Pretende el gobierno institucionalizar la lucha social con la Policía Rural, advierten académicos de la UAG

Los docentes anuncian el primer foro internacional Legalidad y legitimidad del sistema comunitario de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe, que se realizará el 7, 8 y 9 de abril en la unidad académica de Filosofía y Letras

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Docentes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) señalaron que con la implementación de la Policía Rural, el gobierno pretende institucionalizar la lucha de los pueblos y, en ese sentido, es importante recuperar la organización de las comunidades que se unieron ante a la crisis del Estado, la decadencia y desconfianza que se tiene en las instituciones públicas.
En una conferencia para anunciar el primer foro internacional Legalidad y legitimidad del sistema comunitario de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe, que se realizará el 7, 8 y 9 de abril en la unidad académica de Filosofía y Letras, los maestros Medardo Reyes Salinas e Ignacio Eulogio Claudio, coincidieron en que hay una crisis del Estado que, entre sus principales funciones, debe garantizar seguridad a la población.
Pero ante su incapacidad, la gente se organizó en policías comunitarias y como autodefensas, ante la violencia generalizada y para hacer frente a la crisis económica y política.
Sin embargo, durante estos movimientos también mete “cizaña” para reducirlos; y en ese sentido confirmaron que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) está en crisis por la estrategia del gobierno del cooptar y dividir a los pueblos, pero confiaron en la capacidad de sus integrantes para salir adelante.
Sobre la legalidad de la CRAC, Medardo Salinas recordó que México ha firmado convenios relativos a derechos humanos, uno de ellos el 169 de la OIT, donde se reconocen el derecho a la lengua, a su organización social de los pueblos originarios, y por lo tanto la Policía Comunitaria está en el marco de la ley.
Indicó que ellos tienen su propia organización, con normas distintas al derecho positivo del Estado, y cuando alguien comete una falta, no se hablan de delito sino de fallas y por lo tanto se le tienen que reeducar.
Esta discusión se ampliaría en el foro con académicos especialistas como Magdalena Gómez Rivera, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), del DF; Cintya Raquel Rudas Murga, de Perú; Camino Valcahi, UAG; Enrique Gonzalez Ruiz, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y María Teresa Sierra, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS).
Además del fundador de la CRAC de San Luis Acatlán, Cirino Plácido Valerio, pero se aclaró que se invitaron a todas las expresiones, para aportar posibles soluciones a los conflictos internos que atraviesa actualmente la institución comunitaria, que tienen 18 años de operación.
Medardo Reyes señaló que ante la crisis del Estado, los pueblos toman la iniciativa de organizarse, pero no sólo en seguridad, porque la CRAC es un proyecto integrador, donde ve el aspecto educativo, salud, infraestructura y otros elementos, “hablar sólo de seguridad es sesgar a la institución a un aspectos, desgraciadamente por esa crisis,  lo que sale a la luz es la seguridad”.
Aunque las entidades de gobierno dicen que están dispuestos a resolver la seguridad, “mete cizaña a la organización comunitaria, con toda esa estrategia del Estado (que se ha observado en Guerrero), desconociendo a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), hostigando a la Policía Comunitaria de Tixtla y de Olinalá, criminalizando, encarcelando, agrediendo y por el otro lado”.
Para incorporar a los movimientos que pusieron en tela de juicio su capacidad, propuso la Policía Rural, que no fue aceptada por los pueblos, porque no los tomó en cuenta, y se desnaturalizó el proyecto original de las comunidades.
Eulogio Claudio señaló que en artículo 14 de la nueva Constitución del estado hay cierto reconocimiento a los pueblos originarios, pero no se les establece autonomía para elegir por usos y costumbres a sus autoridades (una exigencia de los pueblos originarios, porque ya no creen en la democracia que les imponen), ni para organizarse ante tantas situaciones de violencia, de crímenes, extorsiones, sobre todo de desigualdad económica, política y social, que no está atendiendo el gobierno.
“En ese sentido los pueblos quieren alzar la voz y hacer frente a este tipo de crisis social y moral; la gente se organiza como policías comunitarias y autodefensas ante la violencia generalizada, además de la crisis económica y política”.
Sin embargo, a partir de la creación de una Policía Rural por parte del gobierno, comenzó un proceso de cooptación a las autoridades comunitarias, que está gestionando el propio Estado y el Congreso local, para institucionalizar la lucha social, dividir a los pueblos; y en ese sentido, es importante recuperar lo que hacen las comunidades, porque cuando entra el dinero descompone todo, y eso le conviene al Estado.
Consideró que los pueblos tienen que asumir que no pueden dividirse, ni actuar contra ellos mismos, y no han comprendido que hace falta organización y conciencia histórica en las comunidades, para evitar la dominación del Estado que los merma y los destruye. “Creo que es importante que se les apoye con un subsidio, pero que el dinero no corrompa”.
Reyes Salinas destacó el avance en la organización de los pueblos, “porque antes creíamos que todas las soluciones de nuestra región iban a venir de Chilpancingo, ahora la gente se reúne, discute y se plantea soluciones, luego de décadas de políticas asistencialistas”.
De la actuación del coordinador regional de la CRAC en San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, que en medio de esta confrontación se llevó documentos, materiales y gente en proceso de reeducación, indicó que ya fue relevado de su mandado, como resultado de muchas asambleas y eso es saludable para la organización.