Iglesia y derecha encabezan una campaña contra derechos de las mujeres, dice activista

*La académica Marcela Lagarde advierte que la ofensiva es en toda América Latina y España

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La académica y feminista Marcela Largade señaló que es raro que  un gobernador esté dispuesto a presentar una iniciativa sobre la interrupción legal del embarazo, porque no sólo en México, sino en toda América Latina y España hay una ofensiva del Vaticano y de partidos políticos de la derecha en contra de los derechos humanos, “para que las mujeres no tengamos derechos sexuales plenos”.
Luego de la conferencia Vías para garantizar los derechos humanos de las mujeres, que dio en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado y organizaron la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y el Grupo Plural por la Equidad de Género, como parte de su campaña para impulsar una nueva legislación estatal sobre el aborto, Lagarde recordó que como activista del movimiento feminista apoya la iniciativa y va a seguir de cerca el proceso para su aprobación.
Indicó que supo que el gobernador Ángel Aguirre dijo que la propuesta se construyó con las organizaciones de mujeres, y que también están esperando que la envíe al Congreso del estado para su discusión.
Al preguntarle por qué este tema no ha sido abordado en otros estados  –sólo fue aprobado en el Distrito Federal en 2007–, indicó que existe una ofensiva del Vaticano, de la Iglesia católica, de partidos de la derecha en México, en contra de los derechos humanos de las mujeres.
Añadió que no sólo es una ofensiva en México, es en toda América Latina y España, “para que no tengamos derechos sexuales plenos las mujeres”.
Sobre los instrumentos para garantizar la seguridad de las mujeres y la eliminación de las desigualdades, señaló que se puede solicitar al gobierno federal una alerta de género bien fundamentada, para que se integre un equipo institucional con los tres niveles de gobierno, federación, entidad y municipio, para articular una política de emergencia.
Indicó que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, establece que esta comisión debe empezar por atender los casos inmediatos, hacer una investigación adecuada y permitir el acceso a la justicia cuando se le exija.
La intención es que esa comisión comience a impulsar algo parecido a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso del campo Algodonero en Ciudad Juárez, donde dos adolescentes fueron encontradas muertas y se responsabilizó al Estado mexicano por la falta de medidas de protección a las víctimas.
Sin embargo, señaló que una exigencia de esta naturaleza será tomada en cuenta sólo si se realiza por las vías adecuadas, con un documento en el que argumenten por qué piden esta medida, argumentando con cifras oficiales, exponiendo cuál es el problema real que están enfrentando en todas sus vertientes, si se trata nada más de feminicidios, si se trata de otras formas de violencia de género.
También deben precisar en qué beneficiaria la declaratoria de alerta en la entidad.
Señaló que en cinco años, particularmente en los últimos tres, en diez estados solicitaron esta declaratoria pero ninguna prosperó porque tenía que pasar por la aprobación de un sistema nacional para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.
Pero este sistema estaba conformado por las directoras de todos los institutos y Secretarías de la Mujer en el país, que representan cargos políticos, “no fueron seleccionadas en un concurso ni por méritos, ponen a mujeres que son obedientes al partido político que gobierna, y esas funcionarias siempre votan en contra de declarar alerta de violencia de género”.
También participaban los secretarios de Educación y Salud que votan en contra porque toman esa solicitud como una acusación.
Recordó que el reglamento de la ley se modificó para ver si con los nuevos cambios deja de ser así, ahora se integrará un comité de expertas que haría la evaluación sobre la solicitud y científicamente y con argumentos va a decir si considera que se debe declarar la alerta; finalmente la decisión será del secretario de Gobernación, pero consideró que, con ese cambio, si se siguen los pasos podrían comenzar a señalarse las alertas.