Los derechos humanos están condicionados en la nueva Constitución, denuncia el Centro Morelos

*Califica de retroceso que las garantías individuales queden supeditadas a leyes secundarias y al presupuesto

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón denunció que el proyecto de nueva Constitución del estado condiciona las garantías individuales al cumplimiento de leyes secundarias y reglamentos, así como a la capacidad presupuestaria de los gobiernos, y eso evidencia un “retraso neuronal muy grande en los diputados”.
Explicó que los recursos económicos no pueden ser pretexto para el goce de los derechos humanos, y así la nueva legislación no responde a los estándares internacionales adoptados por México y que ya son ley interna del país.
Advirtieron que si se mantiene en este sentido, “lo que se cacareó como una nueva Constitución quedará como una burla más al pueblo de Guerrero”.
Mediante un boletín, el centro también señaló que de nada servirá una nueva Constitución si continúa la flagrante violación a los derechos humanos, pues “el problema no es sólo de normas, también de las malas prácticas de quienes ocupan los espacios de los tres órdenes de gobierno”.
El organismo civil explicó que del artículo 4 al 6 de del proyecto se habla de la armonización con el artículo primero de la Constitución federal, pero en el séptimo dice: “Las leyes y normas generales, establecerán los requisitos, condiciones y demás modalidades para que las personas tengan acceso al goce de los derechos humanos y establecerán además, los mecanismos, procedimientos, jurisdicciones, tribunales, órganos y todos aquellos instrumentos jurídicos que sean necesarios para el disfrute efectivo, con equidad social, de estos derechos humanos y de las garantías necesaria para su protección; teniendo como límites, ámbitos de gobierno y la capacidad presupuestaria de cada una de ellos”.
Si los derechos humanos están condicionados a leyes secundarias como la educativa y laboral que representan retrocesos para los trabajadores, así como los presupuestos de los gobiernos locales, cuestiona el centro, ¿dónde queda la responsabilidad de los gobernantes de promover, proteger y garantizar los derechos humanos?, ¿dónde queda la progresividad de los mismos?
Expresa su preocupación porque tanto el gobernador Ángel Aguirre Rivero como los diputados locales tienen una propuesta retrógrada en derechos humanos, pero progresista en lo político, porque incluyeron la reelección, que ya es una práctica común, “todos sabemos que cuando (los políticos) no son diputados son presidentes municipales, pues ahora también estos últimos podrán ser reelectos, pero no conformes con ello no permiten la eliminación de las diputaciones plurinominales”.
El Centro Morelos se suma a las observaciones que hizo al proyecto el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), entre otros, en el señalamiento de que el gobernador sigue conservando muchas atribuciones, como incrementar la deuda pública.
Asimismo, recuerda que no se incluyó la revocación de mandato, ni se reconoce la composición pluriétnica y pluricultural de la población del estado.
Tampoco se incorporaron las demandas de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Estado de Guerrero (UPOEG) para que se reconozca a los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica propia.
Indica que la UPOEG también propuso que se agregue la Policía Ciudadana a la Constitución, porque a la fecha sólo reconoce a la Policía Comunitaria y a la Rural, que promovió el gobernador en 2013.
El organismo cuestiona que en el artículo quinto menciona el derecho a la indemnización, pero no habla de cómo ni cuándo, ni remite a ninguna ley para ello, entonces ¿cómo se van a establecer medidas para resarcir daños causados por el Estado?, pregunta.
Señala que tampoco se incluyó la educación en derechos humanos, ni hace una diferenciación entre una política pública y un programa asistencialista, “tal pareciera que se sigue dejando el asistencialismo para los grupos vulnerables”.
Demanda que en derechos indígenas, en el artículo 13 se dé pie a una ley reglamentaria para el desarrollo de los pueblos originarios y afromexicanos, y se deje de llamar a los pueblos indígenas me´phaá y na savi con el despectivo tlapaneco y mixteco.