Advierte la SEG que habrá sanciones administrativas o legales a quienes se opongan a las reinstalaciones

Jacob Morales Antonio

Chilpancingo

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) informó a los directores generales de los diferentes sistemas educativos del nivel básico, que aplicará sanciones administrativas y cárcel, a trabajadores y maestros que se opongan a las reinstalaciones en áreas administrativas y escuelas.
Un documento, denominado Procedimiento a seguir en la reinstalación de los trabajadores en la unidades administrativas o docentes de la SEG, del cual se obtuvo una copia, fue emitido para su cumplimiento por instrucciones del subsecretario de Educación Básica, Max Arturo López Hernández, el 31 de marzo.
El texto es emitido, luego de las protestas y bloqueos que han realizado en los dos últimos meses los trabajadores de las oficinas centrales y las ocho delegaciones regionales, quienes se niegan a la aplicación del proyecto de reordenamiento de la SEG, donde proponen proyectos que no afecten y lesionen los derechos sindicales.
Los trabajadores exigieron con una protesta de brazos caídos la salida del ex director de Personal de la dependencia, José Gabriel Castro Bautista, y la jefa de Personal, Lenin Salmerón Saavedra.
Además de las protestas en diversas escuelas, por la designación de maestros de manera irregular, sin haber adquirido los derechos laborales de antigüedad, violando los derechos de maestros con más años de servicio.
En el documento se indica que “en caso de que al día de la reinstalación se encuentre tomada la dependencia o centro de adscripción, en donde presentará los servicios la persona entrante, y personal de dicha dependencia o centro de trabajo impida la entrada a los niveles educativos y a la persona entrante por cualquier causa, con el propósito de impedir el acto de reinstalación y no se permita la formal posesión, se levantará el acta correspondiente”.
Agrega que se solicitará la intervención legal a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, y la contraloría interna, “a fin de que se les informe a los inconformes, que pudieran estar incurriendo en un delito penal o responsabilidad administrativa”.
El texto puntualiza que si la inconformidad persiste, las áreas normativas tomarán constancia legal e iniciarán el procedimiento de responsabilidades contra quien resulte responsable, “los hechos que se llegasen a encuadrar y a tipificar en los siguientes supuestos, haciéndole de conocimiento al Ministerio Público y a la autoridad competente”, en base a los siguientes artículos: 228 de motín,  229 de rebelión; 235 de sabotaje, 245 de intimidación, 246 de coacción de servidores públicos, 674, de responsabilidades de los servidores públicos del estado.