Tlachinollan

La disputa por el control de la CRAC de San Luis Acatlán

Centro de Derechos Humanos de la Montaña,

El conflicto que protagonizan los miembros de la Coordinadora regional de autoridades comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán con varios comisarios municipales, autoridades agrarias, consejeros y consejeras regionales y miembros de comunidades adheridas al sistema de justicia comunitaria,  se ha empantanado y se ha enfrascado en una confrontación estéril, por las visiones encontradas y las posturas irreductibles que han aflorado entre las partes que se han acuerpado en expresiones y grupos divergentes.
Son muchos problemas que se vienen arrastrando desde la coordinación pasada y que fue dejando una larga cauda de agravios que no fueron atendidos y valorados en su justa dimensión. Este descuido generó enconos, antagonismos y hasta separaciones de algunas comunidades. No se buscó resarcir daños ni se tuvo la disposición y capacidad para convocar a las partes que increpaban fuertemente el actuar de la CRAC. Los puntos más cuestionables siguen siendo las formas como establecen sus relaciones los miembros de la CRAC con las autoridades gubernamentales; las maneras como obtienen los recursos económicos; la falta de claridad sobre qué instancia debe ser la responsable de manejar estos recursos; qué mecanismos deben implementarse para el manejo transparente de los fondos que llegan  la CRAC. Cuáles son los roles específicos que deben desempeñar las y los coordinadores dentro del sistema de seguridad y justicia comunitaria y sus responsabilidades de cara a las asambleas micro regionales y regionales.
Algo que se tiene que valorar como una gran fortaleza dentro del sistema de seguridad y justicia comunitaria es su riqueza inagotable en cuanto a la generación de normas comunitarias que emanan de la experiencia de los sabios, las sabias, consejeros y consejeras que son las especialistas del derecho de los pueblos. Esto quedó patentizado cuando en asamblea las autoridades tuvieron que acatar la decisión de que la CRAC también se encargaría de atender casos de delincuencia organizada y delitos contra la salud. Fue un tema álgido, muy difícil de asumir por las implicaciones que representaba para el sistema, al tener que confrontarse con grupos delincuenciales que pululan en la región y que de algún modo están coludidos con los grupos de poder local, regional,  estatal y federal.  Contra toda esa maraña de intereses mafiosos, la CRAC asumió el gran desafío de enfrentarlos, como una manera de proteger el sistema comunitario y para demostrar al mismo tiempo, que la justicia comunitaria es más fuerte que cualquier poder fáctico.
Esta decisión fue histórica y se hizo en el marco de una asamblea de Paraje Montero. Fue muy ejemplar porque ahí los consejeros y consejeras en pleno, analizaron con gran responsabilidad esta situación y vislumbraron que era el momento clave para cerrarle el paso a los grupos de la delincuencia que empezaban a querer cooptar a la policía comunitaria o a verla como una policía fácil de someter y de amedrentar. También fue una gran lección la asamblea que se realizó  en El Rincón, donde se tomó la decisión de juzgar a cuatro personas acusadas por delitos contra la salud,  para posteriormente quemar 600 kilos de mariguana, a pesar de la petición hecha por el secretario de Seguridad Pública del estado de Guerrero, de que este caso fuera investigado por el gobierno federal.
La experiencia de casi dos décadas de construcción de un sistema de justicia alterno, propio de los pueblos originarios, ha dejado enseñanzas inobjetables: la Policía Comunitaria tiene una matriz histórica, con fundamento legal; con plena legitimidad y reconocimiento entre las comunidades que lo practican. Es sumamente eficaz, gratuito, expedito y transparente. Picando piedra es como se ha forjado este sistema fortificado por los pueblos, acuerpado por las asambleas e inspirado por normas consuetudinarias que tienen como sedimento la ética comunitaria.
Nadie de quienes dicen representar o defender a la CRAC debe perder de vista este proceso histórico, ni mucho menos perder piso ni perspectiva. Sería un grave error  colocarse en esta coyuntura por encima de los intereses superiores de la asamblea, o sentirse como poseedores absolutos de la verdad. Estas poses sobradas o de fuerza no caben dentro de un sistema de justicia que tiene su raíz en  comunidades que con mucho sacrificio parieron algo inédito de la cultura mesoamericana, y que su razón de ser se circunscribe en la defensa de los pueblos indígenas contra las amenazas del estado, que pretende avasallar sus territorios y acabar con toda la normatividad histórica de los derechos colectivos.
La disputa por el control de los recursos económicos y sobre las relaciones de poder que se generan al interior de las comunidades y entre los grupos de la policía comunitaria, ha desdibujado el qué hacer de las y los coordinadores, quienes se han extraviado en el rumbo que deben darle a un movimiento de pueblos que en el transcurrir de los años se han erigido como garantes  de su vida, su patrimonio y de su sistema de justicia  y seguridad comunitarias. Así como la asamblea del 23 de febrero de 2013 que se realizó en San Luis Acatlán, en medio de un conflicto que sigue marcando las diferencias y distanciamientos con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), tuvo la capacidad para elegir a los nuevos coordinadores, de igual manera, la asamblea de comunidades tiene la facultad y el poder para llamar a cuentas a los mismos coordinadores,  con el fin de resolver un fraude que está siendo causa de una mayor polarización y confrontación con la comisión que fue nombrada para investigar este delito.
Lo delicado del asunto es que los coordinadores de la casa de justicia de San Luis ya no pueden asumir una representación confiable para ayudar a dirimir el conflicto, porque su situación como parte involucrada les impide actuar como una autoridad imparcial. El hecho mismo de actuar contra los mismos comisionados que fueron nombrados por la asamblea para investigar el fraude, al encarcelarlos y denigrar su trayectoria sin respetar los mismo procesos internos de la CRAC, obliga a que la asamblea retome el control de la toma de decisiones, y que como medida de distención del conflicto es necesario que los coordinadores dejen de ejercer temporalmente sus funciones, mientras las y los consejeros, así como comisarios y autoridades agrarias,  determinen qué camino seguir en cuanto a la investigación y qué decisión tomar en cuanto a la coordinación de la casa de San Luis.
Desde el sábado 22 de marzo cuando por presiones de la asamblea, los coordinadores de San Luis  tuvieron que liberar a los comisionados de investigar el fraude: Valentín Hernández, Ignacio Navarro y Armando Zavala, ya se dejaba entrever que se bifurcarían los caminos para darle solución a este conflicto. Por una parte, se acordó que se nombraría a una nueva comisión para investigar tanto el fraude, como el atentado que sufrió el coordinador Eliseo Villar y la agresión  de la que fue víctima el consejero Vicente Aguilar. En ese mismo acuerdo se pidió que los coordinadores se abstuvieran de fijar posturas ante los medios de comunicación, para no generar más encono. Por otra parte se tomó el acuerdo de convocar a una asamblea en Espino Blanco, con el fin de que las comunidades pudieran analizar la situación y decidir qué hacer con los y la coordinadora de San Luis.
Cada parte en esta semana defendió sus posturas; los coordinadores de las casa de justicia de Cochoapa, Zitlatepec y El paraíso han asumido una postura más acorde a los planteamientos del coordinador de San Luis Acatlán, Eliseo Villar, y esto ha generado suspicacias sobre la forma cómo harán la investigación y los resultados que arrojará. Por la otra parte, se encuentran los coordinadores de Espino Blanco y varios consejeros de la casa de  San Luis Acatlán, así como comisarios municipales y autoridades agrarias, de las dos casas de justicia. En la asamblea de este sábado determinaron por votación mayoritaria la destitución de los coordinadores de San Luis Acatlán y se acordó que este lunes 31 de marzo por la mañana, tomarán posesión de la casa de Justicia de San Luis Acatlán.
El escenario no se vislumbra nada fácil, por el contrario, hay fundados temores de que pueda darse una nueva confrontación por la falta de acuerdos mínimos y porque no se ve en lo inmediato, cómo acordar una tregua para rehacer el diálogo y los acuerdos básicos y poder mirar más allá de la coyuntura y del conflicto que los ha colocado en una posición irreconciliable por el control de la CRAC de San Luis.