Tres mil trabajadores del Poder Judicial paran labores en todo el estado por aumento de 12%

*Participan administrativos, secretarios de acuerdos y jueces, que denuncian no haber recibido un incremento a sus salarios  en ocho años. La presidenta del TSJ, Lambertina Galeana, se comprometió a aplicarlo esta misma semana. Si no cumple, “el 21 de abril nos vamos a huelga general”, advierte el presidente de la Asociación de Jueces del Estado. Señalan al secretario de Gobierno Martínez Garnelo por el retraso para mejorar sus remuneraciones

Unos tres mil trabajadores administrativos, secretarios de acuerdos, algunos abogados de oficio y jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) adscritos a los juzgados penales, civiles, familiares y de paz pararon labores ayer para exigir el aumento salarial de 12 por ciento que desde 2012 no se les ha otorgado, y el bono del 10 de mayo del año pasado que les fue quitado.
El paro laboral se realizó en todo el estado, en las oficinas del TSJ en Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Zihuatanejo, Chilapa, Tlapa y Ciudad Altamirano.
Los trabajadores cerraron oficinas, impidiendo el desarrollo de las actividades, aunque en algunos casos como en los juzgados penales de Acapulco los jueces o secretarios de acuerdos realizaron los procedimientos pendientes, como fue el caso de Aurora Molina, hermana de Gonzalo Molina de la CRAC, en otras oficinas.
Los trabajadores exigieron el aumento salarial de 12 por ciento que desde 2012 no se los han otorgado, un bono del 10 de mayo del año pasado que les fue quitado, mientras que en municipios como Zihuatanejo, pidieron seguro de vida, seguro de orfandad y viviendas dignas.
Los jueces exigieron respeto a la carrera judicial, porque dijeron que hay unos 60 jueces que pueden ser magistrados y no se les ha dado la oportunidad.
En todos los casos reprocharon que el ex presidente del Tribunal y actual secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, no haya cumplido el ofrecimiento del aumento salarial.
Por la noche, en Chilpancingo después del movimiento laboral de 6 horas y media –comenzó a las 9 y media y terminó a las 4 de la tarde– los jueces, secretarios de acuerdo, actuarios, proyectistas y personal administrativo del Poder Judicial levantaron el paro, con la promesa del secretario general de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ, Juan Sánchez Lucas, de que en esta semana el personal administrativo recibirá el incremento salarial de 12 por ciento.
El presidente de la Asociación de Jueces del Estado de Guerrero, Leoncio Molina, informó que el funcionario les aseguró que en la primera quincena de abril este mismo aumento lo recibirán los 55 jueces del ramo penal, civil y de lo familiar, así como los actuarios y secretarios de acuerdos.
El ofrecimiento fue hecho por la presidenta del TSJ, Lambertina Galeana Marín, a través de Sánchez Lucas.
Aunque el juez advirtió que “en caso de que la palabra de la presidenta del Poder Judicial no se cumpla, el 21 de abril nos vamos a huelga general”.
En Acapulco a las 10 y media de la noche, una trabajadora de los juzgados de paz y familiar, ubicados en Caleta, vía telefónica informó que continuaba el paro laboral, que  había una guardia de trabajadores afuera de las oficinas y que a las 4 de la mañana serían reemplazados por otros.
Precisó que a las 7 de la noche una comisión de trabajadores llevó un pliego petitorio a las oficinas del tribunal en Chilpancingo pero hasta esa hora no habían obtenido una respuesta.
En Iguala a las 9 y media de la noche había guardia afuera de los juzgados y en Ciudad Altamirano por la noche, recibieron la noticia de que las secretarias ya tendrían su aumento de salario y retroactivo, pero faltaban los secretarios de acuerdo, jueces y proyectistas.
Los días 3 y 4 de septiembre del año pasado, los trabajadores administrativos de los juzgados penales del TSJ y del reclusorio en Acapulco también pararon labores por tres y cuatro horas, respectivamente, para exigir les complementaran el bono por el día del burócrata, un aumento salarial del 12 por ciento y el pago del retroactivo del 2013.
En una nota de El Sur el 5 de febrero se informó de un documento con logotipos del SUSPEG, fechado el 9 de septiembre del 2013 y dirigido al gobernador Ángel Aguirre Rivero, firmado por el secretario general David Guzmán Sagredo, donde los trabajadores solicitaron que el gobernador autorizara la liberación de un recurso adicional al Poder Judicial para el incremento salarial del 12 por ciento; lo anterior era con “la finalidad de prever cualquier manifestación de inconformidad  por parte de los trabajadores”, se leía en el documento.

Cierran con candado las oficinas en los juzgados de Acapulco

En Acapulco, unos mil 200 trabajadores pararon labores en los Juzgados Penales que están en el reclusorio, así como los Civiles, Familiares y de Paz en Caleta.
Desde las 9 de la mañana los trabajadores administrativos y secretarios de acuerdo del TSJ pararon labores en los juzgados penales y no permitieron la entrada a las oficinas, cerraron las puertas y colocaron un candado.
Los inconformes, incluidos algunos defensores de oficio, se reunieron en la entrada principal a los juzgados donde y con pancartas en mano exigieron se les cumplan sus peticiones.
“Exigimos solución, 12 % incremento salarial año 2012 a 2014” y “Señores jueces no permitan que les impongan magistrados que no tienen carrera judicial, ustedes también son víctimas de arbitrariedades, nuestra solicitud es justa. El incremento es para todos”, decían las pancartas.
En otra de las cartulinas que después fueron pegadas en la puerta a los juzgados se leía “Sr. presidente Enrique Peña Nieto necesitamos su intervención, ganamos 2,800 quincenales y bases después de 15 o 17 años de servicio, atendemos narcomenudeo y compañeros han pagado con su vida. No espere más”; también gritaban “trabajadores unidos jamás serán vencidos”.
Mientras que en el Palacio de Justicia en Caleta, donde están los juzgados Civiles, Familiares y de Paz, se informó que poco más de 500 trabajadores cerraron las puertas a las oficinas poco después de las 7 de la mañana.
Ahí también los inconformes colocaron candados en las puertas y cartulinas para exigir les cumplan sus demandas; los trabajadores pidieron la intervención del gobernador Ángel Aguirre Rivero para una solución pronta sin afectar a terceras personas.
Consultada una de las trabajadoras en los juzgados del reclusorio, Amalia Sánchez Corona, adscrita al juzgado Quinto Penal, oficial administrativa de base apoyada por los demás trabajadores, indicó que “no nos vamos a retirar si no nos depositan completo el pago”.
Precisó que no han tenido aumento salarial desde hace ocho años, pero desde hace tres el ex presidente del TSJ, Jesús Martínez Garnelo, les prometió el incremento “pero es hora que no nos depositan”, se quejó otra trabajadora.
Además de que exigen el complemento del bono del 10 de mayo, el cual asciende a 500 pesos que también Martínez Garnelo les quitó.
“Nos habían dicho primero que en el mes de noviembre en la segunda quincena del año pasado, después que en la segunda de enero, apenas acaba de ir una comisión a las oficinas en Chilpancingo y le dijeron que en la segunda de marzo, que tampoco resultó cierta”, dijo.
Los trabajadores informaron que el paro laboral sería hasta las 3 de la tarde pero hubo trabajadores que se quedaron de guardia hasta las 6 de la tarde, para no permitir la entrada a ninguna persona a los juzgados.
Trabajadores consultados informaron que el sueldo de un trabajador administrativo es de 2 mil 100 pesos a la quincena, en tanto que el de un juez de sala es de alrededor de 22 mil pesos quincenales y el horario laboral según la ley orgánica es de 8 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero se quejaron de que “no es respetado”.
Mientras que en Chilpancingo el paro laboral ocurrió en los juzgados penales ubicados a un costado de la cárcel.
Ahí el juez Leoncio Molina Mercado indicó que la acciones que emprendieron “no fue algo que queríamos tomar o llevar a cabo, pero los responsables del Poder Judicial año con año nos han venido diciendo que va a haber incremento salarial, pero los jueces, secretarios y proyectistas tenemos cuatro años que no hemos sido beneficiados” con los aumentos.
“Ya no es posible mantener esta situación, por lo que hemos tomado estas medidas para ver si ya nos hacen justicia y nos incrementan”, puntualizó.
El juez manifestó que desde hace cuatro años los jueces, proyectistas y secretarios de acuerdos no han recibido incrementos salariales. En tanto que a los trabajadores administrativos han recibido aumentos pero han sido en términos reales mínimos.
Molina Mercado indicó que en Guerrero no se está “respetando la carrera judicial”, ya que “nosotros tenemos sufriendo con salarios bajo pero aún así estamos dentro del Poder Judicial con la intención de poder seguir adelante y de concluir como magistrados, que es el último escaño que establece la carrera judicial en la Ley Orgánica” del TSJ.
Denunció que “en la actualidad hay como 20 escritos del mismo número de jueces que se quieren jubilar, y que no se les ha dado respuesta y ellos tienen ya promoviendo esa jubilación desde hace uno o dos años. Y lo que están argumentando es que no hay dinero para jubilarlos”.

Adicionó que hay alrededor de 60 jueces que “pueden ser y son capaces de ser magistrados, tan es así que lo que hemos dicho es que si muchos tenemos más de 20 años como jueces somos capaces para desempeñar el cargo de magistrados”.
No obstante, convertirse en magistrado es un proceso que “está cerrado y se traen personas de otros lugares y vienen aquí a disfrutar como magistrados a pesar de que no estuvieron en el Poder Judicial”, acotó.

Chilapa, Tlapa, Ciudad Altamirano, Zihuatanejo…

En Chilapa, los trabajadores de los tres juzgados del TSJ también tomaron las instalaciones de los juzgados por la misma demanda, alrededor de las 11 de la mañana.
Consultada en la manifestación que encabezó a las afueras de las instalaciones del Poder Judicial, Leonor Olivia Rubalcaba Vargas, juez del ramo civil y tesorera de la Asociación de Jueces de Primera Instancia del Estado de Guerrero, dijo que el actual gobierno de Ángel Aguirre no ha  considerado el escalafón de los jueces para ocupar los cargos de magistrado y que tampoco les ha respondido porque sí está considerando a “gente externa”.
En el juzgado del ramo civil, los 12 trabajadores suspendieron labores donde se encuentran radicados alrededor de 400 casos.
En tanto en  el municipio de Tlapa, participaron los 65 trabajadores, que suspendieron los trabajos desde las 9 de la mañana a las tres de la tarde y cerraron las oficinas, ubicadas en el poblado de Atlamajac donde también se encuentra el Cereso.
Las oficinas de los juzgados penal, civil y familiar se mantuvieron cerradas con pancartas en las paredes para exigir el aumento salarial ante las fuertes cargas laborales.
La queja de los trabajadores es que no se respeta su carrera judicial, al favorecer a trabajadores del Poder Judicial  Federal que llegan a cubrir puestos de confianza en la institución, además de pedir autonomía en este sector y no se permitan las “influencias” para llegar a un cargo y que se otorguen becas para los trabajadores ante los bajos salarios que tienen y que limita darles una educación de calidad al no poder sostener los gastos que les origina que sus hijos vayan a la escuela.
En Ciudad Altamirano, los trabajadores de las oficinas de los juzgados del distrito de Mina y Cuauhtémoc, tanto penal como de Paz, desde el juez hasta los intendentes, estuvieron dentro del paro.
En Coyuca de Catalán, donde está la sede del Distrito de Mina, se colocaron cadenas a las puertas y cerca de 30 personas se pusieron en la entrada con pancartas pidiendo el aumento de sueldo, del cual señalan que llevan varios años sin recibir.
En Arcelia, donde está el distrito de Cuauhtémoc, también hubo un paro laboral y de la misma forma cerraron las oficinas a las actividades cotidianas de los juzgados, para impedir el ingreso de cualquier persona.
Por la noche recibieron la noticia de que las secretarias ya tendrían su aumento de salario y retroactivo, pero faltaban los secretarios de acuerdo, jueces y proyectistas, y en caso de no llegar a un arreglo en el tema, continuaría el paro, sin embargo se esperaba que la mesa de negociación no se suspendiera en la noche.
Mientras que Zihuatanejo, unos 50 ?trabajadores se sumaron al paro laboral a las 11 de la mañana, para exigir la regularización del salario con retroactivo; vivienda digna; seguro de orfandad y seguro de vida
Los trabajadores administrativos, secretarias, mecanógrafas, actuarios, secretarios de acuerdos, oficiales administrativos de base y extraordinarios, pidieron a todos los usuarios que se encontraban en el edificio que abandonaran el lugar, luego cerraron el acceso principal al Palacio de Justicia ubicado en la avenida Bicentenario, frente a una unidad deportiva y a un costado del penal para no permitir el acceso a las personas que iban hacer algún trámite en los tribunales.
Enseguida colocaron pancartas con leyendas de protesta en las que exigían el incremento a su salario y demás prestaciones.
Al entrevistar a los inconformes, acusaron que el ahora secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, les aseguró que tendrían los beneficios que ahora exigen con el paro de labores, “pero no nos cumplió”.
También acusaron que el Juez Segundo Penal de Primera Instancia, Carlos Meza, intimidó a algunos de sus compañeros trabajadores, principalmente a los de ese juzgado, cuando se enteró que pararían labores, “pasó a los lugares de cada uno y de manera intimidatoria les preguntaba si se iban a ir o no al paro; eso es indebido”, consideraron.
Y en Iguala los trabajadores pararon labores desde las 9 de la mañana; los 16 secretarios de acuerdos, defensores de oficio y el juez del juzgado segundo de lo penal Filoleno Vázquez Espinoza suspendieron sus actividades y cerraron las oficinas de los juzgados 1 y 2 de primera instancia en materia penal del distrito judicial de Hidalgo, ubicados junto al Cereso de Tuxpan.
En el exterior de las oficinas colocaron cartulinas en las que se leía la demanda de solicitud de incremento salarial con retroactivo a tres años. Asimismo, sacaron sillas y se plantaron en el exterior de las oficinas.
Denunciaron desvío de recursos por parte del ex presidente del TSJ, Jesús Martínez Garnelo, presuntamente destinado para la remodelación del Palacio de Justicia en Chilpancingo.
Expusieron que en los juzgados primero y segundo no se le han invertido recursos para su remodelación, mobiliario ni equipo de cómputo, el cual está inservible.
“En la casa de justicia no hay justicia”, reclamó el juez Vázquez Espinoza luego de señalar que desde el arribo de este gobierno de Aguirre Rivero “no hay respeto a la carrera judicial, porque sólo se da preferencia a externos que no tienen el perfil”.
A las 11 de la mañana los empleados del juzgado de primera instancia en materia civil, familiar y de paz de este distrito judicial de Hidalgo, también se sumaron al paro de labores, el cual se dio de forma simultánea en todo el estado.
En un primer momento los empleados del TSJ se plantaron en la entrada a las instalaciones del juzgado y minutos después cerraron las puertas y colocaron cartulinas en la fachada del edificio ubicado en la parte posterior del palacio municipal. (Carlos Moreno A., Brenda Escobar, Fernando Hernández, Israel Flores, Luis Daniel Nava, Carmen González Benicio y Alejandro Guerrero / Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Ciudad Altamirano, Chilapa, Tlapa, Iguala).