No son válidos los acuerdos de la Casa de Justicia de Espino Blanco de la CRAC, dice el coordinador de Cochoapa

*Valentín Hernández, Pablo Guzmán e Ignacio Navarro “quieren radicalizar y desestabilizar al estado y que se genere un estallido social”, señala David Bracamontes

Alberto Rodríguez Guzmán

Marquelia

El coordinador de la Casa de Justicia de Cochoapa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), David Bracamontes Chona dijo que no son válidas las reuniones, los acuerdos ni las determinaciones de la Casa de Justicia de Espino Blanco.
Entrevistado en Marquelia dijo que sus actividades van en contra de la esencia de la CRAC y ponen en entredicho la justicia comunitaria.
Las determinaciones a las que se refiere fue que destituyeron a los coordinadores de San Luis Acatlán Eliseo Villar Castillo, Adelaida Hernández Nava y Tiburcio Lorenzo Regino.
“En lugar de obedecer la decisión de la asamblea regional, de manera ilegal anunciaron la destitución de tres coordinadores de la casa de justicia de San Luis Acatlán y nombraron a suplentes, todo esto lo hicieron bajo el consejo del ex asesor de la CRAC, Valentín Hernández Chapa, el ex coordinador Pablo Guzmán Hernández y del coordinador Ignacio Navarro Mosso, los verdaderos enemigos de la CRAC”, expresó.
Aseguró que, a quienes mencionó, han usado a la organización para sus propios fines políticos, y que fueron totalmente ilegales en el marco de la justicia comunitaria.
Aseguró que los coordinadores de Espino Blanco y San Luis Acatlán se han erigido como inquisidores al tomar decisiones que le compete investigar al pleno de los coordinadores de la CRAC, es decir a los 20 coordinadores.
Dijo que es necesario que la asamblea juzgue y emita un veredicto en el fraude a la CRAC, del que se acusa a Eliseo Villar, y recordó que en este caso se le está excluyendo junto a cuatro coordinadores de San Luis Acatlán porque son investigados y no pueden ser juez y parte.
“Los compañeros de Espino Blanco actuaron de manera ilegal sólo por complacer a un grupúsculo de delincuentes que tienen un plan bien definido de apoderarse de la CRAC y llevarla a la confrontación total con el gobierno, ahí están sus declaraciones en la prensa que van a formar un frente con la UPOEG, el Cecop, la CETEG y la Unisur, algo que nosotros en las otras casas de justicia no avalamos porque no se puede usar a nuestra organización para alimentar el odio social y cumplir caprichos políticos de unos cuantos que se hacen llamar luchadores sociales”, expresó Bracamontes Chona, aunque quien informó de ese frente fue el grupo que encabeza Cirino Plácido Valerio con los pueblos fundadores de la CRAC.
Aseguró que los opositores a Eliseo Villar “desde adentro la están destruyendo (a la CRAC) con ayuda de personas que se están dejando engañar”, en referencia a las autoridades de la Casa de Justicia de Espino Blanco, pero no dio nombres.
“Les están ofreciendo grandes cosas pero que al final cuando ya no sean de utilidad los van a desechar”, acusó el coordinador de Cochoapa.
Bracamontes Chona recordó que los coordinadores de San Luis Acatlán y de Espino Blanco ya no confiaban en Eliseo Villar ni en Adelaida Hernández, por eso los responsabilizan del fraude.
Aceptó que estuvo de acuerdo con la queja emitida a los coordinadores pero recordó que para eso se realizó la asamblea regional del 22 de marzo, para que se le diera curso a la investigación con la elección de una comisión de autoridades para la recepción de denuncias y después para nombrar en otra asamblea a los miembros de la comisión investigadora y al final se presentarían los resultados para tomar decisiones, como lo marca el reglamento interno.
“En cambio los coordinadores de Espino Blanco y San Luis Acatlán se hicieron a un lado y no quisieron formar parte del consejo y hasta se les prohibió dar declaraciones, lo mismo que a los consejeros, pero no acataron ni sus propias decisiones y puntos de acuerdo en la asamblea regional del 22 de marzo”, reprochó Bracamontes Chona.
Aseguró que el plan de Valentín Hernández, Pablo Guzmán e Ignacio Navarro “y de toda esa gente que está detrás de ellos al anunciar sus alianzas con grupos radicales, quieren radicalizar y desestabilizar al estado y que se genere un estallido social para que ganen los poderosos, sobre todo los extranjeros que quieren venir a explotar las minas”.
Aseguró que no tienen la intención de recuperar la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, pues el proceso de investigación está avalado por las casas de Espino Blanco, El Paraíso, Cochoapa y Zitlaltepec, que son mayoría, y están en espera de que se conforme la comisión investigadora.
Dijo que no quieren provocar un enfrentamiento, por lo que continuarán sus actividades en una casa alterna, pero no precisó el lugar.
Reparte un documento en el que se acusa a Pablo Guzmán de un desvío de 287 mil pesos de la CRAC

Según un documento firmado y sellado por 21 autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el ex coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Pablo Guzmán Hernández está demandado por un fraude de 287 mil pesos.
El documento salió de la asamblea regional del 18 de marzo del 2013 en Espino Blanco, donde se acordó que a cada Casa de Justicia se le repartiría el dinero que la organización recibe del gobierno del estado según el número de comunidades.
El documento, entregado a los reporteros por el coordinador de la Casa de Justicia de Cochoapa, Ometepec, David Bracamontes Chona, detalla que a la Casa de Justicia de Espino Blanco le correspondían esos 139 mil pesos, según el dinero que entregó el gobierno del estado a la organización en el 2013, que eran 500 mil pesos mensuales.
En el documento se lee que a partir de enero y febrero del 2013 la CRAC ya recibía un millón de pesos, y los nuevos coordinadores de San Luis Acatlán recibían 81 mil pesos y quedaron a deber 197 mil pesos, pero sumando los dos meses se incrementa a 287 mil pesos.
En esa asamblea micro regional se levantó el acta de denuncia, pero hasta el 9 de mayo del mismo año se extendió el documento.
Se acordó que este recurso faltante fuera recuperado íntegramente, ya que según fue desviado por Pablo Guzmán y en caso contrario se le castigaría conforme a usos y costumbres y de acuerdo a los tiempos y formas que determine la asamblea regional.
El documento lo dio a conocer el coordinador de Cochoapa justo ahora que hay una fractura en la CRAC. De por qué ahora lo hizo público respondió que fue comisionado para darle seguimiento al caso el coordinador Nicasio Agustín Castro, de la Casa de Justicia de Espino Blanco, pero no le dio seguimiento, por lo que lo acusó de que nunca dio avances y archivó el caso.
Firman la denuncia Sulpicio Jesús Solano Cantú, Nicasio Castro Oropeza, Camerino Mendoza Galindo, Amador Cesario Rosales, Valentín Santos de Aquino, Juan Ramírez Encarnación, Aragón Hernández Carrasco y Álvaro Santiago Cano coordinadores regionales, comandantes regionales y comisarios municipales de la Casa de Justicia de Espino Blanco, quienes presentaron una demanda contra el ex coordinador de la CRAC, Pablo Guzmán Hernández, por el delito de fraude y desvío de recursos por 287 mil pesos.