Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Tres años: ¿qué pasó con el helicóptero?

En enero de 2013 el gobernador Ángel Aguirre Rivero informó que había sido puesto a la venta el helicóptero adquirido por la Secretaría de Salud en el sexenio de su antecesor para el traslado de enfermos, pero que Zeferino Torreblanca Galindo usó como taxi personal. Según dijo Aguirre, su gobierno compraría otro helicóptero más adecuado para servir como ambulancia aérea, pero un año después se ignora si el helicóptero fue vendido o no y si fue comprado el otro, y entre tanto en qué ha sido empleado el primero.
Como se recordará, con ese helicóptero se atragantó Zeferino Torreblanca cuando, hacia el final de su gobierno, se hizo público que fue comprado con dinero del Seguro Popular y para ser usado como ambulancia aérea, pero que nunca fue destinado a ese fin sino para los viajes del gobernador y para prestarlo a sus amigos. Al tomar posesión como gobernador en abril de 2011, Aguirre se montó sobre ese escándalo y prometió que nunca más se repetiría semejante disparate. Ofreció aquel 1 de abril: “He instruido que el famoso helicóptero?que tanto debate y polémica ha generado, estará dedicado única y exclusivamente a atender casos de emergencia en los servicios de salud. Ni para uso del gobernador ni de sus colaboradores. Estará única y exclusivamente para estos propósitos”. Fue el compromiso que más le aplaudieron.
Un año más tarde, en marzo de 2012, el helicóptero volvió a ser noticia pero no porque ya hubiera trasladado a un enfermo como prometió Aguirre Rivero en su toma de posesión, sino porque fue usado en la grabación de un video que la actriz Jennifer López filmó en Acapulco. Fue un poquito peor, porque también salió a flote que era utilizado para transportar a funcionarios y amigos del gobernador, y que en él habían viajado el secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva; el entonces diputado local Evodio Velázquez Aguirre; el senador Sofío Ramírez Hernández, cuando era secretario de Desarrollo Social; el ex subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos, Víctor Aguirre Alcaide, y la secretaria de Educación, Silvia Romero. En enero de 2013 se sabría que además de ese helicóptero, funcionarios, amigos y familiares de Aguirre usaban otros de la flotilla del gobierno, y que entre los usuarios estaban su hermano, Mateo Aguirre; el empresario?Alejandro Puente Córdoba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), influyente amigo de Aguirre Rivero y hermano de la representante del gobierno del estado en la ciudad de México, y el diputado y ex senador del PRD Silvano Aureoles. En esa lista también aparecía Lázaro Mazón Alonso, el titular de la Secretaria de Salud.
Hace un año, al cumplirse dos años del gobierno de Aguirre, escribimos aquí sobre el helicóptero: “En conclusión, la solemne y aplaudida promesa del gobernador Ángel Aguirre fue miserablemente incumplida, y una sensación de fraude se esparció en la opinión pública cuando se confirmó que no sólo no había cumplido ese compromiso, sino que durante casi dos años había hecho exactamente lo mismo que Torreblanca”. Pues bien, un año más tarde y al cumplirse tres años de la gestión de Aguirre Rivero, el destino y uso del helicóptero marca Agusta, que costó 36 millones de pesos de nuestros impuestos, continúa en una oscuridad absoluta. Se desconoce si ya fue vendido, como dijo el gobernador que ocurriría, o si aún es usado como limusina por funcionarios, amigos y familiares de Aguirre. Lo único cierto es que no ha transportado a ningún enfermo, como con indignación prometió el gobernador en su mensaje de toma de posesión del cargo en abril de 2011.
Parecerá excesivo reducir la obra de tres años del gobierno de Aguirre Rivero a las desventuras del helicóptero que iba a ser ambulancia, pero es que el caso condensa el estilo mendaz que ha reproducido en todo su gobierno. Si se examina cualquier otro tema de trascendencia para Guerrero –violencia e inseguridad, pobreza, movimientos sociales, justicia y policías comunitarias–, se encontrará esa misma actitud chapucera que define la personalidad del gobernador. Según el discurso oficial, la violencia y los homicidios van en franca reducción, pero lo cierto es que frente a las actuales estadísticas de más de dos mil ejecuciones, hasta los mil 500 muertos que hubo en el 2010 –en el gobierno de Zeferino Torreblanca, cuando creíamos que las cosas tocaban fondo– parecen ahora un mundo deseable. El encarcelamiento arbitrario e injustificado de líderes sociales y coordinadores comunitarios pone de manifiesto que al gobierno de Guerrero lo mueve la misma ideología represiva que solía poner en práctica el gobierno de Rubén Figueroa (y para el caso, cualquiera de los dos), pero se supone que el que encabeza Aguirre es un gobierno de izquierda y bajo esa premisa el PRD se dispone a entrar en el proceso electoral de 2015.
Sin embargo, es dudoso hallar en el gobierno de Aguirre Rivero un solo elemento que en verdad lo distinga de los gobiernos priístas. Se comprometió a esclarecer y castigar el asesinato de Armando Chavarría, pero no ha hecho nada. Ofreció restablecer la tranquilidad social, destruida por la inseguridad y la violencia, y no ha podido. Denunció gigantescos desvíos de recursos cometidos en el gobierno de Zeferino Torreblanca, pero no ha levantado cargos contra él y sólo se atrevió a enviarle un citatorio y sentarlo frente a la Contraloría del estado cuando el ex gobernador anunció la creación de un partido político propio y su objetivo de contender por la alcaldía de Acapulco, lo que representa un estorbo para las aspiraciones del hijo del gobernador.
Así han transcurrido tres años. Por eso la pregunta: ¿qué pasó con el helicóptero?

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