Otro año de Aguirre: la mayor protesta, asesinatos de activistas, secuestros, la emergencia de las lluvias…

*En el registro, el conflicto magisterial y el asesinato de diez dirigentes sociales, entre ellos Arturo Hernández Cardona y Rocío Mesino. La detención de Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos y una decena más de miembros de la CRAC. La descomposición del gabinete y el hallazgo de la ayuda no entregada a los damnificados. La expansión del movimiento de las autodefensas y la división de la CRAC

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Con casi la mitad de su gabinete cambiado y con conflictos internos entre sus propios funcionarios, el gobierno de Ángel Aguirre Rivero enfrentó este tercer año de su administración, que termina hoy, severas dificultades, desde las políticas y sociales hasta las ocasionadas por fenómenos naturales como la tormenta tropical Manuel, emergencia en la que el gobierno estatal recibió críticas de que su intervención fue tardía e insuficiente.
El tercer año también se vio marcado por las manifestaciones más grandes deen muchos años, como las protagonizadas por los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG). Y también por los asesinatos de dirigentes sociales y políticos; graves violaciones a los derechos humanos, como la detención de más de 40 promotores, coordinadores, co-mandantes y policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, de los cuales siguen presos los principales dirigentes.
Además, la intromisión de su gobierno para dividir a la CRAC de San Luis Acatlán y la cancelación del diálogo con la dirigencia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) a instancias del gobierno federal.
Y mientras el gobernador se enfrentaba con las dos organizaciones que han demostrado resultados en sus acciones contra la inseguridad y la violencia, los  índices de inseguridad se dispararon, como el de los secuestros que ubicaron a la entidad en el segundo lugar nacional.
Asimismo, las ejecuciones, le-vantones, enfrentamientos, extorsiones y cobro de derecho de piso se mantuvieron en la capital del estado, Acapulco, Iguala y las regiones de la Tierra Caliente y Costa Grande, donde por la violencia del crimen organizado miles de familias fueron desplazadas de sus comunidades.
En esta vorágine de acontecimientos, el tercer año de gobierno de Aguirre termina con un distracto:, la confrontación con su antecesor Zeferino Torreblanca Ga-lindo, quien lo llamó “profesional de la mentira”, “congruente cínico” y “traidor”, en el contexto de la pugna por la presidencia municipal de Acapulco, a la que aspira nuevamente Torreblanca y también el diputado Ángel Aguirre Herrera, el hijo del gobernador.

El engaño de Aguirre provocó las grandes manifestaciones y bloqueos de la CETEG

Al inicio de este tercer año, Aguirrre enfrentó las marchas más numerosas de maestros que no se habían visto en los últimos años.
La CETEG exigía la aprobación de una Ley Estatal de Educación por parte del Congreso local, cuyo contenido  había sido consensuado con el gobernador, pero Aguirre dio marcha atrás y promovió la aprobación de una diferente que dejó inconformes no sólo a los maestros cetegistas, sino incluso a los de la corriente institucional del SNTE que se sumaron a las protestas.
Fue así que el 5 de abril del año pasado, durante una de las jornadas de protestas magisteriales, mil 500 policías federales desalojaron violentamente a unos 3 mil maestros cuando éstos bloqueaban la Autopista del Sol y la carretera federal al sur de la capital.
Antes, en una reunión en la Casa Guerrero, los maestros disidentes exigieron al gobernador que enviara nuevamente al Congreso la iniciativa de Ley que habían acordado, pero Aguirre respondió que la reforma educativa ya estaba en marcha y amenazó a los dirigentes que se aplicaría la ley en caso de que realizaran acciones al margen de la ley.
La acción policiaca encontró la resistencia de los maestros y estudiantes de las escuelas normales durante 40 minutos, y al final el resultado fue de tres maestros detenidos y medio centenar de golpeados, uno de ellos grave, que estuvo internado en la clínica del ISSSTE.
Asimismo, según la Policía Federal, 12 efectivos fueron también lesionados y dos recibieron atención médica. Además, dos reporteros resultaron lesionados en la cabeza por piedras que fueron lanzadas en la refriega.
A partir de ese día el magisterio se reorganizó en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), en el que se integran varias organizaciones sociales y el 10 de abril hicieron la marcha más numerosa en la historia del estado, pues participaran más de 50 mil personas, y una semana después, el 18 de abril, la manifestación creció con más de 80 mil maestros, 100 mil según los organizadores.
Ese mismo día en un tono rijoso, el ahora cuestionado coordinador de la CRAC, Eliseo Villar Castillo, planteó un plan para obligar al gobernador a resolver las demandas de los maestros, que consistía en el “Plan A, B y C”, de gestoría, revocación de mandato del gobernador y reconstrucción del gobierno.
Pero pronto olvidó ese plan de acción, pues un mes después el gobernador acudió a San Luis Acatlán y aumentó de 500 mil a un millón de pesos la partida mensual que estaba dando a la organización, entregó vehículos, uniformes, despensas y colocó la primera piedra para la construcción de las cuatro casas de justicia.

Nuevo gabinete que pronto se fracturó

El 17 de mayo del 2013, Aguirre hizo cambios en su gabinete en 17 de las principales dependencias de su gobierno, “para atender mejor las tareas del gobierno”, dijo entonces, y aunque aceptó que no se trataba de una reestructuración completa, señaló que “se hicieron los cambios necesarios”.
En el nuevo gabinete quedaron Florentino Cruz Ramírez como encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno, en sustitución de Humberto Salgado Gómez, y dos días después Cruz Ramírez fue nombrado secretario de Gobierno; el almirante Sergio Javier Lara como secretario de Seguridad Pública, en sustitución de Guillermo Jiménez Padilla; Iñaky Blanco Cabrera como procurador de Justicia, en sustitución de Martha Elba Garzón Bernal; y Antonio Arredondo Aburto como contralor, en sustitución de Julio César Hernández Martínez.
Otros nombramientos fueron el del ex procurador enjuiciado por el caso del desalojo en el que fueron asesinados dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el 12 de diciembre del 2011, Alberto López Rosas, en la recién creada Secretaría del Trabajo y Previsión Social –antes era subsecretaría y dependía de la Secretaría General de Gobierno–; Manuel Zepeda Mata, secretario de Cultura; Tulio Estrada Apátiga, del Medio Ambiente y Recursos Naturales; y María Fernanda Lasso Martínez, directora General de Comunicación Social.
Además, Sergio Fidel Olvera de la Cruz, director General de Promotora Turística de Guerrero; Juan Salgado Tenorio, director General del Colegio de Bachilleres; Javier Eduardo Figueroa Zúñiga, director del Régimen Estatal de Protección Social de Salud; José Villanueva Manzanarez, vocero del gobierno; Victoriano Sánchez Carbajal, subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos; Martín Mora Aguirre, subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios;  Alberto Cata-lán Bastida, subsecretario de Promoción y Vinculación Social; Leonardo Octavio Vázquez Pérez,  subsecretario de Prevención y Operación Judicial de la SSP; y Óscar Chávez Rendón subsecretario de Coordinación, Enlace y Atención de Organiza-ciones Sociales.
“Son decisiones que las tomé yo, y estoy convencido que en esta segunda etapa de mi gobierno van a contribuir grandemente en hacer un gobierno que entregue muchos mejores resultados”, dijo el gobernador al tomarles la protesta ese 17 de mayo en el vestíbulo de su despacho del Palacio de Gobierno.
Pero el vendaval al interior de su recién reestructurado gabinete llegaría antes de los dos meses. El 3 de julio el secretario de Gobierno Florentino Cruz sorpresivamente renunció a su cargo, luego de que el gobernador había designado al ex secretario que sustituyó, Humberto Salgado Gómez, como coordinador general del Ejecutivo.
Dentro del mismo gobierno se comentó que el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y ex diputado local de Movimiento Ciudadano (MC) no quiso ser subalterno de Salgado Gómez, ni menos del influyente asesor del gobernador, su sobrino Ernesto Aguirre Gutiérrez, pero que, además, tuvo muchos problemas con el secretario de Finanzas Jorge Salgado Leyva, en cuanto a la entrega de recursos para la solución de los problemas y conflictos que le tocaba resolver en la Secretaría de Gobierno.
Junto con Cruz Ramírez también presentó su renuncia el subsecretario Óscar Chávez, quien además nunca recibió las oficinas por parte de Demetrio Saldívar Gómez, quien se aferró al cargo en el que se mantiene aún.
El episodio fue la prueba de que Cruz Ramírez no fue quien mandó en la secretaría en el fugaz tiempo que estuvo al frente.
“Mi total respeto a la decisión de Florentino Cruz Ramírez, quien renunció a la Secretaría General de Gobierno por motivos personales”, fue lo único que informó el gobernador Aguirre a través de las redes sociales.

Dirigentes victimizados

El tercer año del gobierno de Aguirre también se significó por el de la mayor persecución en contra de los dirigentes sociales, pues en el transcurso de seis meses fueron ejecutados 10 dirigentes e integrantes de agrupaciones sociales.
El 30 de mayo fueron víctimas de desaparición forzada ocho miembros de la organización Unidad Popular  (UP) de Iguala, y tres de ellos –Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez– aparecieron ejecutados y sus cuerpos con huellas de tortura el 3 de junio en la carretera Iguala-Chilpancingo, cerca de Mezcala.
Dos meses después, el 5 de agosto, fue encontrado ejecutado el dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez), Raymundo Ve-lázquez Flores, así como sus correligionarios Samuel Vargas Ramírez y Miguel Solano.
Y dos meses después, el 19 de octubre, fue asesinada la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, cuando supervisaba con damnificados por la tormenta tropical Manuel la construcción del puente de Mexcaltepec, municipio de Atoyac de Álvarez.
El 2 de noviembre fue ejecutado cerca de la colonia Fuerte Emiliano Zapata de Coyuca de Benítez el primo del dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares Enríquez, David Romero Téllez.
Junto al cadáver los homicidas dejaron una amenaza para Olivares: “aquí te dejamos este regalito (Luis Olivares), así te metas debajo de las piedras vamos por ti te vamos a sacar de adonde estés te va a pasar lo que les pasó a los 3 del río. Atte. La Santa Muerte”.
El 29 de octubre, en esta colonia elementos del Ejército, la Marina y la Policía Ministerial detuvieron a cinco personas integrantes de la OPPCG acusados del homicidio del dirigente de la LARSEZ, Raymundo Velázquez Flores, y sus dos compañeros.
La amenaza contra Luis Olivares se cumplió el 10 de noviembre, cuando fue ejecutado junto con su compañera Ana Lilia García Rómulo, en su casa. La Procuraduría dijo la semana pasada que el móvil de los asesinatos de los integrantes de la Larsez y la OPPCG fue una disputa por recursos obtenidos del gobierno estatal.

Aguirre pactó el desconocimiento de la Casa de El Paraíso

Desmovilizado el movimiento magisterial y cooptado el coordinador de la CRAC de San Luis Acatlán, Eliseo Villar, el gobierno pactó con éste la expulsión de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla.
Los integrantes de esa casa, ciudadanos de los municipios de Ayutla, Tecoanapa, Tixtla, Huamuxtitlán y Olinalá, habían iniciado un movimiento más allá de los asuntos de seguridad y justicia y realizaban movilizaciones y bloqueos de carretera contra las reformas educativa, energética y hacendaria.
Después de una reunión de Villar con el gobernador y el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, el 8 de agosto en la Secretaría de Gobernación, el coordinador de San Luis Acatlán comenzó a declarar que la Casa de Justicia de El Paraíso estaba expulsada por violar los reglamentos internos y por tomar decisiones sin consultar a la asamblea regional.
A la declaración del coordinador siguió la persecución y detención de los principales promotores y dirigentes.
Comenzó con la detención el 21 de agosto de Nestora Salgado García, de Olinalá, mediante un  aparatoso despliegue de efectivos de la Marina y del Ejército. Actualmente se encuentra presa en condiciones de aislamiento en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 de Tepic, Nayarit.
En diferentes momentos fueron detenidos más de 40 integrantes de la Casa de Justicia de El Paraíso, entre ellos coordinadores, promotores, comandantes y policías comunitarios.
Actualmente siguen presos el coordinador Bernardino García Francisco y los integrantes de la Policía Comunitaria Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, todos ellos en el reclusorio de Acapulco.
Sigue preso también el promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González en el reclusorio federal número 13, ubicado en el estado de Oaxaca, así como Arturo Campos Herrera, promotor en Ayutla y hoy preso en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México.
En el tercer año de gobierno de Aguirre Rivero también se vive la peor crisis en la CRAC, luego de que el coordinador Villar Castillo fue acusado de desviar 740 mil pesos del millón de pesos mensuales que le da el gobernador para la compra de armas, vehículos y equipo para la Policía Comunitaria a particulares que incumplieron con la entrega, y en respuesta el coordinador acusado ordenó las detenciones de tres de los consejeros que lo investigaron, Valentín Hernández, Ignacio Navarro y Armando Zavala, pero éstos promovieron la destitución de Villar y dos coordinadores incondicionales suyos el 29 de marzo pasado, y este 31 recuperaron la Casa de Justicia de San Luis Acatlán que estaba en poder de Villar.
Pero Aguirre no sólo promovió la división en la CRAC, también rompió pláticas el 8 de agosto con la UPOEG y su sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), tras de que miembros de esta agrupación retuvieron durante casi 36 horas a un grupo de militares en la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa, cuando éstos pretendían detener a policías ciudadanos.
Pero mientras el gobierno del estado se ocupó en debilitar a estas agrupaciones, los índices de delincuencia e inseguridad se mantuvieron y en algunos casos aumentaron, como el de los secuestros, lo que colocó a Guerrero en la segunda entidad a nivel nacional en el incremento de plagios.
La violencia provocó también el desplazamiento de cientos de familias de sus comunidades, sobre todo de municipios de Tierra Caliente, la zona Centro y Costa Grande.
Mientras tanto en Chilpancingo tuvo que entrar la Policía Federal a partir del 1 de marzo para hacerse cargo de la seguridad por el incremento de secuestros, extorsiones y cobro de derecho de piso, situación que venían denunciando dirigentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), y que originó el atentado contra el dirigente empresarial Pioquinto Damián Huato, la noche del 28 de enero, en donde murió su nuera Laura Rosas Brito.
El 22 de febrero el gobernador declaró: “No voy a esperar a que la federación me venga a resolver los problemas de mi estado. Debemos asumir la parte que nos corresponde: los problemas de la delincuencia son de la federación y los ayuntamientos deben hacer su parte y el gobierno del estado coadyuvará”.
Sin embargo días después llegó a un acuerdo con el ahora ex comisionado nacional de seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, y anunció el desmantelamiento de la policía municipal de Chilpancingo para que la Policía Federal y la estatal asumieran la seguridad.

Las lluvias que tomaron por sorpresa a Aguirre

La noche del viernes 13 de septiembre, mientras el gobernador Ángel Aguirre encabezaba un banquete con 300 invitados en la Casa Guerrero, el cielo ya estaba encapotado y una leve pero pertinaz llovizna comenzaba a sentirse en la mayor parte del estado. Era el principio de la tormenta tropical Manuel que causó estragos en 70 de los 81 municipios.
Para la madrugada del domingo 15, cuando se comenzaron a presentar los primeros daños en distintas partes del estado, principalmente en la capital y en Acapulco, aún no había nadie que ayudara a los damnificados o cuando menos que atendiera sus llamadas.
Después se supo que el gobierno de Guerrero no asistió a una reunión del Sistema Nacional de Protección Civil, que se realizó del 15 al 17 de mayo, en Nuevo Vallarta, Nayarit, en la que se dio a conocer el calendario para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2013, pero que tampoco reprodujo en Guerrero los llamados de alerta que hacía el gobierno federal con respecto a los riesgos por la agresividad con que se pronosticaban la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
Al final, el gobierno estatal se vio rebasado por la sociedad movilizada, que aportó y distribuyó la ayuda humanitaria al margen de las autoridades. Asimismo, el gobierno federal tuvo que asumir el control de la situación y el presidente Enrique Peña Nieto visitó varias veces el estado durante los días posteriores a la tragedia que provocaron las lluvias.
El pasado mes de marzo fueron descubiertas bodegas del gobierno estatal, concretamente del DIF estatal y de Protección Civil, así como de la Secretaría de Educación Guerrero, llenas de ayuda humanitaria y enseres domésticos que no fueron entregados en su momento.
Pero el 4 de marzo, el gobernador Aguirre Rivero acusó a los medios de comunicación de hacer una “campaña sucia” en su contra, por las notas periodísticas que revelaron la retención de despensas, enseres domésticos y útiles escolares para los damnificados.
“Para mis amigos de los medios, de la prensa, hoy sacaron una nota en el sentido de que hay miles de paquetes escolares retenidos, sí los hay y pueden ir a la hora que gusten, nada más quiero decirles que no caigamos en campañas sucias y sin ningún sentido”, dijo en esa ocasión el gobernador.