PERISCOPIO

Desinformadores (1). Una sesión del Congreso local que se suponía iba a ser histórica, se suspende porque la fracción del PRD no tiene acuerdo sobre el contenido de la nueva Constitución Política del Estado de Guerrero. Se habla, en un primer momento, de que los diputados que representan a las diversas corrientes perredistas proponen que se reserven para la discusión en lo particular una centena de artículos, la mitad de los 200 que contiene el proyecto. Para el sábado éstos se redujeron a 46, y Bernardo Ortega, el coordinador de la bancada, dice que ésta se encuentra lista ya para aprobar el celebrado documento en la sesión de este martes. Pero ni él ni ningún otro diputado del PRD han informado a la opinión pública a qué artículos pretenden hacerle modificaciones, precisiones o adiciones. Ortega sólo habló genéricamente de que las diferencias estaban en lo relativo a los pueblos indígenas y a las facultades de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría General del Estado. ¿Para qué informar con precisión? Entre menos debate público haya, entre menos se informe a la sociedad y entre más se le aleja de los asuntos públicos, más se fortalece la partidocracia, que es el interés supremo que une a la clase política de todos los partidos.

Desinformadores (2). Ya terminó el paro de labores que durante tres días mantuvieron trabajadores de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Acapulco, que demandaban homologación salarial con sus similares del Distrito Federal y la recategorización de sus puestos para obtener también por esta vía una mejor remuneración. Lo curioso –y cuestionable– a destacar es que la representante sindical no quiso informar en qué consistió el acuerdo –al cual calificó de “satisfactorio”– que llevó a dar fin a su movimiento. No se entiende este silencio. Pero menos entendible aún es que el secretario del Trabajo, Alberto López Rosas, se niegue asimismo a informar el porcentaje del aumento salarial que se otorgará a los trabajadores de la Junta. Ni para qué especular sobre cuál podría ser el motivo de esa falta de transparencia. Solamente señalarla y agregarla al abultado expediente de prácticas opacas de los políticos guerrerenses, y de los sindicatos que siempre han controlado.
A la defensiva. El citatorio de la Contralo-ría puso a la defensiva al ex gobernador Zeferino Torreblanca. Diga lo que diga, le suba al volumen de sus señalamientos al gobernador Ángel Aguirre –“tiene despedazado al estado”– lo cierto es que difícilmente tiene futuro político alguien que es acusado por el poder de desviar casi mil 400 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Salud, y que por añadidura, acude a la comparecencia en la que se defendería con un amparo bajo el brazo para evitar ser detenido. Torreblanca no es Andrés Manuel López Obrador enfrentando la persecución de Vicente Fox para cerrarle el camino a su candidatura presidencial. La carrera política del tabasqueño iba en ascenso en 2005, y ya se le señalaba como el favorito para ganar las elecciones de 2006. Y la carrera política del acapulqueño va a la baja, lo que se confirma con el fracaso de las asambleas que se celebraron en Iguala y Chilpancingo, dos de los principales municipios del estado en los que no pudo reunir el número mínimo de 200 asistentes para conseguir el registro del partido estatal que promueve. Todo esto lo tomó en cuenta el gobernador Ángel Aguirre cuando dio la orden al contralor Antonio Arredondo Aburto –su subordinado y promotor de la candidatura de su hijo para la alcaldía de Acapulco– de reactivar la investigación de los desvíos de fondos en la Secretaría de Salud en el gobierno de su antecesor.
Prioridades. La arremetida sospechosamente unánime de los diputados locales contra el auditor general del estado, Arturo Latabán, confirma que la aprobación de las cuentas públicas es una de las tres cosas que le interesan al político que quiere hacer una larga carrera sacrificándose por el prójimo en el servicio público. La primera es tener en sus manos la constancia de mayoría que lo acredita como candidato electo, no importa que ésta se las entreguen en la madrugada y aunque haya gritos y sombrerazos; la segunda es garantizar su toma de posesión haiga sido como haiga sido. Y la tercera, y ya dicha, es que el Congreso le apruebe sus cuentas públicas; es decir, que confirme que no tomaron para ellos ni un centavo del erario. Ya con la legalidad a su favor, pueden hacer prácticamente lo que sea. Que hubo fraude y compra de votos y una altísima abstención. Y qué, ya tiene la constancia de mayoría. Que ganó con menos votos que el resto de los partidos juntos, que si acaso lo apoyan una tercera parte de los electores. Y qué, ya tomó posesión y va a gobernar como si solamente él y su grupo (y en algunos casos la familia) existieran. Que en tres años, en seis, pasan de la medianía a tener bienes y posesiones, algunos milloncitos. Y qué, ya le aprobaron las cuentas públicas. Así se gobierna.
Chilpancingo otra vez. En conferencia de prensa dominguera, que implica que sus protagonistas –que no son funcionarios públicos– quitaron horas del día de descanso por excelencia a la familia, los miembros del Consejo Ciudadano de Seguridad alertaron que, pese a la muy difundida presencia de 300 policías federales y 500 estatales que desplazaron a los policías municipales desde el 1 de marzo, el crimen organizado sigue haciendo de las suyas. Ayer el organismo reportó que en una semana hubo 25 asaltos y cuatro secuestros en la capital, que dos de los plagiados siguen en cautiverio y que es necesario que el Ejército intervenga de lleno en el progama Juntos por Chilpan-cingo mismo que, propusieron, debe extenderse a los municipios vecinos, donde aseguran que se han refugiado los delincuentes. Por añadidura, un alto mando de la policía ciudadana de la UPOEG advirtió que si no se frena la violencia en la capital en un mes reactivarán su propósito de entrar a la ciudad a hacerse cargo de la seguridad. Propósito que, recordamos aquí, se interrumpió con el atentado al empresario Pioquinto Damián Huato en el que resultó muerta su nuera Laura Rosas Brito.