Carlos Pérez Aguirre

Opacidad, desvío y corrupción en el uso de recursos públicos

Con toda nuestra solidaridad para
la compañera Rosalba Ramírez García. Demandamos respeto al derecho de informar

Varias noticias se entrelazan y nos dan información sobre los excesos y corrupción en que han incurrido e incurren los funcionarios de gobierno y representantes populares, indistintamente del partido político en el que se hayan incrustado de momento, para lograr no el objetivo de modernizar y alcanzar el mejoramiento integral de la población, sino solo para atender sus particulares intereses de enriquecimiento económico, así como de familiares y amigos, a costa del presupuesto de los ciudadanos de guerrero.
Todo esto viene a cuenta cuando observamos una fotografía y nos enteramos por un reportaje periodístico que diversos diputados locales se indignaron por que trascendió la información sobre la presunción de daño financiero que en las cuentas públicas de 14 ayuntamientos detectó la AGE. De ellos corresponden 726 Millones de pesos a Acapulco, 100 millones a Chilpancingo y se reportan 12 municipios más.
Sin embargo, contra todo lo que se podría pensar, los señores diputados se indignaron no por la irregularidad detectada por la Auditoría General en las finanzas de los ayuntamientos cuestionados, sino por que esta información se filtrá a la opinión pública.
Y ahora le piden a la periodista que revele su fuente, contraviniendo la legalidad y generando una presión inadmisible a un medio periodístico. Parecería que los diputados de marras están aterrados por que trascendió la información. Podríamos aplicar aquello que “el que nada debe, nada teme” por que si la información como se señala es solo presunción y corresponde a un pliego de observaciones. ¿Cuál es el problema? Que se solvente y caso cerrado, dando además una lección de transparencia en el uso de los recursos públicos.
Pero todo indica que no es así, al parecer la AGE descubrió una enorme veta de irregularidades y eso sería entonces lo que realmente los diputados quieren ocultar.
Otra interesante nota dio cuenta de que el ex gobernador Zeferino Torreblanca y funcionarios de su gobierno están siendo llamados a declarar sobre graves irregularidades financieras que ocurrieron en su ejercicio, entre ellas la falta de comprobación de mil 300 millones en Salud y la compra de un helicóptero para la PGJ que por fortuna nunca voló, ya que su deterioro y obsolescencia hubiese causado seguramente una tragedia. Pues ahora resulta que dicho aparato costó a la entidad 40 millones de pesos, por lo cual se giró orden de aprehensión a dos funcionarios, a los cuales con el beneplácito del gobierno estatal se les dejó escapar.
Pero no se habla aun del caso del sector educativo, en donde las irregularidades en ese periodo fueron mucho mayores. Seguramente ello sucede por las componendas con empresas ligadas a los intereses de los dos periodos gubernamentales. Sin embargo, no habrá que esperar mucho en cuanto a un verdadero combate a la corrupción, pues los amagos corresponden más a cuestiones políticas y de arreglo de intereses de todo tipo, verbigracia las empresas.
Otra fotografía nos muestra a un casi lagrimoso Jorge Salgado Leyva (uno de los tres gobernantes reales) quejándose de que los recursos anunciados por el gobiernos federal por 67 mil millones de pesos, no pasarán por las arcas de la Secretaría de Finanzas del estado, sino mediante un fideicomiso que manejará el gobierno federal. Los recursos fueron anunciados desde ya hace un buen tiempo para reconstruir los desastres ocasionados por Manuel (la tormenta tropical, no por el ex alcalde acapulqueño de apellido Añorve).
Pero esta decisión del gobierno federal tiene una doble faceta: por un lado cuidar esos recursos de la voracidad de los funcionarios estatales –por lo cual los ciudadanos de Guerrero le aplaudimos–, pero también todo parece indicar que se utilizarán con criterios electorales, para apuntalar la deteriorada imagen que dejaron las pasadas administraciones priistas, situación que podría configurar un delito electoral –aunque con el caso Monex nos mostraron el tamaño de su insolencia–?a todas luces repudiable.
Así, el gobierno federal deberá cuidar que los recursos sean aplicados adecuadamente y sin sesgos políticos, poruqe si fuera de otra manera, la ciudadanía de Guerrero denunciará y repudiará ese desvío.
El gobierno federal se monta en la poca fiable y deshonesta imagen que tiene el gobierno de Ángel Aguirre, pero si pretende, como todo indica, usarlo para generar votos, se estará equivocando completamente por que es muy poco ético y no se debe lucrar con la desgracia del pueblo de Guerrero.

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