden ser reconvenidos por ningún órgano menor.
Los diputados consideraron que la interpretación que el auditor le da a la ley de fiscalización es “a modo”, porque la fracción 17 del artículo 90 de dicha ley señala que el auditor tiene las facultades de “entregar al Congreso del estado por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a más tardar el último mes de febrero, la cuenta pública del presupuesto ejercido por la AGE correspondiente al ejercicio fiscal del año inmediato anterior”.

Por separado, en declaraciones a reporteros el presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la AGE, el perredista Germán Farías Silvestre, ratificó lo dicho por el auditor, en el sentido de que la ley de fiscalización establece que la comisión de presupuesto está facultada para recibir la cuenta pública del órgano, mas no para fiscalizarlo, eso sólo lo puede hacer la que él encabeza.
Del regreso de la cuenta pública, dijo que no la pueden rechazar, por lo que “sólo regresó porque la notaron incompleta”,
Dijo que la AGE cumplió los lineamientos que establece la ley 1028.
De la denuncia penal presentada por la AGE para que se investigue quién filtró los informes financieros, dijo que está en su derecho de presentarla, pero advirtió que “eso no exime de responsabilidad ni al auditor general ni a los especiales ni a ningún funcionario de la AGE”.
Porque recordó que la “Auditoría está obligada como institución? a mantener la reserva de los asuntos que se tienen en la AGE, si él consideró que ya estaban agotados todos los tiempos, ya había notificado y agotados todos los tiempos para los entes fiscalizables y sólo entonces debió entregarlo al Congreso, eso quiere decir que hasta ahí se acabó la reserva y la secrecía”.
Farías Silvestre informó que en la comisión acordaron tener reuniones constantes con la AGE, a pesar de que cada semana les envía informes de su trabajo, y aclaró que no les envía datos precisos cuando se trata de fiscalizar cuentas públicas y que esos sólo se los manda hasta que se agotan todos los tiempos.