Coordina todas las casas de justicia de la CRAC y no está suspendido, afirma Eliseo Villar

*No puede intervenir en los trabajos de la comisión que investiga sus conflictos internos, pero sigue en comunicación con el gobierno del estado, dice. Ninguna ONG se ha acercado para saber de los problemas que tienen, asegura

El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Eliseo Villar Castillo rechazó que haya sido suspendido de sus funciones y que la asamblea regional del sábado pasado le haya prohibido hacer declaraciones a la prensa.
Villar Castillo es señalado de un fraude por 740 mil pesos contra la institución. Como autoridad ordenó aprehender a los integrantes de la comisión que investigaba el fraude y ahora, según el coordinador de Cochoapa, Ometepec, David Bracamontes Chona, nadie puede dar declaraciones a la prensa.
Ayer Villar Castillo expresó que nadie le puede coartar su libertad de expresión y que trabaja con normalidad como coordinador regional, pero no puede intervenir en los trabajos de la comisión que también va a investigar el ataque a balazos que tuvo la madrugada del domingo 16 de marzo, y la incursión a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán el 18 de marzo, donde seguidores de Villar dispararon contra policías comunitarios y civiles después de la detención de tres consejeros de la primera investigación del fraude.
Aseguró que quienes informaron su inhabilitación son unos mentirosos, “porque nunca se tomó tal acuerdo”, afirmó que sólo está suspendido el proceso porque no puede ser juez y parte.
Del coordinador de la Casa de Justicia de Cocohapa, David Bracamontes, integrante de la comisión que también fue cuestionado en la asamblea regional, dijo que participa en la investigación, y el 6 de abril, en la siguiente asamblea regional, van a presentar un informe preliminar. Sólo está excluida de la investigación la coordinación de San Luis Acatlán, pues está implicada en lo que se investiga.
Señaló que luego del ataque donde recibió dos rozones de bala, el consejero de San Luis Acatlán Abad García García y dos comandantes regionales abandonaron la Casa de Justicia, “no sé qué pasó, porque en ningún momento les hice reclamo, no hubo señalamientos a ellos”.
Estimó que los que se fueron están involucrados en su ataque, de lo contrario no tendrían motivo para “huir”. Dijo que la Casa de Justicia de San Luis Acatlán los desconoció luego de que señalaron que “probablemente” Villar Castillo haya inventado su agresión para desviar las acusaciones del fraude.
Villar Castillo insistió en que la información viene de “la otra parte que me grilla de manera sucia”, aseguró que  están acostumbrados a mentir ante los medios de comunicación y que no hay un acta que indique que lo hayan suspendido de sus funciones.
Ratificó que sigue atendiendo asuntos de gestión en el gobierno del estado, coordinando a las otras cuatro casas de justicia, y a la de San Luis Acatlán.
Dijo que están cuidando a las personas en proceso de “reeducación” encarceladas en tres celdas de San Luis Acatlán, porque había versiones de que los iban a liberar.
De la denuncia de vecinos de El Capulín, municipio de Igualapa, de unos 40 detenidos hacinados en las celdas de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, Villar expuso que ya los llevan a las comunidades, como se acostumbra, para que realicen trabajo social, pero que fue necesario tenerlos en San Luis Acatlán por temor a otra incursión del grupo que lo acusa del fraude.
De las organizaciones de derechos humanos que se han propuesto como mediadores para alcanzar de unidad en la CRAC, que está en crisis por los conflictos internos, dijo que están en su derecho pero que no se han acercado para conocer los hechos y analizar desde ahí quiénes son los responsables de la división.
Del integrante de la Cooperativa El Capulín de la Costa, Pedro Piza Vázquez, detenido hace un mes en El Capulín, Igualapa y de quien sus familiares denunciaron una detención violenta y arbitraria y que no ha comenzado su proceso para definir si es responsable o no, Villar señaló que continúa en detención porque sus familiares se niegan negociar.
Expresó que “tirando periodicazos”, no se va a resolver el conflicto y que todos los implicados en la denuncia donde acusaron a Pedro Piza de la quema de una huerta y de una acusación a la Casa de Justicia de Cochoapa contra un policía comunitario de El Capulín, Eliseo Ojeda, tienen que dar la cara.
Adelantó que están valorando iniciar el proceso sin los demás señalados, pero por reglamento, aseguró que tiene tres meses para resolver el problema.
De la portación de armas permitidas y de grueso calibre que se negocia con el Ejército informó que sigue en proceso, que están en la entrapa de la entrega de documentación de los Policías Comunitarios para que reciban sus credenciales, y luego les concederían un permiso colectivo. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).