Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Del desfalco de Zeferino a la simulación justiciera de Aguirre

Como era de preverse, el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo se creyó digno de sumarse al martirologio y optó por declararse perseguido político para recusar los cargos en su contra por un desfalco que asciende a más de mil 300 millones de pesos en la Secretaría de Salud.
No le queda ese papel de sensible prima donna, a él que usó a la Procuraduría y a la justicia como instrumentos de venganza política y personal, pero tiene razón. El gobierno de Ángel Aguirre Rivero lo acusa de no comprobar esa enorme suma de dinero no por un principio de justicia, sino para frenar la pretensión del ex gobernador de ser nuevamente alcalde de Acapulco, lo que se interpone con sus planes.
El desfalco en la Secretaría de Salud es conocido desde el principio del gobierno de Ángel Aguirre y aun antes como lo dijo con insistencia el titular de esa dependencia, Lázaro Mazón, pero las autoridades no movieron un dedo para trasladar las investigaciones al terreno judicial.
Cuando fueron quemadas las oficinas y los archivos del Seguro Popular el 7 de marzo de 2011, días antes de terminar el gobierno zeferinista, fue evidente para la percepción pública que Zeferino Torreblanca dejaba un boquete financiero en la Secretaría de Salud, pues ocurrió después de que Lázaro Mazón hiciera la denuncia. Sin embargo, aquel incendio no ha sido esclarecido pese a los testimonios de que fue obra de un grupo de individuos armados que llevaron gasolina para prender el fuego.
Al estilo priísta, Ángel Aguirre emprendió tibias acciones administrativas contra ex colaboradores de Zeferino Torreblanca          –como Gloria Sierra, la última responsable del Seguro Popular, y Magaly Salinas Serna, la última encargada de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaria de Salud–, pero administró el expediente y postergó la acusación formal contra el ex gobernador hasta que éste representó un peligro para sus intereses políticos familiares. ¿Por qué no actuó antes contra él?, suponiendo que la comparecencia del viernes pasado ante la Contraloría signifique una acción destinada realmente a aclarar y castigar la sustracción del dinero.
Parece demasiado obvio para que sea verdad, pero de obviedades está llena la vida política y los hechos sugieren  que en efecto, lo que el actual gobernador busca es despejar de obstáculos el camino que también su hijo ha emprendido en pos de la Presidencia Municipal de Acapulco. Y Zeferino Torreblanca, al que se le supondría políticamente menoscabado, ha resultado ser uno de esos estorbos, probablemente el más grande si se le mide por la reacción legalista de Aguirre. Es muy probable que lo que el contador Torreblanca busca sea nada más erigirse en ese estorbo, pues sabe que si se lanza como candidato en Acapulco tendrá un pobre desempeño. Lo que significa que también el ex gobernador administra sus pasos.
Para quien se sienta asaltado por la duda sobre el interés del gobernador de sentar a su hijo Ángel Aguirre Herrera en el Palacio Municipal del puerto, debe recordar que en el 2009, cuando Aguirre era senador priísta, lo convirtió a la fuerza en candidato a diputado federal del PRI, cuando el joven apenas despuntaba no a una carrera política, sino a la vida, pues tenía 24 años de edad y su historia laboral sólo incluía cuatro meses como modesto jefe de departamento en la Secretaría General de Gobierno del estado de México, y dos meses como secretario particular del alcalde de Acapulco, que en el 2009 era su tío Manuel Añorve Baños. Ángel Aguirre impuso entonces a su hijo como candidato priísta a la diputación federal por el distrito de la Costa Chica, y para ello obligó a los otros aspirantes a replegarse. Sucedió lo mismo en el 2012 con la candidatura a la diputación local por la que ahora cobra Aguirre Herrera, pues su padre, ya gobernador, lo impuso sobre todos los perredistas que durante años habían cultivado su presencia en Acapulco. Inclusive le puso un tutor, función que desempeñó con gran eficacia Víctor Aguirre Alcaide, quien aleccionó al joven en los hábitos de las corrientes perredistas hasta la conclusión del proceso electoral, que naturalmente ganó. Desde esas fechas fue evidente que el objetivo de los Aguirre era la alcaldía de Acapulco en el 2015, y después de eso más allá… Ahí entra Zeferino Torreblanca como aguafiestas a la idílica vida del aún joven Aguirre Herrera, bajo la premisa de que al costo que sea terminará por ser impuesto como candidato del PRD a la alcaldía.
Si no es eso lo que explica el procedimiento administrativo abierto por la Contraloría contra Zeferino Torreblanca, entonces el gobernador deberá explicar por qué actúa hasta tres años después de haber empezado su gobierno y de que se desató el escándalo de los faltantes en la Secretaría de Salud, en cuyo elevado presupuesto puso el ex gobernador tan peculiar atención que se lo encargó a una persona de su confianza absoluta, Magaly Salinas Serna. Esta ex funcionaria fue su más discreta, cercana y eficaz operadora, primero como secretaria particular.
A raíz del citatorio dirigido a Torreblanca Galindo se supo por sus abogados que Magaly Salinas y Gloria Sierra habían sido inhabilitadas para ocupar cargos públicos, pero que después de impugnar la resolución ganaron el pleito al gobierno, es decir, que legalmente demostraron su inocencia. Pero a pesar de ese fallo, las irregularidades presupuestales existen, o el gobierno de Aguirre dice que existen pues ahora le imputa la responsabilidad al ex gobernador, que desde el principio del caso debió haber sido sometido al rigor de la ley.
En consecuencia, los hechos se presentan así: ni la audacia de Zeferino Torreblanca al presentarse como perseguido político disipa su responsabilidad en el gigantesco fraude contra el presupuesto de salud, ni la legaloide conducta de la Contraloría oculta el ingrediente político que activó la comparecencia del ex gobernador. Y por desgracia, lo más probable ahora es que el gobernador y el ex gobernador lleguen a un acuerdo subrepticio –como el que Zeferino asegura que no ha existido entre ambos– para privilegiar sus respectivos intereses. Si de casualidad el ex gobernador retira su intención de ser alcalde, y el gobernador frena los requerimientos de la Contraloría, ya se sabe por qué.

Apostilla

Por cierto, hace dos años el director de la Promotora y Administradora de Playas de Acapulco, Rogelio Hernández Cruz, hizo público un fraude por tres millones de pesos cometido por el director administrativo, Igor Aguirre Vázquez, quien para consumar el robo falsificó su firma y retiró el dinero de una cuenta mancomunada. Igor Aguirre es sobrino del gobernador y primo de Aguirre Herrera, y por aquellas fechas pertenecía al equipo de campaña de este último por la diputación local. Pero a pesar de la denuncia pública, y de que el gobernador hizo un comentario sobre el asunto, nada pasó. “Es mi primo y es bienvenida la gente que sea”, dijo entonces Aguirre Herrera.

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