Marcos Méndez Lara

Monitor de Guerrero

*Acapulco y Chilpancingo, opacos en el gasto federalizado

Los ayuntamientos de Acapulco y Chilpancingo obtuvieron dictámenes negativos en las auditorías financieras y de cumplimiento aplicadas a  los recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun) del ejercicio 2012, en donde la Auditoría General del Estado consideró que ambos municipios no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables.
Esta información no es una filtración, sino la realidad de la rendición de cuentas en  Guerrero, que a los diputados del Congreso del estado les incomoda difundir entre la ciudadanía.
Los datos provienen del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, que se publica en el portal electrónico de la Auditoría Superior de la Federación http://asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Paginas/Master.htm, y forma parte del programa de auditorías del ejercicio 2012, que en el caso de Guerrero incluyó la revisión del ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal en tres municipios (Chilapa, José Joaquín Herrera y Quechultenango), así como del Fortamun en los ayuntamientos de Chilpancingo y Acapulco, es decir, los dos municipios que reciben los mayores montos de recursos provenientes de la Federación en el estado de Guerrero.
En el caso de Acapulco, la federación envió 352.8 millones de pesos del Fortamun, que representaron 7.6 por ciento del total de los recursos obtenidos por el municipio en 2012.
Esta inversión se distribuyó principalmente al Subsemun (15.6 millones), saneamiento financiero (96.1 millones), “dignificación salarial” (pago de nómina) (153.8 millones), adquisiciones (12.1 millones), programas especiales de seguridad y prevención del delito (18.1 millones), protección civil (16.7 millones); proyectos especiales de infraestructura de bacheo (18.9 millones) y alumbrado público (10.4 millones de pesos).
En este periodo, la AGE determinó 15 resultados con observación, entre ellos, que el ayuntamiento no presentó documentación comprobatoria por 68 millones de pesos; 2.9 millones se pagaron en un obra que reportó nulo avance en su programación; 198 mil pesos por pagos improcedentes en una obra, y 29 mil pesos por la falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos; todo lo anterior, en detrimento de los beneficios esperados del fondo para el municipio.
Asimismo, el ayuntamiento de Acapulco no presentó la evidencia documental que acredite la entrega de los informes trimestrales del ejercicio fiscal 2012 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el destino, ejercicio y resultados del fondo. También sobre el tema de transparencia, el municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes, al inicio del ejercicio, el monto recibido del Fortamun del año 2012, las obras y acciones por realizar, su costo, ubicación, tipo de obra, metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio reportó los resultados alcanzados, como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal.
Lo anterior significa que el municipio de Acapulco no sólo fue opaco con la ciudadanía que lo eligió, sino que también omitió información estratégica a las dependencias que controlan el gasto.
El ayuntamiento tampoco presentó la autorización del Congreso del estado para la adquisición de deuda pública y la evidencia documental que acredite que la inscribió en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios.
Al revisarse las nóminas pagadas con recursos del Fortamun, se constató que el municipio de Acapulco no enteró a la instancia respectiva las retenciones del Impuesto Sobre la Renta.
El municipio no presentó los expedientes y documentación comprobatoria de 16 obras por un monto total de 10.8 millones de pesos, no obstante que en la balanza de comprobación y el reporte de avance físico-financiero, registró estos recursos el monto total ejercido.
Igualmente, el ayuntamiento no presentó el expediente técnico o unitario de una acción reportada con un avance nulo por 2.9 millones de pesos.
Una obra revisada no cumplió con el plazo de ejecución de los trabajos, ya que durante la visita de campo se encontró inconclusa, además de que no existe evidencia de que el municipio haya aplicado las sanciones correspondientes al contratista debido al retraso en la ejecución de los trabajos.
En la obra de rehabilitación del centro de salud en la colonia Cumbres de Llano Largo, se realizaron pagos improcedentes por 198 mil 500 pesos.

Chilpancingo

Los recursos del Fortamun destinados al municipio de Chilpancingo fueron por 107.9 millones de pesos y representaron 20.3 por ciento de los ingresos totales del municipio.
La AGE consideró que el control interno para la gestión del fondo fue deficiente, ya que las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades fueron insuficientes, lo que afectó el cumplimiento de su objetivo, la observancia de la normativa y la transparencia en la operación del Fortamun.
El órgano fiscalizador local agregó que el municipio realizó una gestión inadecuada de los recursos del fondo, ya que se determinaron irregularidades por 11.8 millones de pesos, además de que no dio a conocer entre los habitantes, como lo marca la ley,  el monto recibido, las obras, su costo, ubicación, metas y beneficiarios.
Entre las irregularidades detectadas destacó que el municipio carece de la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones de los recursos del fondo por 3.1 millones de pesos. Asimismo, no presentó la documentación comprobatoria -con requisitos fiscales- por el pago de alimentos del personal operativo de seguridad pública por 255 mil pesos.
El municipio presentó facturas por el arrendamiento de camiones, equipo para recolección de residuos sólidos y patrullas por 1.1 millones de pesos a nombre de la empresa arrendadora, cuando debían ser a nombre del ayuntamiento.
Igualmente no enteró las retenciones salariales de los meses de octubre y noviembre de 2012 a la instancia correspondiente, por 1.1 millones de pesos. Además, no presentó los contratos firmados que demuestren el consentimiento de los trabajadores para que se genere el descuento.
El municipio pagó recargos por 55 mil pesos por el envío extemporáneo de las contribuciones del 2 por ciento del impuesto sobre nómina a la Sefina, además de que pagó 277 mil pesos de sueldos y salarios a comisarios, sin presentar la documentación comprobatoria.
También se encontró que los recibos de nómina de los salarios pagados con recursos del fondo no disponen de la firma que acredite la recepción del pago por 898 mil de pesos. Asimismo, pagó 794 mil pesos a trabajadores que no fueron localizados en su área de trabajo.
Un asunto muy grave es que durante la revisión se detectó que el ayuntamiento de Chilpancingo careció en 2012 de un programa de seguridad pública que orientara sus acciones en esta materia.
En otro asunto, el municipio no presentó los expedientes técnicos de 26 obras, por 3.3 millones de pesos, lo que impidió verificar la congruencia entre las cantidades de obra pagadas y las ejecutadas y el nivel de cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Adicionalmente, el ayuntamiento no presentó el expediente técnico y unitario del servicio de rehabilitación y mantenimiento de la red de alumbrado público, que acredite los trabajos realizados por 600 mil pesos.
Finalmente, se encontró que el municipio adquirió vehículos y luminarias por un millón de pesos con un proveedor cuya actividad comercial no corresponde con su registro ante la SHCP.

Por una rendición de cuentas ciudadana

Más allá de la disputa política y mediática entre diferentes grupos dentro del Congreso del estado por la captura y el control de la fiscalización superior en el estado, el resultado de las revisiones al ejercicio de los recursos de las dependencias públicas y ayuntamientos guerrerenses, por la AGE o la Auditoría Superior de la Federación, sigue colocando en entredicho la rendición de cuentas en el estado y ratifica la persistencia del manejo irregular de los recursos.
No vale que los diputados y otros funcionarios protesten airadamente por la “filtración” de los informes de cuenta pública de algunos ayuntamientos, cuando es una de las escasas formas  que tienen los ciudadanos de enterarse de las irregularidades en el ejercicio de los recursos ante la opacidad de quienes los ejercen.
Cuando un gobierno realiza buenas prácticas y es transparente no teme a las filtraciones ni a auditorías institucionales ni al escrutinio ciudadano. Quienes desviaron recursos en su gobierno, sean diputados, alcaldes, gobernadores, regidores o funcionarios,  sospecharán en todo momento que hay ofensivas políticas en su contra.
Por ello es ya muy indispensable que la fiscalización de los recursos no sólo esté en manos de los políticos, sino que comiencen a pensarse y diseñarse mecanismos de intervención ciudadana. Si no es así, la rendición de cuentas siempre estará en entredicho.
Pero ésta será una lucha que deberá darse desde la ciudadanía, pues la clase política no legislará en favor de la transparencia –a menos que sea un mandato constitucional, como fue el caso de la ley de transparencia- ni establecerá mecanismos eficaces para la rendición de cuentas hacia los ciudadanos.

Por fin

Recientemente se publicaron en el periódico oficial del estado los montos y el calendario de ministraciones del FISM y del Fortamun, que son los recursos que llegan directamente a los municipios de Guerrero provenientes de la federación. Esta información que debió publicarse antes del 31 de enero, según la Ley de Coordinación Fiscal, el gobierno del estado la dio a conocer hasta marzo –aun cuando la fecha del periódico oficial del estado es de enero-.
En 2014 se invertirán en el FISM 4,409.5 millones de pesos destinados a los 81 municipios de la entidad. Destaca por sus mayores montos, Acapulco, que recibirá 492.2 millones de pesos, Chilapa con 224.9 millones, Chilpancingo 151.7 millones, Ayutla de los Libres con 144.4 millones y Acatepec 141.5 millones. Estos cinco municipios se llevan una cuarta parte del monto total del estado que se destina a obra pública municipal.
En el caso del Fondo para el Fortalecimiento Municipal, el monto global para el estado de Guerrero es de 1,730.2 millones de pesos. Acapulco es el municipio que en 2014 recibirá mayores recursos de este fondo con 403.3 millones de pesos, Chilpancingo, con 123.4 millones, Iguala, 71.6 millones, y Chilapa, con 61.6 millones y Zihuatanejo 60.3 millones de pesos.
Para que los ciudadanos conozcan el monto de los recursos que envió la federación a su municipio para obra pública, consultar: http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/?paged=11

Trampas en el decreto de consejeros

El Congreso del estado publicó el decreto número 443 por el que se designa a los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero.
Es curioso, pero el documento parece incluir algunos párrafos que responden o quieren invalidar los argumentos por los que se cuestionó la legalidad y legitimidad de la decisión de los diputados.
Por ejemplo, innecesariamente buscan destacar el número de mujeres que participaron en cada etapa del proceso de selección, cuando el espíritu de la ley de transparencia, al reclamar equidad de género, se refiere a la integración final del ITAIG, no a las fases previas.
Asimismo, al describir el currículo de Roberto Rodríguez Saldaña, con alguna ingenuidad colocan su última actividad laboral en los siguientes términos: “Catedrático, impartiendo la materia de Teoría General del Derecho. Universidad Autónoma de Guerrero. Actualmente”.
Su cargo de director de la Unidad Académica de Derecho de la UAG, que desempeñó de 2010 a 2014, y por la cual se le cuestionó, aparece en medio de otras actividades menos importantes, como buscando esconder su reciente desempeño como servidor público y que lo hacía inelegible para ser consejero.
En este tenor, en el currículo de Crescencio Almazán Tolentino se omite inexplicablemente uno de los cargos públicos más relevantes que ha desempeñado el hoy consejero, como es la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social, cargo por el cual se le impugna porque no renunció a tiempo.

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