Están amparados los dos funcionarios de Zeferino que tienen órdenes de aprehensión

*El ex subsecretario de Finanzas, Antonio Bajos Valverde, y la directora de Adquisiciones, Patricia Díaz están acusados de fraude por la compra de un helicóptero para la Procuraduría, que nunca sirvió

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El ex subsecretario de Finanzas del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, Antonio Bajos Valverde, y la directora de adquisiciones, Patricia Díaz, efectivamente cuentan con órdenes de aprehensión con base en la causa penal 116-2012-II por ejercicio indebido de la función pública y desempeño irregular de la función pública, confirmó ayer una fuente del Tribunal Superior de Justicia.
Sin embargo la fuente reveló que fue por el fraude en la compra del helicóptero Bell UH-IH HUELL, que fue adquirido para la Procuraduría General de Justicia del estado para operativos de la Policía Ministerial a un costo de 19 millones 208 mil 590.95 pesos, pero que nunca funcionó.
Según la fuente, la orden de aprehensión en contra de los dos ex funcionarios se liberó el 26 de agosto del 2013, sin embargo los ex servidores públicos no fueron aprehendidos porque se fueron a Estados Unidos, y al regresar recientemente contaban ya con un amparo de la justicia federal, por lo que la orden de aprehensión quedó sin efecto.
Bajos Valverde y Patricia Díaz son dos de los más cercanos colaboradores de Zeferino Torreblanca en su gobierno y que cuentan, igual que él, con procedimientos administrativos abiertos en la Contraloría del Estado por irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
En el caso del helicóptero  Bell UH-IH HUELL, el ex procurador Alberto López Rosas turnó el asunto a la Contraloría del Estado por el presunto fraude en la compra del aparato, lo que motivó que se girara la orden de aprehensión en contra de Bajos Valverde y Patricia Díaz por el Juzgado Primero del Ramo Penal.
De acuerdo con el expediente, la aeronave fue adquirida por el gobierno de Zeferino Torreblanca a pesar de que en la bitácora de vuelo se establecía que operó desde 1967 en el estado de Texas.
En 1973 fue trasladada a la base Hambry de Okinawa, Japón; en marzo de 1975 retornó a Texas; en julio de 1975 se trasladó a Niágara  Falls, donde operó hasta 1988, cuando se traslada a Corpus Cristi, Pensylvania, hasta el 13 de abril de 1993, cuando contaba con 6 mil 088.6 horas totales de vuelo.
Además en el reporte se establecía que la aeronave “no tiene peso ni balance a bordo; no tiene peso y balance que considere el centro de gravedad con el blindaje instalado; está certificada como de categoría restringida de acuerdo al certificado tipo TCH13WE; no se localizó la barra para rapell; presenta evidencias que tuvo una reparación por daño en la viga principal izquierdo, misma que fue reparada en fecha 23 de septiembre del 2009 y respaldado según el documento UFI-UH1H-002, número DATE9-2309 por la compañía Uniflinght, en el que se indica que se le realizó una reparación estructural en el área señalada, sin embargo no aparece asentado en ningún documento la temporalidad del daño ni sus causas”.
Asimismo, el reporte establece que en pruebas realizadas en el aeropuerto de Chilpancingo, al intentar levantar el vuelo “el aparato no respondió, se elevó únicamente 20 centímetros del suelo y desplomándose después, sin causar mayores daños”.
El reporte agrega que a partir de entonces la Procuraduría de Justicia del estado solicitó la colaboración de la Procuraduría General de la República para que designara a peritos en materia de aeronáutica “que determinara las modificaciones del estado original actual, cualquier posible daño físico, valor de origen y actual del vehículo aéreo y si habrían sido sustituidas piezas originales por no originales, defectuosas o no utilizadas, correspondientes para el buen uso de éste, así como cualquier irregularidad u observación que debieran dictaminar dichos expertos”.
Con los antecedentes antes descritos, la Contraloría general del estado solicitó mediante oficio número CGE-SNJ-INV-90/2011 de fecha 19 de abril 2011 a la delegada de la Procuraduría General de la República, Esthela Cadena Azcona, la designación de peritos para emitir dictamen en materia de aeronáutica, misma que a través de la dirección general de servicios aéreos, a través de su director general adjunto, designó al ingeniero Raúl Sánchez Hernández , mismo que con fecha 24 de mayo del 2011 dio inicio al reconocimiento e identificación de la aeronave y con fecha 21 de julio del 2011 rindió su dictamen dirigido al contralor general del estado, el cual fue notificado con el oficio DEGRO/4327/2011 de fecha 26 de julio y firmado por Esthela Cadena Azcona.
En el dictamen de referencia, de 316 fojas, se detallan las conclusiones, en las que se establece que la aeronave presentó diversos reportes de luz, de chip, detector de rebabas metálicas de los engranes en la caja de 42 grados y que personal desconocido realizó la remoción del componente llamado caja intermedia (o caja de 42 grados).
Asimismo, con fecha 30 de diciembre del 2010 en el folio 0029 de bitácora se anotaron 17 discrepancias de vuelo por la tripulación sin haberlos reparado; en fechas 27 y 28 de enero, folio 0032 y 0033, respectivamente, se anotaron 5 y 6 discrepancias respectivamente por personal de vuelo sin haberlas reparado; en fecha 10 y 17 de febrero se anoto una discrepacincia de la luz, chip y detector de rebabas en la caja de 42 grados.
El taller DGAC número 256 adhirió además una etiqueta a la parte posterior del folio de bitácora número 0037, en la que indica diversas reparaciones supuestamente realizadas en fecha 1 de marzo del 2011 a la aeronave, “en las que se encuentra la luz encendida de chip detector o detector de rebabas, ya que ésta se origina debido a rebabas metálicas desprendidas por los engranes de la mencionada caja indicando la pérdida de material en los engranes de este componente”.
Todas estas fallas, según el expediente, fueron del conocimiento de los funcionarios quienes, sin embargo, realizaron el contrato de compraventa, por lo que afrentaron un juicio ante la Contraloría del gobierno del estado, dependencia que pidió el ejercicio de la acción penal pero no se ha cumplido debido a que el actual gobierno dio tiempo a que los ex funcionarios viajaran al extranjero en tanto conseguían el amparo que hoy tienen y por el que no pueden ser detenidos.