Obstaculiza el Estado mexicano el trabajo de la Comverdad, denuncian ante la CIDH

*No proporciona el gobierno la información necesaria para esclarecer las violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia, señala la comisionada Pilar Noriega. Existe restricción para la reparación de los daños a los familiares y a las víctimas y no hay garantías de seguridad para los comisionados, acusa

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Comisión de la Verdad (Comverdad), denunció ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), diversos obstáculos que le ha impuesto el Estado mexicano para el desempeño de sus funciones y que, además, no ha reconocido su responsabilidad en las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el periodo de la Guerra Sucia en Guerrero, como las desapariciones forzadas y los asesinatos.
A través de la abogada y comisionada Pilar Noriega, el organismo de Guerrero participó con la presentación de un informe sobre el desafío que enfrenta dentro del 150 periodo de sesiones de la CIDH, con el tema: Políticas Públicas en Derechos Humanos y Buenas Prácticas en México.
Pilar Noriega, denunció en su intervención que existe por parte del Estado mexicano negativa para proporcionar la información necesaria para esclarecer los casos de violaciones a los derechos humanos en la época de la Guerra Sucia.
Asimismo acusó que existe restricción para la reparación de los daños a los familiares y a las víctimas. También se quejó de que no existen garantías de seguridad para los integrantes de la Comverdad en el desempeño de su trabajo.
Recordó que el año pasado efectivos de la Policía Federal allanaron sus oficinas en el puerto de Acapulco y que al día siguiente desconocidos rompieron los vidrios de su oficina central en Chilpancingo
Denunció, también, que el 28 de enero dos de sus integrantes fueron víctimas de un atentado cuando se trasladaban de Iguala a Chilpancingo, en referencia al comisionado Nicomedes Fuentes y a la propia Pilar Noriega.
Dentro de este ambiente de hostilidad en contra de los miembros de la comisión también denunció que la comisionada Hilda Navarrete Gorjón recibió amenazas recientemente por parte presuntamente de integrantes del grupo delincuencial La Familia Michoacana.
Ante esta situación la Comverdad demandó al Estado mexicano que brinde las garantías de seguridad necesarias para los integrantes durante las excavaciones que comenzarán para la búsqueda de las víctimas en Atoyac; que garantice el acceso a toda la información que la Comverdad requiera de las autoridades locales y federales incluyendo la que la Procuraduría General de la República ha calificado como reservada.
Asimismo, que brinde todas las facilidades y seguridad necesarias para que la Comverdad y su equipo puedan llevar a cabo las excavaciones y en su caso exhumaciones en los lugares en donde se pudieran encontrar restos de personas desaparecidas; que asuma el compromiso de reparar el daño íntegramente  a la totalidad de las víctimas que la Comverdad identifique en su informe final; que se investigue “seria y efectivamente las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Sucia, de manera que se pueda conocer el destino final de las personas víctimas de desaparición forzada y, finalmente, que se convoque a una reunión para dar seguimiento a todos los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en dicha audiencia.
Mientras tanto, a la CIDH le pidió que dé seguimiento a los compromisos que el Estado mexicano asuma y le requiera información sobre los avances concretos en el cumplimiento de los mismos.
Además, que monitoree el cumplimiento por parte del Estado mexicano de las recomendaciones que en su momento emita la Comverdad en su informe final y, finalmente, que se pronuncie en su comunicado de prensa instando al Estado mexicano de colaborar con el equipo de la Comverdad y que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia.
Por parte del Estado mexicano asistió la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, y la subprocuradora de Asuntos Jurídicos y Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Mariana Benítez Tiburcio.
Las funcionarias no respondieron directamente a los señalamientos y destacaron las acciones que el gobierno ha realizado en materia de justicia y derechos humanos.
Citaron en particular que en Guerrero se creó la Comverdad para realizar precisamente las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos en el pasado y que el gobierno mexicano “está haciendo un esfuerzo para hacer valer los derechos humanos”.
Aseguraron que el gobierno ha implementado políticas públicas en materia de derechos humanos para ampliar y fortalecer estos derechos de los ciudadanos.
Lía Limón, concretamente, informó de la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos; la creación de la figura del abogado victimal; y la elaboración de un programa en materia de atención a víctimas.