Sigue el paro en el Poder Judicial; demandan 40% de aumento, precisan

*El 12% se los deben desde 2012, subrayan trabajadores y dan a conocer un pliego de 12 puntos en el que exigen la firma de condiciones generales de trabajo, el reconocimiento de la antigüedad y el fin de prácticas de nepotismo

Desconocen acuerdo firmado por dirigentes sindicales con la presidenta del TSJ y magistrados

*Siguió ayer el paro en los juzgados del TSJ de todo el estado; denuncian amenazas de jefes

*Fue rechazado anoche un ofrecimiento de alza salarial de 12% sólo a los administrativos. En el pliego de 12 puntos demandan la firma de las condiciones generales de trabajo, el reconocimiento de la antiguedad y cero nepotismo. Precisan que demandan 40% de aumento. En Chilpancingo la presidenta Lambertina Galeana, dialogó con los paristas, y para hoy se programó otra reunión con el pleno

Por segundo día trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), se mantuvieron en paro laboral para exigir el aumento salarial de 12 por ciento prometido desde 2012, protesta a la que se unieron los del Tribunal Contencioso Administra-tivo (TCA).
En Chilpancingo, la presidenta del TSJ, Lambertina Galeana Marín y algunos magistrados se reunieron con representantes de los paristas a las 8 de la noche y les ofrecieron un incremento de 12 por ciento inicialmente para los trabajadores administrativos, únicamente, los cuales hasta las 9 de la noche no aceptaban el ofrecimiento.
Una trabajadora de Iguala que omitió su nombre dijo que recibieron amenazas y hostigamiento de sus “jefes superiores”, de que si no levantan el paro serán enviados a las regiones más alejadas.
El paro sugue en Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Zihuatanejo, Chilapa, Tlapa, Arcelia y Coyuca de Catalán, y se unieron San Luis Acatlán, Ometepec, Ayutla y San Marcos.
Entre los inconformes están las mecanógrafas, secretarios de acuerdos, proyectistas, defensores de oficios, actuarios, jueces, todos de los juzgados penales, civiles, de paz y familiares; y se sumó ayer el personal del TCA.
Las oficinas del Poder Judicial en Acapulco, situadas en Caleta, y en los juzgados del penal de Las Cruces, mantuvieron cerradas sus puertas con candados.
Los empleados de estas oficinas se quejaron de que la presidenta del TSJ quedó de ir a dialogar con ellos desde el lunes por la noche pero no ha cumplido.
En Caleta están suspendidas las actividades en seis juzgados Civi-les, cuatro Familiares, dos salas Pe-nales y dos de Paz, mientras que en los juzgados del reclusorio son 10 Penales y dos de Paz.
Aunque los trámites legales y juicios están detenidos, en los juzgados del reclusorio algunos jueces trabajaron junto con sus secretarios de acuerdos en las salas de los defensores de oficio y otros en mesas de las misceláneas del penal, con computadoras portátiles, porque les fue ordenado que recibieran documentos para agilizar los trámites, recibir detenciones y declaraciones preparatorias.
Pero los administrativos no realizaron labores.
Los inconformes informaron los 12 puntos del pliego petitorio que enviaron el lunes a las 7 de la noche a las oficinas del TSJ en Chilpancingo;  precisan allí que el aumento del 12 por ciento por ley es anual; por los tres años es del 48 por ciento pero piden les sea pagado aunque sea el 40 por ciento retroactivo al año 2012.
Además del cumplimiento efectivo de la ley de los burócratas, el pago de horas extras, reconocimiento a los trabajadores en general, la negociación y firma de las condiciones generales de trabajo, así como la formación de la comisión tripartita de escalafón para que sea respetada la carrera judicial.
Otros puntos son que haya cero nepotismo en el TSJ, “porque cada nueva administración coloca familiares y les dan sueldos altos”, evitar represalias como el cambio de adscripción, el reconocimiento de antigüedad laboral con jubilación justa porque “sólo están los jueces y magistrados y nosotros no”.
Así como crédito a la vivienda, porque sólo tienen el beneficio del ISSSTE, incentivos a los trabajadores cumplidos que por ley debe hacerse, y finalmente una petición plasmada por los actuarios de que los vehículos que les fueron asignados sean de uso exclusivo de ellos para realizar diligencias y no “para la delegación administrativa, que ellos le están dando uso”.
Consultada en Caleta, la proyectista del juzgado Quinto, Perla Maldonado Rodríguez, reiteró que  terminarán el movimiento hasta que sean aceptadas sus peticiones.
Dijo que desde el lunes surgió la versión de que iría la presidenta del TSJ, Lambertina Galeana Marín, para dialogar con los inconformes pero no lo ha hecho.
Agregó que en un principio las autoridades determinaron depositar el aumento del año pasado sólo a los administrativos, pero hasta ayer a las 2 de la tarde no lo habían hecho, “sin embargo con ellos no se termina el movimiento, porque es un salario que ya lo tenían aprobado y únicamente no lo liberaban”.
Maldonado Rodríguez comentó que la magistrada Adela Román Ocampo acudió el lunes por la noche y les pidió que liberaran el edificio con el argumento de que el jueves pasado firmaron una minuta los representantes sindicales con la presidenta Galeana, para el au-mento salarial.
Otro trabajador comentó que el mismo lunes por la mañana llegó la secretaria general de la sección 21, María de Jesús Orbe Sosa, y les informó sobre la minuta que mencionó Román Ocampo, según la cual en 15 días se les haría válido el aumento, sin embargo “le dijimos que la lucha es de todos, no sólo de sindicalizados y hasta que el aumento sea para todos no nos moveremos, estamos en pie”.
A las 7 de la noche una de las representantes del TSJ en los juzgados del reclusorio, Amalia Sánchez Corona, adscrita al juzgado Quinto Penal, informó vía telefónica que de Chilpancingo se comunicaron con ellos y les ofrecieron el pago de 2 mil 500 pesos a los de base y mil 500 pesos a los extraordinarios (administrativos) pero no fue aceptado por los inconformes.
El representante de los defensores de oficio, René Reyes Ocampo, precisó que el TCA y los defensores de oficio pertenecen a la Secretaría General de Gobierno, pero se unieron a la demanda de los trabajadores del TSJ para exigir lo mismo.
Dijo que hasta ese momento (la una de la tarde) no había ningún acercamiento por parte de las autoridades para destrabar el conflicto laboral, “no nos han llamado, no tenemos noticias de nada”.

Apoyo de colegios de abogados

Con este paro laboral se solidarizaron los presidentes e integrantes de los colegios de abogados de Acapulco y la Barra de Abogados, quienes llegaron poco después del medio día a las oficinas de Caleta.
Llegó el secretario general de la Barra, Salomé Gutiérrez Aguirre; el delegado de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Jesús Lemus Beltrán; el presidente del Colegio de Abogados Penalistas en Guerrero, Alfredo Pérez Zarate; del Colegio Eduardo López Betancurt, Plácido Cruz Teodoro, y del Co-legio Ignacio Manuel Altamirano, Alberto Aparicio Navarro, quienes pidieron la intervención del gobernador Ángel Aguirre Rivero para que no haya represalias contra los paristas, y se solidarizaron con el movimiento de los trabajadores.

Se reúne Lambertina con paristas

Mientras que en Chilpancingo la presidenta del TSJ, Lambertina Galeana, se reunió con representantes de los paristas, informó  el juez penal Leoncio Molina Mercado, quien sostuvo que ayer alrededor de las 8 de la noche la presidenta y los magistrados Vicente Rodríguez, Raymundo Casarrubias, Julio Lorenzo Jáuregui, Rubén Rauda y Yadira Isela Vega visitaron el plantón que instalaron ayer en la Ciudad Judicial, al sur de la capital.
Se supo que sostuvieron una reunión previa en la sala de penales.
El juez puntualizó que el encuentro de ayer fue el primero que sostienen con los magistrados desde que iniciaron su paro.
Molina agregó que la presidenta del TSJ ofreció un aumento salarial del 12 por ciento inicialmente para los trabajadores administrativos únicamente, y que sería el pago retroactivo del 12 por ciento que comprende de enero a la fecha.
Los 2 mil 500 pesos que les ofrecieron a los administrativos no es el total del 12 por ciento, ya que éste asciende a 3 mil 600 pesos.
El juez abundó que los trabajadores no han decidido si aceptarán los ofrecimientos de los magistrados a cambio de que cese la protesta. Y agregó que para hoy a las 11 de la mañana tendrán una reunión con el pleno de los magistrados en las instalaciones del TSJ localizadas en el zócalo de esta capital.
En tanto, en Zihuatanejo y en el municipio de La Unión también continuó el paro laboral; la constante durante este martes fue la inconformidad de algunos abogados que tenían programadas diversas audiencias en los tribunales en materia penal, civil y familiar.
Trabajadores dijeron que están conscientes de que su movimiento provocará retraso en la impartición de justicia en todos los asuntos que se ventilan en los tribunales, “pero esto depende de nuestros jefes, si se nos resuelve lo antes posible; en cuanto nos resuelvan, de inmediato regresamos a trabajar”.
En Iguala, los inconformes subrayaron que el aumento que  están solicitando es del 40 por ciento retroactivo al año 2012, así como la renovación de los seguros de vida de 200 mil pesos, vehículos y el pago de un complemento del bono por el día de las madres del 2013.
Continuúan en el paro unos 70 empleados administrativos, secretarios de acuerdos, actuarios y jueces del juzgado de primera instancia en materia civil, familiar y de paz; así como unos 30 trabajadores de los juzgados primero y segundo de primera instancia en materia penal del distrito de Hidalgo.
Los trabajadores cerraron las puertas de las oficinas del juzgado en materia civil, familiar y de paz, ubicados en la parte posterior del Palacio Municipal,  y bajo la sombra de una lona se plantaron.
Una trabajadora comisionada para dar declaraciones a la prensa, la cual omitió su nombre, dijo que recibieron amenazas y hostigamiento de sus “jefes superiores”, de que si no levantan el paro serán cambiados de adscripción para las regiones más alejadas.
Hasta la tarde de ayer, cerca de las 2, estaba una guardia de unos 25 trabajadores, principalmente mujeres, y formaron una comisión de unos siete que se quedarían a pernoctar en el lugar de la protesta por segundo día consecutivo.
Mientras que en el juzgado mixto en Ayutla, el titular de la dependencia, Inocente Orduño Magallón, dijo telefónicamente que se encuentran a la espera de la solución a sus demandas y que no hay fechas para cuándo se vuelva a dar servicio el juzgado al público.
“La imposición de un magistrado por parte del gobierno estatal está violando los derechos de los jueces y lo dispuesto en ley de la federación, por lo que no aceptamos tal imposición”, dijo una de las empleadas del juzgado mixto.
Misma situación ocurrió en  San Luis Acatlán, en tanto otros municipios como San Marcos, están laborando de manera regular.
En Tierra Caliente, desde las 10 y media de la mañana los trabajadores de los juzgados de Arcelia que corresponde al distrito de Cuauhtémoc, y el de Coyuca de Catalán, que corresponde al distrito de Mina, volvieron a tomar las instalaciones y anunciaron que sería de forma indefinida.
Por la mañana el edificio estaba solo, cuando llegó el personal tuvo una reunión, y se confirmó que si bien hubo un acuerdo para el aumento de salario para las mecanógrafas, finalmente el resto del personal seguía igual.
Fue ahí donde solicitaron que nuevamente se tomaran las instalaciones para suspender las actividades y presionar a un nuevo acuerdo para que les suban el salario al resto de los empleados.
Entre los que aún faltan están los secretarios de acuerdo y los mismos jueces que se encuentran también dentro de la solicitud señalan que llevan hasta seis años esperando el aumento.
En Tlapa continuaron en paro, pero se retiraron a las 3 de la tarde, manteniendo cerradas las oficinas en la Ciudad Judicial, en la comunidad de Atlamojac. Mientras que en Chilapa también se retiraron los trabajadores a las 3 de la tarde y ayer trabajaron de forma normal en el juzgado Civil de ese municipio. (Carlos Moreno A. Brenda Escobar, Alejandro Guerrero, Alberto Rodríguez, Israel Flores y Fernando Hernández).