Ante Codehum ratifican denuncia por la irrupción de ministeriales y militares en La Concepción

En una visita a la comunidad, representantes del organismo informaron que ya se pidió al gobierno estatal medidas cautelares para el vocero del Cecop y de otras personas que resultaron agraviadas. Es gravísimo lo que hicieron los policías y militares porque no era una detención, sino más bien levantón, señala Marco Antonio Suástegui

Aurora Harrison

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) acudió al poblado La Concepción a tomar la ratificación de la denuncia del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, y de otras personas por la irrupción de policías ministeriales, soldados y marinos el pasado 27 de febrero, allí se les informó que ya pidieron al gobierno del estado las medidas cautelares para los agraviados.
Suástegui Muñoz pidió a la Codehum responsabilidad y seriedad en este caso “porque para nosotros no es grave, es gravísimo lo que hicieron los policías y militares porque no era una detención, sino más bien levantón, y es por eso el llamado de auxilio, que no permitan que nos arrebatan la vida a ninguno del Cecop”.
Al mediodía, el encargado de la investigación de la Codehum, Jesús Memije Martínez, acompañado de una secretaria tomó la declaración de Suástegui Muñoz y de otras personas por lo ocurrido el pasado 27 de febrero, y afirmó que “la comisión ya tomó medidas cautelares para Marco Antonio Suástegui Muñoz y otras personas, ya que en la denuncia hubo gene detenida y privada de su libertad, además de algunas manoseadas”.
Minutos antes de que llegara el representante del organismo, los policías comunitarios le marcaron un alto al taxi que conducía Domingo Bailón Dorantes, a quien responsabilizaron por llevar a los policías en esa ocasión, y le aventaron huevos y lo bañaron con vísceras de pescado.
Memije Martínez aclaró que las medidas cautelares son para “unas cuantas personas que tienen relación con la entrada de policías ministeriales, ya están solicitadas y tiene conocimiento el secretario general de Gobierno; nosotros hacemos nuestra función y ya depende de ellos, por eso estamos aquí para tomarles la declaración”.
Explicó que la Codehum hizo un desglose a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) porque en la denuncia también señalan que participaron el Ejército y la Marina, e indicó que ellos sólo actúan con la Policía Ministerial del estado y la Preventiva, a quienes solicitaron los informes.
“Nosotros tenemos que desahogar las demás pruebas para demostrar que fueron violentadas las garantías de algunas personas, no de todos, porque la queja habla de ciertas personas que se metieron a sus casas y nosotros velamos por el interés jurídico de las personas y por la libertad y la vida”, dijo.
Por su partre, Suástegui Muñoz pidió una “investigación seria porque todos esos elementos los vamos a presentar como prueba de que el gobierno nos anda persiguiendo y nos andan fincando delitos, está preparando el camino para después asesinarme y después decir ante la opinión pública que era un delincuente, un secuestrador, terrorista, homicida”.
“Acudimos ante esta instancia porque la situación es grave, no es un juego, entonces compañeros, la denuncia fue interpuesta y firmaron todas las comunidades y hoy la ratificaremos, hoy pedimos a la Codehum una investigación seria profunda y que se finquen responsabilidades y se tomen las medidas cautelares necesarias para que preservemos la vida, la comunidad y la tierra”, puntualizó.
El vocero recordó que el pasado 27 de febrero, cuando cumplían un mes en plantón contra las gravilleras, policías ministeriales, Ejército y Marina de “manera dolosa” allanaron varias viviendas, entre ellas donde ayer se reunieron para ratificar la denuncia, “entraron con lujo de violencia, golpearon, y manosearon a mujeres”.
“Se metieron a las casas sin ningún permiso ni una orden, buscando a Marco Antonio Suástegui a las 3 de la mañana, no era una detención, sino más bien un levantón algo que sucede gravemente en Guerrero con todos los luchadores sociales, no somos ajenos a los últimos acontecimientos que han pasado”, argumentó.
Mencionó algunos casos de luchadores sociales que han sido asesinados como Eva Alarcón y Marcial Bautista; el asesinato de Arturo Hernández Cardona; el de Raymundo Velásquez, dirigente de Larsez; el de la dirigente de la OCSS, Rocío Mesino y “tal parece que en Guerrero hay una lista y el que seguía era el vocero del Cecop”.
Urgió a la comisión seriedad en la investigación, porque si no se hace así pensarán que hay complicidad con las autoridades y que el organismo no quiere defenderlos: “sabemos de los alcances y limitantes, pero el derecho a la vida es fundamental, prioritario y está dentro de la Constitución, nadie puede privar de la vida a otra persona nada más porque le cae mal o recibe una orden porque le pagan”.
“Este es un llamado de auxilio de que no permitan que nos arrebatan la vida, a ninguno del Cecop, sea Marco Antonio Suástegui, compañeros de El Cantón, Huamuchitos, Espinalillo o Cacahuatepec, el gobierno no tiene derecho a mandarnos a quitar la vida, tampoco los gravilleros. Hace unos momentos dieron cuenta de que están incitando a los gravilleros, que han ofrecido 3 millones de pesos por mi cabeza”, señaló.
Denunció que el gobierno tiene responsabilidad porque pretende construir la presa La Parota y no van a permitirlo, y ratificó el compromiso que se hizo el 28 de junio de 2003, “la tierra no se vende”.
“Fueron los ministeriales los que entraron, tumbaron la puerta y se llevaron a Pablo, y al ver que se equivocaron lo bajaron a patadas y se dirigieron a otro compañero que tiene mi estatura y mi físico y le dijeron éste es Marco Antonio y se lo llevaron, gracias a Dios también se equivocaron porque de haberme encontrado, compañeros, hoy Marco Antonio hubiera sido historia, parte de las estadísticas, un muerto más en Guerrero”, concluyó.