Se presenta amparado Zeferino ante la Contraloría y niega los cargos por desvío de recursos

El ex gobernador sostiene que el citatorio se debió a que busca ser candidato nuevamente a la alcaldía de Acapulco. Desmiente la versión de que hizo un pacto con Angel Aguirre, a quien califica como “profesional de la mentira”. Asegura que “tiene despedazado al estado de Guerrero”. Sus abogados dicen que el amparo fue por el temor de que fuera detenido

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo compareció ayer ante la Contraloría General del Estado por observaciones financieras a su administración en el sector Salud.
En una conferencia de prensa al término de su comparecencia, el ex gobernador declaró que el citatorio “es un absurdo” y que tiene motivaciones políticas por sus aspiraciones a la alcaldía de Acapulco.
Dijo: “si conociera recientemente (al gobernador Ángel Aguirre) tendría mis dudas, pero como lo conozco de hace muchos años, sé de su calidad de profesional de la mentira, el tamaño de lo traidor que es, y no tengo la menor duda de que es un señor congruente, pero cínico congruente”, respondió a la pregunta de un reportero respecto a si la acusación en su contra es por sus aspiraciones a la alcaldía de Acapulco, a la que aspira también el diputado local Ángel Aguirre Herrera, hijo del gobernador Aguirre Rivero.
Y en ese contexto, adelantó que insistirá en buscar la presidencia municipal de Acapulco aunque sea por otro partido, si Sinergia Social, la organización política que promueve, no obtiene su registro como partido político, aunque aclaró que  el objetivo de la organización no es solamente electoral.
Zeferino Torreblanca llegó a la Contraloría poco después de la una de la tarde acompañado por sus abogados Jorge Manuel Sodi Patiño y Juan Carlos Navarro Vázquez, del despacho Sodi y Asociados, que asumió su defensa ante las acusaciones en su contra por la falta de solventación de recursos en la Secretaría de Salud.
En los pasillos de la Contraloría ya lo esperaban dos ex funcionarios de su administración, el ex procurador de Justicia, David Sotelo Rosas, y el ex secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), Sabás de la Rosa Camacho.
De ellos sólo Sotelo Rosas y los dos abogados entraron con él a la comparecencia que fue a puerta cerrada.
El ex gobernador fue citado por la Contraloría General a las 13 horas de ayer con base en el expediente RS/PA/006/2014, mediante el cual se establece que el ex secretario de Salud, Antonio Jaimes Herrera, y dos testigos, Isidro Aurelio Velasco Castrejón y Juan José Robles Mojica, señalaron que fueron el ex gobernador Zeferino Torrreblanca “en contubernio con la subsecretaria de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Magali Salinas Serna, quienes no aplicaron los recursos destinados para diversos programas de dicha dependencia, los cuales, en consecuencia, no han sido comprobados”.
El ex gobernador y sus acompañantes estuvieron aproximadamente dos horas en la sala de juntas de la Contraloría, con el contralor Antonio Arredondo Aburto, quien recibió la respuesta por escrito de parte de los abogados del gobernador, y luego salieron para dar una conferencia de prensa en el restaurante El Tejado.
Allí el ex gobernador aseguró que sólo fueron unos minutos los que utilizó para  rendir su declaración en la Contraloría, a pesar de que su ingreso fue desde las 13 horas con 15 minutos y salió hasta las 15 horas.
El abogado Sodi Patiño explicó que la declaración de Torreblanca la rindieron por escrito para dar respuesta a las “supuestas imputaciones que se le hacen de parte de la Contraloría del estado”.
Aseguró que las acusaciones carecen de sustento y fundamento porque las quieren hacer consistir en que el ex secretario de Salud, Antonio Jaimes, cuando rindió su declaración como servidor público involucrado, “dijo que a él cuando lo designaron nomás lo designaron para que se encargara de las cuestiones políticas de la secretaría”.
Agregó que “es totalmente ilegal y absurdo” que la Contraloría cite a declarar al ex gobernador “sólo por lo que dice este señor y dos testigos más, en el sentido de que el contador lo designó para que sólo se ocupara de las cuestiones políticas de la secretaría”.
Por su parte, el abogado Navarro Vázquez dijo que el ex secretario de Salud para deslindarse declaró que él no firmó ningún documento, ni una sola factura, porque cuando lo designaron secretario le dijeron que las cuestionen financieras y administrativas iban a estar en manos de otras personas “y de allí sacó las conclusiones la Contraloría para hacerlo (al ex gobernador) copartícipe”.
Y luego, Sodi Patiño aseguró que no existe fundamento jurídico para citar al ex gobernador, “simple y llanamente no lo hay”.
A su vez, el ex gobernador Zeferino Torreblanca dijo que el responsable directo de las finanzas y la administración es a quien se le da el nombramiento y que por tanto él no tiene elementos para saber si hay o no faltantes.
Pero agregó que los señalamientos de los recursos de la Secretaría de Salud “ya han sido en su momento respondidos y justificados”, y agregó que qué casualidad que después de dos años de que se presenta esto, hoy resulta que quieren involucrar a Zeferino”.
De Jaimes Herrera, quien lo responsabilizó para deslindarse, reconoció que participa en las reuniones de su agrupación Sinergia Social, porque “nosotros no estamos restringiendo a nadie, la gente que quiera acogerse a la declaración de principios y al reglamento, es bienvenido.
—¿Pero hay confianza después de que le fue desleal?—preguntó una reportera.
—Pregúntele al presidente del partido, yo no soy el dueño del partido nuevo.

El caso del presunto fraude del helicóptero, resuelto

Zeferino Torreblanca admitió que antes de venir a la comparecencia, sus abogados solicitaron un amparo, “pero sólo para saber cómo andamos, y sabiendo de lo que son capaces, como lo hicieron con los ex funcionarios que de manera chicanera y en forma expedita liberaron ordenes de aprehensión, sin siquiera notificarles”, se quejó en referencia al ex subsecretario de Finanzas, Antonio Bajos Valverde, y la directora de adquisiciones, Patricia Díaz, acusados por el presunto fraude en la compra del helicóptero inservible.
Añadió que esa es la mejor prueba de la “barbarie y el primitivismo” con lo que hacen política en el estado de Guerrero.
A su vez, el abogado Sodi Patiño informó que el amparo lo solicitaron los abogados “porque yo no tengo confianza a las autoridades del estado, porque no me la han demostrado, al contrario, he visto ilegalidad tras ilegalidad, todas tan absurdas que se terminan cayendo como castillo de naipes”.
Declaró que por eso tenía el temor fundado de que al presentarse su cliente le fueran a salir con unas órdenes de aprehensión, como sucedió con los otros dos ex funcionarios.
El ex gobernador rechazó por otra parte que haya establecido un acuerdo con el gobernador Angel Aguirre, mediante el cual se suspendían los procedimientos administrativos a funcionarios de su administración y, a cambio, él se desistía de presentar una demanda por desvío de recursos en contra del ex gobernador por las camionetas blindadas que entregó a los cuatro obispos de Guerrero, como lo informaron los abogados Ramírez Millán y Ramírez Villalva.
“Cómo voy a hacer pactos con alguien que no tiene palabra, yo no he vuelto a hablar con él desde que salí de gobernador; de hecho no he cruzado palabra con él ni quiero cruzarla. Yo todavía tengo algo de dignidad, si no, no estuviera aquí, estuviera como muchos otros al lado de él pidiéndole perdón, yo no le pido perdón a nadie, al único que le pido perdón es al pueblo de Guerrero si le fallé en muchas cosas, pero no a un sujeto acostumbrado a mentir”, expresó el ex gobernador.

En cuanto al presunto fraude en la compra del helicóptero para la Procuraduría de Justicia, por el que hubo ordenes de aprehensión en contra del ex subsecretario de Finanzas y la ex directora de adquisiciones, sus abogados aseguraron que “ya se arregló de fondo” y que los amparos que obtuvieron no sólo fueron para evitar la detención sino que con ellos se resolvió de fondo el caso.
El abogado Sodi Patiño explicó que el aparato, que tuvo un costo de aproximadamente 2 millones 200 mil dólares, fue adquirido con recursos  estatales y federales, autorizados por la Secretaría de Seguridad Pública federal, y que cuando se fincaron responsabilidades a los dos funcionarios, impugnaron ante el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo  y también por la vía legal.
Y acusó que en una semana se integró la averiguación previa, se consignó ante un juez penal y se liberó la orden de aprehensión contra los ex funcionarios.
Sin embargo aseguró que el asunto se resolvió “en definitiva” por un juez federal, quien concedió un amparo no para que se suspendieran la órdenes de aprehensión, sino que la resolución del juez federal fue en el sentido de que no hay delito ni falta administrativa y que los recursos ejercidos fueron de manera compartida entre el gobierno estatal y federal.

El caso es político, acusa

Un reportero le preguntó a Zeferino Torreblanca si la acusación en su contra es consecuencia de sus aspiraciones a la alcaldía de Acapulco, a la que aspira también el hijo del gobernador Aguirre, Ángel Aguirre Herrera, y respondió:
“Sería tan ingenuo Zeferino si no conociera quién es Aguirre; si lo conociera recientemente, tendría mis dudas, pero como lo conozco desde hace muchos años, sé de su calidad de profesional de la mentira, sé el tamaño de lo traidor que es, y no tengo la menor duda que es un señor congruente, pero cínico congruente. Eso lo sabe la sociedad, luego entonces qué se pueden imaginar de un personaje que tiene despedazado al estado de Guerrero, y lo que habría de hacer es convocar para que trabajáramos juntos, porque es difícil gobernar el estado”.
Agregó que actualmente hay una involución y que el estado está en pedazos, “y el que lo quiera negar, quiere decir que no está viviendo en Guerrero”, esa es la realidad.
Con respecto a su participación electoral, en caso de que Sinergia Social no obtenga el registro como partido político, respondió que la agrupación no sólo es electoral, sino que se propone rescatar muchos de los valores que hoy se han perdido.
Explicó que el motivo principal de su creación es el de concitar a los ciudadanos que tengan voz y que opinen, “y que debatamos las cosas públicas”.
Pero dijo que independientemente de eso, “yo estoy pensando seriamente, haya o no partido político, participar. Añadió que situaciones como el citatorio por la Contraloría en lugar de hacerme que yo recule es un acicate para que yo siga participando y aporte mi último esfuerzo”.

Irregularidades en salud con Aguirre

En la conferencia de prensa el ex gobernador reprochó a los reporteros que no revisen las observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación a la actual administración estatal en el rubro de salud, y leyó un documento que llevaba listo en el que dice que en el ejercicio fiscal del 2012 “se presume un daño, probable perjuicio, o ambos a la hacienda pública federal por un monto de 34 millones 970 mil, por destinar recursos de la cuota social y aportación solidaria federal 2012 para el pago de erogaciones sin contar con la documentación comprobatoria del gasto”.
Mientras tanto en el programa del Seguro Popular leyó que en el mismo año del 2012 los servicios estatales de salud destinaron recursos del Seguro Popular para la adquisición de medicamentos y material de curación por 72 millones, “monto que representó el 3.4 por ciento del total de los recursos transferidos, que aunque no rebasó el 30 por ciento autorizado para este rubro, se pone como responsabilidad administrativa, ya que el presupuesto ejercido es muy bajo para la atención de los beneficiarios”.
Y luego se quejó de que mientras tanto, la Contraloría está ocupada en perseguir las observaciones que se hicieron en el 2010, “pero comparen ustedes las cifras”, pidió.