PERISCOPIO

Radio Bemba. Es la hora en que ni el secretario del Trabajo ni el de Finanzas informan al público de cuánto fue el aumento salarial que recibieron los trabajadores de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que llevó a éstos a darse por ampliamente satisfechos y terminar el paro de tres días con cierre de las instalaciones que mantuvieron en Acapulco.
Pero ya los trabajadores paristas del Tribunal Superior de Justicia se enteraron por sus propios medios que secretarias, secretarios de acuerdos, actuarios… de la Junta obtuvieron un jugoso –y seguramente merecido– incremento de 40 por ciento a sus salarios. Por eso anoche aquí en el puerto rechazaron el ofrecimiento de 12 por ciento que les vino a hacer directamente la presidenta del TSJ, Lambertina Galeana, cuya imagen por fin va a ser conocida por la opinión pública en medio de este conflicto, pues se trata de una magistrada que siempre ha mantenido un bajo perfil en su carrera judicial.
Martínez Garnelo. ¿No que no? Por cierto se dice que el ahora secretario general de Gobierno sigue tomando las decisiones fundamentales en el Poder Judicial, y prueba de ello es que su sucesor apenas duró unos meses en el cargo porque no se dejó mangonear. Hace apenas un poco más de un mes en estas páginas el reportero Zacarías Cervantes reveló el clima de inconformidad que había entre los trabajadores del TSJ precisamente por la falta de pago del aumento salarial, y que responsabilizaban de ello a Martínez Garnelo. Zaca recordó que el 17 y el 30 de enero trabajadores se manifestaron frente a la sede del TSJ en el zócalo de Chilpancingo con el respaldo de la dirigente de la sección 62 del SUSPEG Jesús Sánchez Asabay, y de las secciones de Acapulco, Iguala, Taxco y Zihuatanejo. Y desde entonces se apuntó hacia el actual secretario de Gobierno a quien responsabilizaban de haber desviado los aproximadamente 3 millones de pesos ya autorizados desde 2012 para cubrir ese incremento salarial para los 3 mil 600 trabajadores del Poder Judicial de todo el estado. Esta versión corrió como reguero de pólvora y el 13 de febrero a las 6 de la tarde el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se reunió con los dirigentes sindicales en la Secretaría de Gobierno, y les dijo que esos 3 millones los utilizó para obras de infraestructura del Poder Judicial y que iba a “notariar” documentos y a realizar un video para demostrarlo, según aseguró en una entrevista posterior Sánchez Asabay.
La secretaria de la sección 62  dijo también que en esa reunión el funcionario les pidió “paciencia” y les ofreció gestionar una audiencia directa con el gobernador Ángel Aguirre para solicitarle recursos “especiales” para cubrir el incremento salarial. La dirigente sindical informó que los trabajadores del TSJ debieron recibir el incremento desde agosto de 2013, retroactivo a enero de ese año, como ocurrió con los trabajadores del gobierno del estado, pero que el 8 de julio Martínez Garnelo solicitó licencia para irse como secretario general de Gobierno, y quien quedó como encargado de despacho, Alberto López Celis, les dijo que éste no había dejado los recursos para el aumento salarial. Sin embargo, las declaraciones de la líder sindical y de otros trabajadores, que no autorizaron la publicación de sus nombres por temor a las represalias, molestaron al secretario de Gobierno quien el 26 de febrero intervino para que Sánchez Asabay autorizara un desplegado en El Sur, en el que acusa a Zacarías Cervantes de “tergiversar” la información. Pero el masivo paro de estos días confirmó la existencia de ese malestar de los trabajadores que Martínez Garnelo pretendía ocultar y del que dio cuenta oportunamente nuestro reportero.
Nestora. Argumentos de avanzada y un estudio a fondo del caso caracterizan la resolución del Tribunal Unitario de Circuito que revocó el auto de formal prisión a la coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado, por el delito de delincuencia organizada. Tomó en cuenta los tratados internacionales, invocó la reciente reforma al artículo 1º. de la Constitución que consagra derechos humanos de tercera generación, recurrió a jurisprudencia de la Suprema Corte, y por supuesto recordó que en Guerrero hay una Ley 701 que respeta el derecho de los pueblos indígenas a formar sus propias policías comunitarias. Por eso los abogados defensores están muy confiados en que puede también caerse el delito de secuestro que se le imputa, a ella y a siete policías comunitarios más que actuaron como autoridad, y por lo tanto no pueden ser acusados ni de delincuencia organizada ni de secuestro. Pese a ello, hoy vendrán a la delegación de la PGR personas de Olinalá que se dicen “víctimas de secuestro” de parte de Nestora Salgado. Vienen, pues, a echarle leña al fuego a un conflicto al cual ya se le veía salida con la resolución de un magistrado estudioso y atento a la jurisprudencia más avanzada en materia de derechos humanos.