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Aprueba el Congreso local el nombramiento de dos magistrados del TSJ propuestos por el Ejecutivo

*Esteban Pedro López Flores y Guillermo Sánchez Birrueta, los nuevos magistrados numerario y supernumerario del Poder Judicial. El segundo ha sido cuestionado por los jueces que participan en el paro de labores en curso. La perredista Abelina López y el priista Héctor Apreza abordan en tribuna el conflicto y llaman al diálogo

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno del Congreso local aprobó por mayoría de votos la ratificación de los nombramientos de Esteban Pedro López Flores y Guillermo Sánchez Birrueta como magistrados numerario y supernumerario del Poder Judicial, respectivamente.
Los diputados aprobaron los nombramientos que el gobernador envió al Poder Legislativo, pero antes el Congreso publicó en diarios de circulación estatal el nombramiento que realizó el gobernador Ángel Aguirre Rivero, para que durante cinco días se aportaran “elementos de juicio”, pero no se presentó ninguna.
La Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación que preside Ángel Aguirre Herrera, que es la que dictaminó a favor la propuesta del gobernador, fundamentó que ambos magistrados gozan de buena reputación porque el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no envió al Congreso ninguna queja.
La votación fue por cédula; por la ratificación del nombramiento que hizo el gobernador de Esteban Pedro López hubo 30 votos a favor y tres en contra, y en el caso de Guillermo Sánchez se aprobó con 32 votos a favor y tres en contra. El nombramiento de éste último fue cuestionado en un desplegado público por la  Asociación de Jueces de Primera Instancia del Estado de Guerrero, pues señalan que viene del Poder Judicial de la Federación y critican que el gobernador no respete la carrera judicial.
La presidenta de la Mesa Directiva, Verónica Muñoz Parra, tomó protesta a los nuevos magistrados del Poder Judicial.
La diputada perredista Abelina López Rodríguez y el priista Héctor Apreza Patrón intervinieron en la tribuna en relación con el paro laboral de los trabajadores del Poder Judicial.
Abelina López aclaró que no se pretendía politizar el tema, pero reprochó que no se haya resuelto el conflicto a pesar de que se está afectando a la población y la libertad de los ciudadanos, pues hay asuntos de impartición de justicia importantes para muchos ciudadanos que están detenidos porque los trabajadores están en paro “por justa razón”.
El paro es a consecuencia de la falta de respuesta de la presidenta del TSJ, Lambertina Galeana Marín, dijo la perredista, y llamó a los diputados a dejar de ignorar el problema del Poder Judicial.
Adelantó que si se continúa el paro, “se pueden presentar escenarios conflictuales que agrava en algunos casos la libertad de los procesados que han sido absueltos”.
Y exhortó a los magistrados y al Consejo de la Judicatura “para que se reflexione con las partes en conflicto y en la medida de las posibilidades económicas y financieras se resuelvan las demandas laborales que plantean los trabajadores”.
Pero también llamaron al gobernador Ángel Aguirre Rivero para que “coadyuve con los elementos, mecanismos y procedimientos a su alcance a contribuir a la solución de la problemática”.
El priista Héctor Apreza también llamó a los diputados a intervenir en el tema, y pidió al Poder Judicial al diálogo entre los magistrados y trabajadores.
Además de las demandas de los trabajadores, insistió en que se está afectando los derechos humanos esenciales de los trabajadores.
Recordó que para el ejercicio fiscal 2014 se aprobó un presupuesto de alrededor de 571 millones de pesos para el Poder Judicial, mientras que en el 2013 fue de 551 millones, por lo que el incremento fue de 20 millones de pesos, y consideró que es necesario el “sano ejercicio de los recursos”.
Aclaró que el Congreso no administra los recursos, por lo que los magistrados no pueden culpar al Poder Legislativo por la falta de dinero.
Por otra parte, el diputado perredista Nicanor Adame Serrano propuso una iniciativa de ley de ganadería que tendrá como objetivo la?planeación y fomento para el desarrollo sustentable de las actividades pecuarias, preservando los recursos naturales y para la organización para la producción e industrialización de los productos y subproductos.
Plantea “el establecimiento de acciones de sanidad animal” y crear un padrón “confiable” de productores y comercializadores de ganado, que permita la planeación y la orientación de estrategias y programas de fomento?pecuario.
En la propuesta de ley propone “apoyar” a los productores y sus organizaciones, mediante la promoción y financiamiento de programas, proyectos y acciones estratégicas.
Además del control?de productos químicos, biológicos, aditivos y farmacéuticos para uso animal y su consumo.
El diputado Ángel Aguirre Herrera presentó un decreto por el que se adiciona una quinta fracción al artículo 15 de la ley de protección a los animales, para que se establezca como causal de crueldad el que se utilicen animales para arrastrar instrumentos de transporte.
Puso el ejemplo de las “calandrias” en Acapulco, lo que afirmó causa daño a los animales, aunque el 28 de diciembre en representación de su papá, el gobernador Ángel Aguirre Rivero, el secretario de Desarrollo Rural, Humberto Zapata Añorve, entregó 32 caballos a las dos organizaciones de “calandrieros” de Acapulco.

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